Centroamérica & Mundo
Por: Revistaeyn.com
La carga burocrática que enfrenta una pequeña empresa en Centroamérica cambia considerablemente según el país y la etapa del negocio.
Guatemala combina requisitos de apertura inferiores al promedio del estudio con una elevada exigencia administrativa para mantenerse operando. Honduras muestra el contraste inverso: demanda más tiempo para iniciar actividades, pero registra la menor carga anual de funcionamiento de toda la muestra.
El Índice de Burocracia 2026, elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU), permite observar esas diferencias. Su principal aporte consiste en examinar el ciclo empresarial completo: apertura, funcionamiento y, por primera vez en esta edición, cierre.
Para los empresarios, el resultado plantea una distinción relevante: facilitar el ingreso a la formalidad constituye apenas una parte del desafío. Las obligaciones recurrentes pueden absorber recursos durante toda la vida del negocio, mientras un cierre complejo dificulta la salida y la reasignación del capital.
Cinco países, tres desafíos distintos
El informe incluye a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Nicaragua y Belice no forman parte de la muestra, por lo que sus resultados no representan a toda Centroamérica.
El cuadro muestra por qué una sola clasificación resulta insuficiente para describir el entorno administrativo. Un país puede facilitar una etapa y acumular obstáculos en otra.
También exige una precisión: las cifras expresan la carga temporal de los trámites recogidos por el índice. No deben asumirse automáticamente como un plazo calendario garantizado para abrir o cerrar cualquier empresa, ni como el tiempo que su propietario debe dedicar personalmente a esas gestiones.
Guatemala y Panamá: la carga se concentra en la operación
Guatemala y Panamá registran 2.614 y 2.643 horas anuales, respectivamente, para cumplir las exigencias de funcionamiento. Ocupan la cuarta y tercera posición entre las mayores cargas de los 27 países, superadas únicamente por Perú y Jamaica.
Ambos valores equivalen a más de 2,2 veces el promedio general del estudio. Para dimensionarlos, representan una carga superior a las 2.080 horas de un puesto de trabajo bajo un supuesto de ocho horas diarias y 260 días laborables al año.
El caso guatemalteco es especialmente ilustrativo: sus 1.377 horas de apertura están por debajo del promedio de la muestra, pero la carga se eleva al examinar las obligaciones recurrentes. En Panamá, tanto la apertura como el funcionamiento superan sus respectivos promedios.
La implicación para una agenda de competitividad es concreta: agilizar la constitución de sociedades debe acompañarse de una revisión de los requisitos que se repiten después de iniciar operaciones.
Honduras, Costa Rica y El Salvador: ventajas diferentes
Honduras registra 242 horas anuales de funcionamiento, el menor valor de la muestra. La cifra contrasta con las 1.933 horas de apertura, superiores al promedio general.
El resultado identifica una fortaleza relativa en el cumplimiento recurrente y un espacio de mejora en el acceso inicial a la actividad formal. No permite concluir, por sí solo, que Honduras tenga el entorno empresarial más favorable en todas sus dimensiones.
Costa Rica y El Salvador presentan cargas inferiores al promedio de los 27 países en las tres etapas.
El Salvador requiere 748 horas para la apertura, el menor valor entre los cinco países centroamericanos incluidos. Costa Rica destaca en el cierre, con 329 horas: es el segundo registro más bajo de toda la muestra, después de Portugal.
El cierre merece atención porque sus obstáculos pueden prolongar obligaciones administrativas una vez que el negocio dejó de operar. El informe advierte que las dificultades para extinguir formalmente una empresa pueden mantener unidades inactivas en los registros y entorpecer la reasignación de recursos.
Contexto latinoamericano: las fortalezas no se repiten en todas las etapas
La comparación con otras economías confirma que los resultados varían según el momento empresarial.
En apertura, Brasil registra 334 horas; República Dominicana, 557; y México, 644. Los tres presentan cargas inferiores a las de los cinco países centroamericanos analizados. Chile, en cambio, alcanza 2.166 horas, por encima de todos ellos.
Sin embargo, Chile registra solo 367 horas anuales de funcionamiento. República Dominicana ofrece otro contraste: combina una apertura relativamente ágil con 19.414 horas para el cierre, el valor más alto de la muestra.
Estas diferencias desaconsejan interpretar la facilidad para registrar un negocio como una medida suficiente de toda la experiencia empresarial.
El análisis conjunto del informe sitúa a Costa Rica, Honduras y El Salvador dentro del conglomerado de mejores resultados generales, junto con economías latinoamericanas como Brasil, Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Se trata de una agrupación estadística, no de un orden individual de posiciones.
Quién elabora el índice y cómo leerlo
La sexta edición del estudio está coordinada por la economista Sary Levy-Carciente y abarca 27 países: 20 de América Latina y el Caribe y siete de Europa. Cuenta con una red de investigadores y organizaciones locales y recibió respaldo financiero de Templeton World Charity Foundation.
En Centroamérica participaron, entre otros, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales —para Guatemala y El Salvador—, Ideas Lab en Costa Rica, CEDATOS en Honduras y Fundación Libertad en Panamá.
El índice identifica actividades representativas de los sectores primario, secundario y terciario, los trámites exigidos y su carga temporal. Para el funcionamiento considera también la frecuencia de cumplimiento.
Su enfoque responde a una perspectiva de libertad económica y simplificación administrativa. Sus mediciones permiten comparar cargas, pero no evalúan por sí solas los beneficios de cada regulación ni demuestran que toda obligación sea prescindible.
Además, utiliza las definiciones nacionales de pequeña empresa, cuyos umbrales de empleo, facturación y activos difieren. Esa adaptación aporta contexto local y requiere cautela al comparar economías.
Simplificar más allá de la ventanilla de apertura
El informe advierte que digitalizar procedimientos sin revisar su diseño puede trasladar las ineficiencias al entorno electrónico.
Para Centroamérica, los resultados sugieren prioridades diferenciadas: reducir las barreras iniciales donde la apertura es más exigente; revisar las obligaciones recurrentes donde la operación concentra la carga; y facilitar una salida formal cuando el negocio deja de ser viable.
La medida del avance será el tiempo que las empresas puedan recuperar para producir, atender clientes e invertir, preservando las exigencias públicas que aportan protección y certidumbre jurídica.
