Por revistaeyn.com
El Gobierno de Nicaragua envió a la Asamblea Nacional la “Iniciativa de Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería; y de adición a la Ley 641, Código Penal de Nicaragua”, con la que intenta legalizar las negativas de ingreso al país, destierros y desnacionalizaciones, que ha venido ordenando contra los nicaragüenses.
Una de las primera modificaciones a la Ley 761, planteadas en la iniciativa incluye que en el artículo 1 de esa legislación se establecerá que es “decisión soberana del Estado de Nicaragua, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, autorizar o denegar el ingreso, revocar permanencia, cancelar la residencia o la nacionalidad nicaragüense adquirida”.
También, agrega entre las atribuciones y funciones del Ministerio del Interior en el ámbito migratorio “refrendar el otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida, las solicitudes de extensión por vínculo de consanguinidad y la ratificó al cumplir la mayoría de edad”.
En el artículo 10 sobre funciones de la Dirección General de Migración y Extranjería además se incluyó, en el inciso 12, “denegar el ingreso al país de personas que pueden menoscabar la soberanía nacional o representar un riesgo social”. Es decir, de cualquier nicaragüense que a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo les parezca que son opositores, disidentes o críticos de su régimen.
Migración también tendrá como función “conocer y resolver el otorgamiento , pérdida y recuperación de la nacionalidad nicaragüense adquirida, las solicitudes de extensión por vínculo de consanguinidad y la ratificación al cumplir la mayoría de edad, debiendo remitirlo a la Dirección Superior del Ministerio del Interior para su refrenda”.
Adicional a eso podrá “citar a ciudadanos o ciudadanas nacionales o de otras nacionalidades para dirimir conflictos de carácter migratorio” y podrá obligarlos a comparecer “bajo apercibimiento de Ley”, es decir, ordenando incluso su detención.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Migración y Extranjería y de adición al Código Penal de Nicaragua fue enviada a la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, presidida por diputado sandinista Filiberto Rodriguez.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional refirió que esta tienen que ser aprobadas en un plazo de 48 horas.
Con información de La Prensa
