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Guatemala declara estado de sitio y lanza una ofensiva contra el narcotráfico

El presidente Bernardo Arévalo ordenó una intervención extraordinaria en Zacapa e Izabal, tras una escalada de ataques armados y asesinatos. Durante 30 días, el Ejército y la Policía Nacional Civil operarán de manera coordinada para recuperar el control territorial y desarticular estructuras criminales. La decisión también abre un desafío para las garantías constitucionales

2026-11-16

Por: Revistaeyn.com

El Gobierno de Guatemala ha decidido elevar su ofensiva contra el crimen organizado. El presidente Bernardo Arévalo declaró el estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal, en el oriente y nororiente del país, después de una escalada de violencia que las autoridades atribuyen a organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico y redes transnacionales.

La medida, establecida mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, fue adoptada el 14 de noviembre, publicada oficialmente el domingo 15 y tendrá una vigencia inicial de 30 días. Durante ese período, las fuerzas de seguridad dispondrán de atribuciones extraordinarias para realizar operaciones destinadas a restablecer el orden público y recuperar el control de territorios donde operan estructuras delictivas.

En un mensaje a la nación transmitido el domingo, Arévalo defendió la decisión y advirtió que su administración no cederá ante las organizaciones que, según denunció, utilizan la violencia para desafiar la autoridad estatal.

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"Estas estructuras criminales quieren que nos rindamos. Pero quiero decirles algo con absoluta claridad: no lo han logrado y no lo lograrán", aseguró el mandatario, acompañado por los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y Defensa, Henry Sáenz.

El presidente sostuvo que la seguridad de los guatemaltecos no es negociable y vinculó la ofensiva con los esfuerzos de su administración por recuperar las capacidades institucionales del Estado.

Escalada de violencia que encendió las alarmas

La declaración del estado de sitio llega después de una sucesión de episodios violentos que han puesto en evidencia la capacidad operativa de organizaciones criminales en ambos departamentos.

El 27 de septiembre una serie de ataques armados en Huité, Zacapa, dejó ocho personas muertas. Posteriormente, el 6 de noviembre, el diputado Julio César Portillo Paz fue asesinado en una emboscada en Río Hondo, Zacapa, junto con tres agentes de la Policía Nacional Civil que integraban su esquema de seguridad.

La violencia volvió a golpear el 13 de noviembre. Cinco personas, entre ellas una madre y dos de sus hijos, fueron asesinadas en el caserío El Tocino, en Zacapa. Ese mismo día, un ataque armado frente al parque Reina Barrios, en Puerto Barrios, Izabal, provocó la muerte de otros dos hombres.

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Estos hechos configuraron un escenario de creciente presión sobre las autoridades. El asesinato de un diputado y de agentes policiales, en particular, elevó la dimensión institucional de la crisis.

El Decreto Gubernativo 8-2026 sostiene que informes de las autoridades de seguridad identificaron actividades relacionadas con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales que estarían detrás de ataques, amenazas e intimidaciones contra civiles y funcionarios.

El Ejecutivo considera que estas acciones comprometen la seguridad de las comunidades, el patrimonio de sus habitantes y la continuidad de servicios públicos esenciales.

Ofensiva para recuperar el territorio

La intervención extraordinaria establece un esquema de coordinación entre el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil, bajo la conducción del presidente en su condición de comandante general del Ejército, por medio del Ministerio de la Defensa Nacional.

Arévalo identificó tres prioridades para la operación: proteger a la población y los servicios esenciales, fortalecer el control territorial del Estado y desarticular las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

El mandatario sostiene que estas estructuras lograron consolidar su presencia aprovechando décadas de debilitamiento institucional y espacios de impunidad.

En ese contexto, el Gobierno busca demostrar capacidad para intervenir en zonas donde, según su diagnóstico, las organizaciones criminales han utilizado la intimidación y los ataques armados como instrumentos de control.

El alcance de la decisión supone un desafío considerable. La recuperación territorial requiere operaciones de seguridad efectivas, pero también presencia institucional sostenida y capacidad de investigación criminal para impedir que las organizaciones reconstruyan sus redes una vez concluido el régimen excepcional.

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La decisión presidencial también abre un frente institucional. De acuerdo con el artículo 8 del decreto, el Congreso de la República debe conocer la disposición dentro de un plazo de tres días para ratificarla, modificarla o improbarla. El Ejecutivo deberá presentar posteriormente un informe sobre los hechos ocurridos y las medidas adoptadas durante la intervención.

¿Qué permite el estado de sitio en Guatemala?

La disposición establece restricciones temporales a determinadas garantías constitucionales y concede facultades extraordinarias a las autoridades responsables de las operaciones.

Entre las medidas previstas en el decreto figuran limitaciones a reuniones y manifestaciones públicas, controles a la circulación y estacionamiento de vehículos, y detenciones o confinamientos sin orden judicial contra personas sospechosas de participar en hechos relacionados con la emergencia.

También se permiten allanamientos sin autorización judicial previa en circunstancias específicas previstas por la normativa, entre ellas la existencia de indicios sobre personas buscadas por las autoridades o sobre armas y objetos vinculados con los delitos investigados.

El decreto aclara que las restricciones deben aplicarse bajo criterios de necesidad y proporcionalidad. También establece que determinadas actividades culturales, religiosas y deportivas podrán continuar normalmente.

Arévalo aseguró que las operaciones estarán dirigidas exclusivamente contra estructuras criminales y que no se pretende perseguir a ciudadanos que desarrollan actividades legítimas.

"La firmeza del Estado no significa actuar fuera de la ley. Significa hacer cumplir la ley con toda la capacidad institucional disponible", afirmó.

Con información de AGN, Ministerio de Gobernación de Guatemala, Diario de Centro América, Prensa Libre y La Hora.

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