Por revistaeyn.com
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Nicaragua concluyeron las reuniones de trabajo para revisar el estado y las perspectivas de la economía del país, enmarcadas en la evaluación conocida como Consulta de Artículo IV.
Durante su visita, el FMI sostuvo reuniones de trabajo con diversas instituciones públicas y agentes económicos, incluyendo al sector privado y al sistema financiero. Como resultado de estas reuniones, la delegación del FMI recopiló información actualizada de la economía nicaragüense.
Al finalizar su visita, el FMI presentó su Declaración Final al Gobierno de Nicaragua, en la que indicó que: “Nicaragua mantiene un desempeño económico robusto, soportado por políticas macroeconómicas prudentes y flujos de remesas muy sólidos”.
Agregan que la economía “continua siendo abierta y resiliente, tras haber enfrentado múltiples shocks importantes desde 2018”, y en un contexto de sanciones internacionales y una reorientación de los flujos oficiales de financiamiento.
“El PIB real de Nicaragua creció un 4,5 % en 2023 y en el primer semestre de 2024, el índice de pobreza estimado sigue disminuyendo, pero se mantiene por encima del promedio regional, los bancos se reportan líquidos y bien capitalizados, y a pesar de que la cartera en mora aumentó recientemente, continúa siendo bajas”, dijo la misión del FMI.
Los superávits fiscal y externo están conduciendo a una disminución estable de la relación deuda pública/PIB y a la acumulación de sólidos colchones para absorber choques. La inflación es baja y estable, y el Banco Central de Nicaragua (BCN) ha iniciado un ciclo de relajación monetario.
“El panorama económico apunta a un crecimiento sostenido, en un contexto de políticas macroeconómicas prudentes y de sólidez de las posiciones externa y fiscal. Se espera que la inversión pública apoye el crecimiento en 2025”, agregan.
Sin embargo, a mediano plazo, se espera que el crecimiento del PIB real se modere hasta el 3,5 %, en vista de la menor contribución de la fuerza laboral debido a la reciente emigración y las decisiones prudentes por parte de la inversión privada.
La misión recomienda fortalecer el Estado de derecho de forma significativa, salvaguardar la independencia judicial para apoyar la confianza inversionista.
“Acciones recientes, que han afectado los derechos de propiedad, y reacciones a las sanciones internacionales podrían afectar las decisiones de inversión. La misión recomienda garantizar la independencia judicial de conformidad con los pactos internacionales ratificados por Nicaragua; fortalecer la transparencia de los procesos administrativos y judiciales vinculados a los derechos de propiedad; y garantizar recursos adecuados, eficaces y justos en dichos procedimientos”, apunta.
