Por E&N / AFP
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que la administración de Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021) sí le apoyó en su lucha contra las pandillas, a diferencia de la de Joe Biden. Respondió al tuit del portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price.
Price escribió, el 10 de abril a las 7:21 a.m.: “El gobierno de los EE.UU. sigue apoyando a El Salvador en sus esfuerzos por reducir la proliferación de pandillas. Urgimos a El Salvador proteger a sus ciudadanos mientras así como sus libertades civiles incluida la libertad de prensa”, informó El Mundo
Bukele le respondió en inglés, el 11 de abril, a las 5:24 p.m.: “¿En serio? Sí, obtuvimos apoyo del gobierno de los EE.UU. para combatir el crimen, pero fue bajo la administración Trump. Ustedes solo están apoyando a las pandillas y sus ‘libertades civiles’ ahora”.
“Sí, recibimos apoyo del gobierno de los EEUU para combatir el crimen, pero fue bajo la administración Trump. Ustedes ahora están apoyando a las pandillas y sus libertades civiles”, escribió el presidente.
Hace dos semanas Bukele le declaró la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio, principalmente la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, luego de una escalada de violencia que entre el 25 y el 27 de marzo dejó 87 personas muertas.
A su solicitud el Congreso, controlado por el oficialismo, decretó un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, y se reformaron leyes para castigar con hasta 45 años de prisión a quienes pertenezcan a pandillas.
Como prueba del cese de la ayuda de la gestión Biden, Bukele recordó que en mayo de 2021 la agencia de cooperación estadounidense USAID redirigió hacia entidades de la sociedad civil la asistencia que proporcionaba a instituciones del gobierno.
Hasta el domingo, 9.634 presuntos pandilleros habían sido detenidos en los últimos 16 días, según la Policía.
San Martín:
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 11, 2022
-Jorge Alberto Saavedra Porras. pic.twitter.com/kCRSUVEPMS
El recorte de ayuda ocurrió luego de que Bukele, con apoyo del Parlamento, destituyó a magistrados de la Corte Constitucional y al Fiscal General, medidas que, para Washington, atentaron contra la separación de poderes en el país.
El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó el domingo su “preocupación” por la ola de violencia provocada por las pandillas, así como por las reformas impulsadas por Bukele que “criminalizan” el trabajo de la prensa.
Blinken consignó que Washington seguirá “apoyando” a El Salvador en “reducir la proliferación de las pandillas” y recordó que desde 2008 su país ha invertido US$411 millones para “mejorar” la seguridad ciudadana en la nación centroamericana.
Bukele acusa a ONG, medios y partidos de estar tras “el derramamiento de sangre” causado por las pandillas
A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente salvadoreño ha señalado que “una consecuencia” de que todos los mencionados anteriormente “hayan salido a defender a los pandilleros” es que “ahora el pueblo tendrá claro quienes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos”.
Bukele ha arremetido contra ONG y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en varias ocasiones, sobre todo desde la imposición del estado de excepción en El Salvador a raíz del repunte de los homicidios, por las críticas recibidas por la mano dura impuesta para contener la violencia.
La Constitución de El Salvador permite a la Asamblea Legislativa suspender derechos constitucionales en caso de circunstancias extremas, incluida la existencia de “graves perturbaciones de orden público”. El régimen de excepción tiene una validez de un mes, prorrogable una vez más por ese mismo tiempo.
La medida suspende los derechos a la libertad de asociación y reunión y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso, lo que ya ha generado críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Human Rights Watch (HRW) pidió el viernes al Gobierno salvadoreño que adopte “medidas respetuosas de los Derechos Humanos” para proteger a la población de la “atroz violencia” de las pandillas, ya que cree que las aprobadas recientemente “violan las garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños”.
