POR EFE
El Salvador continúa adquiriendo bitcoin para "su reserva estratégica" y suma 6.165 bitcoines con un valor económico -en estos momentos- de 600,7 millones de dólares, esto a pesar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha limitado el uso y la compra de la criptomoneda, que en el país centroamericano se eliminó la obligación de aceptarla y se suprimió el papel estatal en su uso.
La Oficina Nacional de Bitcoin (ONBTC) de El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, publicó este viernes en X la nueva adquisición con un mensaje en inglés: "El Salvador compra otro BTC para su Reserva Estratégica de Bitcoin".
De acuerdo con los datos alojados en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador posee 6.165 bitcoines, esta cantidad alcanza en este momento un valor económico de más de 600,7 millones de dólares.
Esta compra, y otras realizadas en los meses de marzo y abril, se da a pesar de que el FMI ha limitado el uso del bitcoin y la compra de este activo por parte del Gobierno de El Salvador como una de las condiciones para un acuerdo económico por 1.400 millones de dólares.
A pesar de esta condición del FMI, el presidente Bukele aseguró en marzo que la adquisición de bitcoin "no se detendrá en el futuro".
El Gobierno salvadoreño no ha informado el destino que tendrán estos recursos en el corto y mediano plazo, ni si estarán destinados a un proyecto específico.
El presidente Bukele únicamente ha dicho que la construcción de la veterinaria pública Chivo Pets y de 20 escuelas se daría con las "ganancias", pero, según reportes de medios locales, la veterinaria necesito de fondos públicos y aún no se habrían construido dichos centros educativos.
El Salvador hizo historia en 2021 al convertirse en el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal. Sin embargo, la apuesta del Bukele no tuvo el impacto esperado.
A finales de enero pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó la Ley Bitcoin para eliminar la obligación de aceptar esta criptomoneda para los agentes económicos, suprimir el papel estatal en su uso y borrar referencias para aceptarla como una moneda de curso legal.
Diversas encuestas indican que el 91,8 % de los salvadoreños no utilizó la criptomoneda en mención en 2024.
