Por AFP
A menudo Naiomy Guerrero ha visto a su hermano ser arrestado por la policía en el Bronx. Jeremy Rivera, otro neoyorquino, no quiere seguir entrando a prisión por tráfico de drogas. Hoy, ambos quieren abrir un comercio legal de cannabis, un mercado prometedor pero lleno de dificultades.
Es parte, junto con su familia, de los primeros 28 aspirantes que el 21 de noviembre recibieron una licencia del estado de Nueva York para abrir una tienda oficial de cannabis. Más de un año después de la legalización del consumo para adultos, se trata de una nueva etapa en esta región de 20 millones de habitantes y que se extiende al norte hasta la frontera con Canadá.
El ayuntamiento cuenta con que a partir de 2023 haya ventas por US$1.300 millones, así como la creación de entre 19.000 y 24.000 empleos en tres años.
Rivera quiere sacar provecho de su olfato comercial y de sus conocimientos del cannabis para abrir una tienda en Long Island.
Este emprendedor, que se crió en medio de la criminalidad en Queens, espera “al 99,998%”, ser parte de la próxima ronda de licencias.
“Quiero mostrar a la gente que lo logré: fui miembro de una pandilla por 20 años, vendí droga y decidí dejar todo eso”, explica.
En el estado de Nueva York, haber sido condenado por un delito relacionado con cannabis -incluida su venta- y disponer de un negocio, son dos de las condiciones para ser elegible para obtener una de las 150 primeras licencias que preceden a la apertura total del mercado.
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El impulso de este programa responde a la postura asumida por este estado demócrata para reparar lo que hoy se considera un impacto injusto y desproporcionado en las comunidades afroamericanas y de hispanos por la previa prohibición de la “marihuana”.
“La prohibición privó a la gente de oportunidades, empobreció a las comunidades y separó familias”, dijo a la AFP Tremaine Wright, presidenta del consejo de control del cannabis (OCM) del estado de Nueva York.
En 2018, un informe oficial situó en 800.000 los arrestos por posesión de marihuana en 20 años, mientras que los arrestos en 2017 fueron sobre todo de afrodescendientes (48%) o hispanos (38%).
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El programa es ambicioso y su puesta en marcha proyecta varios desafíos.
“Apenas estamos al inicio” pues “ahora se necesitan fondos y formación”, advierte Desmon Lewis, cofundador de la Fundación Bronx Community, que ayuda a los candidatos y la semana pasada les presentó una tienda de exhibición.
En los últimos días, informaciones sobre la fragilidad del fondo público-privado de US$200 millones que el estado prometió ofrecer créditos blandos y la puesta en funcionamiento de tiendas llave en mano, tuvieron el efecto de una ducha fría.
“Para algunos es muy desestabilizador. Contaban con estos sitios y esta ayuda. Están un poco sobre arenas movedizas”, señala Eli Northrup, de la organización Bronx Defenders.
