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Panamá, bajo conmoción por atentado contra periodista que investigaba contratos del Estado

Un ataque con explosivos contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, encendió las alarmas en Panamá. El periodista investigaba vínculos entre empresarios, exfuncionarios y contratos millonarios de la estatal eléctrica Etesa. El presidente José Raúl Mulino exigió esclarecer los hechos, mientras 33 medios internacionales difundieron la investigación.

2026-11-16

Por: Revistaeyn.com

Panamá enfrenta un episodio de violencia contra la prensa que ha generado un amplio rechazo nacional e internacional. La madrugada del sábado 14 de noviembre, un desconocido lanzó un artefacto explosivo contra la residencia de Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa y reconocido periodista de investigación, provocando un incendio y daños materiales en la vivienda.

El ataque ocurrió cuando Rodríguez trabajaba en una investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas, vinculaciones empresariales y antiguos protagonistas de casos de corrupción en Panamá.

Aunque todavía no se ha establecido judicialmente una relación entre ese trabajo periodístico y el atentado, la coincidencia temporal ha despertado preocupación por la seguridad de quienes investigan el manejo de recursos públicos.

El presidente José Raúl Mulino condenó el ataque y aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan conjuntamente para identificar a los responsables. La Fiscalía inició una investigación, inicialmente bajo la posible figura de incendio provocado, sin descartar la incorporación de otros delitos conforme avance la recopilación de pruebas.

Un ataque con explosivos en plena madrugada

El atentado se produjo aproximadamente a las 2:30 de la madrugada en Brisas del Golf, una zona residencial de la capital panameña.

Según la reconstrucción difundida por La Prensa, un individuo llegó en un taxi, descendió del vehículo y lanzó un objeto contra la propiedad. La explosión provocó un incendio que alcanzó dos automóviles estacionados en el garaje.

Rodríguez se encontraba fuera de Ciudad de Panamá, mientras que su esposa, Nadia, estaba en la vivienda y logró salir ilesa. No se reportaron víctimas mortales ni personas heridas.

El periodista advirtió que lo ocurrido trasciende su situación personal y altera las condiciones en las que se desarrolla el periodismo de investigación en el país. Las autoridades comenzaron a analizar las evidencias del lugar y las circunstancias del ataque para determinar quién lo ejecutó y cuál fue su motivación.

Mulino: Panamá no acepta estos actos bajo ninguna circunstancia

El presidente José Raúl Mulino reaccionó públicamente el mismo sábado y expresó su solidaridad con Rodríguez y su familia.

"Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa", manifestó el mandatario en un mensaje difundido a través de la red social X.

Mulino indicó que la Policía Nacional y el Ministerio Público desarrollan una investigación que calificó como objetiva y eficiente, destinada a reunir los elementos probatorios necesarios para llevar a los responsables ante la justicia. "Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia", afirmó. El jefe del Ejecutivo también se comunicó con Jorge Molina, director de La Prensa, para transmitirle personalmente su solidaridad.

La condena presidencial resulta particularmente relevante por la naturaleza del atentado y por el papel de Panamá como centro regional de servicios financieros, comercio, logística e inversiones.

Para un mercado cuya competitividad depende, entre otros factores, de la confianza institucional, la protección de las libertades civiles y la aplicación de la ley constituyen componentes centrales de su entorno de negocios.

Qué investigaba Rolando Rodríguez

El atentado ocurrió mientras el periodista preparaba un reportaje titulado "Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos", publicado este lunes 16 de noviembre.

La investigación reconstruye una compleja red de relaciones entre empresarios, abogados, antiguos funcionarios y sociedades comerciales que han participado en contrataciones estatales durante diferentes administraciones.

El eje del trabajo es Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco), una compañía vinculada a importantes proyectos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), entidad pública encargada de infraestructura estratégica del sistema eléctrico panameño.

El reportaje identifica conexiones entre esa empresa y Roberto Carretero Napolitano, empresario investigado anteriormente en procesos relacionados con el caso Odebrecht y con contrataciones del antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), durante la administración de Ricardo Martinelli.

Rodríguez documenta que, en declaraciones efectuadas ante fiscales en 2020, Carretero reconoció como propias varias sociedades, entre ellas Iverco. Sin embargo, según documentos posteriores examinados por el periodista, en 2022 José del Carmen Ureña González declaró ante Etesa ser el beneficiario final del 100% de las acciones de esa misma compañía.

Esta contradicción constituye uno de los principales hallazgos de la investigación: la necesidad de esclarecer la evolución de la propiedad y el control efectivo de una empresa beneficiaria de contratos estatales de considerable valor.

El trabajo también examina las relaciones entre Iverco, su socia venezolana Neminca y exfuncionarios vinculados con la asesoría jurídica de Etesa, además de las modificaciones contractuales aprobadas por las autoridades correspondientes.

La investigación de Rodríguez conecta acontecimientos ocurridos durante distintas administraciones panameñas.

Uno de sus antecedentes es el caso Odebrecht, la trama internacional de sobornos y lavado de activos que involucró a funcionarios, intermediarios y empresarios en numerosos países latinoamericanos.

Roberto Carretero y su hermano Ramón fueron investigados por su relación con Jiu Shun International, una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas que recibió fondos procedentes de compañías vinculadas con el sistema de pagos ilegales de Odebrecht.

Roberto Carretero negó haber cometido lavado de activos y posteriormente obtuvo un sobreseimiento provisional solicitado por la Fiscalía. En otro procedimiento relacionado con la compra de instrumentos musicales para escuelas públicas a través del PAN, el empresario fue sobreseído por los tribunales.

La importancia de estos antecedentes radica en que algunas de las sociedades examinadas en aquellos expedientes reaparecen en las contrataciones públicas investigadas por Rodríguez.

El trabajo también identifica vínculos con el abogado Ewaldo Pitti, quien ocupó la dirección de Asesoría Legal de Etesa entre julio de 2024 y julio de 2025, y anteriormente mantuvo relaciones profesionales con abogados relacionados con las sociedades mencionadas.

Pitti rechazó que esas relaciones pasadas permitan atribuirle influencia sobre las adjudicaciones. También explicó que determinadas modificaciones contractuales requieren la intervención de otras instancias, entre ellas el Consejo Económico Nacional y la Contraloría General de la República.

El reportaje señala, además, que Etesa trasladó su sede a un inmueble perteneciente a una sociedad que estuvo presidida por Vicente Carretero, hermano de Roberto, hasta diciembre de 2025.

Carretero rechaza cualquier vinculación con el atentado

Tras conocerse el ataque, Roberto Carretero Napolitano rechazó de manera expresa cualquier relación con lo sucedido.

A través de su abogada Marcela Araúz, el empresario aseguró que no participó ni tenía conocimiento previo del atentado contra la residencia de Rodríguez.

La defensa calificó de infundados los señalamientos o insinuaciones que pudieran asociarlo con el ataque. Araúz explicó que el 13 de noviembre, un día antes del atentado, había remitido a La Prensa una respuesta al cuestionario enviado por el medio sobre la investigación que preparaba Rodríguez.

Fuente video: TELEMETRO REPORTA

Según la abogada, esa comunicación fue una actuación legal destinada a proteger los derechos de su representado, quien invocó la presunción de inocencia y las garantías constitucionales relativas a su honra y reputación.

La defensa insistió en que cualquier diferencia con el medio se ha canalizado por las vías institucionales y legales.

Lejos de quedar suspendida, la investigación periodística adquirió una difusión internacional extraordinaria.

Este lunes 16 de noviembre, 33 medios de comunicación de 15 países acordaron publicar o reproducir el reportaje preparado por Rodríguez, en una iniciativa de solidaridad con el periodista, su familia y el diario La Prensa.

Una prueba institucional para Panamá

El atentado ocurre en un país que ha consolidado una importante posición como plataforma regional de negocios y servicios internacionales.

Para el sector empresarial, el episodio concentra dos asuntos de especial relevancia.

El primero es la seguridad de quienes investigan y publican información sobre contratos públicos, relaciones entre empresas y funcionarios, y posibles conflictos de interés. La divulgación de esa información forma parte de los mecanismos de transparencia que permiten evaluar el funcionamiento de las instituciones.

El segundo es la necesidad de preservar la confianza en los procesos de contratación pública. Las revelaciones sobre estructuras societarias, beneficiarios finales y modificaciones contractuales plantean interrogantes que requieren respuestas documentadas de las empresas y autoridades involucradas.

En ese contexto, la reacción del Gobierno y los avances de la Fiscalía serán observados tanto desde la perspectiva de la seguridad ciudadana como desde la protección de la institucionalidad.

Con información de La Prensa, El País, El CLIP, Revista Factum, Panamá América y TVN Noticias.

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