Por revistaeyn.com
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) expresa su "profunda preocupación" ante la iniciativa de ley orientada a la simplificación del procedimiento para la aprobación, ampliación y renovación de licencias ambientales por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), actualmente en discusión en el Congreso Nacional.
De aprobarse esta Ley y su respectivo Reglamento el simple vencimiento de los plazos habilitaría automáticamente el otorgamiento de licencias ambientales, sin que la autoridad verifique el cumplimiento de los requisitos necesarios para su autorización, ampliación o renovación.
"Lo anterior, contradice los estándares internacionales sobre el principio de debida diligencia, el derecho a la consulta ambiental, la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrohondureños, así como los derechos a la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales", señala un informe.
OACNUDH reconoce la intención del Estado de Honduras de fomentar el desarrollo, atraer inversiones y generar empleo. No obstante, las medidas, normas o políticas que se adopten no deben comprometer los derechos humanos ni la protección del medio ambiente, especialmente en sectores como la infraestructura, la energía renovable, la agroindustria, el turismo y la manufactura.
"La aprobación de esta Ley en su forma actual podría agravar la criminalización y la violencia contra personas defensoras del medio ambiente, en un país que ya se encuentra entre los más peligrosos del mundo para quienes protegen la tierra, el territorio y los recursos naturales", agregan.
OACNUDH ha documentado que, en proyectos y casos como Agua Zarca, el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, Jilamito, Pajuiles, Azacualpa, entre otros, se han producido desplazamientos forzados, represión, criminalización y actos de violencia contra comunidades locales, pueblos indígenas y afrohondureños, así como contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente.
Asimismo, se han registrado impactos negativos como contaminación, daños ambientales, explotación ilegal de recursos naturales, destrucción de la biodiversidad y del patrimonio cultural, "muchas veces como resultado de procesos de licenciamiento ambiental marcados por la falta de transparencia, supervisión y mecanismos efectivos de prevención, mitigación y reparación de impactos".
En ese sentido, OACNUDH hace un llamado urgente al Estado hondureño a reconsiderar esta iniciativa legislativa y asegurar que cualquier reforma en materia ambiental respete plenamente sus obligaciones internacionales.
