Por estrategiaynegocios.net
Las reformas a la Seguridad Social que había aprobado el Gobierno "no abordaron fundamentalmente los desequilibrios estructurales" del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), concluyó el viernes una publicación la agencia calificadora de riesgo Fitch.
"Las recientes protestas por las reformas del INSS también resaltan las debilidades de las instituciones políticas de Nicaragua", cuyo descontento político se fundamenta a la "creciente centralización del poder por parte del gobierno de (Daniel) Ortega como resultado de las elecciones nacionales en 2017 y la consolidación de la influencia del partido FSLN en la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral", dice un informe de la agencia que además advierte que si no se intenta nuevamente un ajuste, se aproximan crecientes niveles de endeudamiento del sector público.
Las elecciones presidenciales fueron en noviembre de 2016 y Ortega inició su tercer período consecutivo de cinco años en 2017.
Para Fitch, una de las tres calificadoras de riesgo que el Gobierno contrató en año pasados para que evaluara los indicadores de deuda soberana con la finalidad de buscar financiamiento a nivel internacional, la medida del Gobierno de aumentar la contribución de los empleadores "habría elevado los costos laborales formales, lo que podría conducir a la expansión del gran mercado laboral informal".
En la ahora derogada reforma al INSS, el Gobierno había impuesto aumentar gradualmente de 19 a 22.5 por ciento el aporte del sector empleador formal, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de la empresa privada, que advirtió de reducir los niveles de contratación actuales y futuros.
Fitch también cuestiona que dicha reforma no abordó un aspecto clave para el INSS: el manejo de las inversiones con fondos de cotizantes. "Tampoco habría abordado otros desafíos estructurales del INSS derivados de la falta de liquidez de las concentraciones de la cartera de inversión del fondo en el sector inmobiliario y las crecientes presiones de gasto del INSS para expandir el gasto social, incluida la cobertura de salud", indicó.
Otra de las polémicas medidas que el Gobierno había aplicado es la imposición de una retención del cinco por ciento en las pensiones, lo que ocasionó que miles de nicaragüenses salieran a las calles a protestar, los que fueron víctimas de represión gubernamental, dejando como saldo más de 60 muertos en cinco días de violentas manifestaciones.
"Las reservas de Tesorería del INSS, proyectadas previamente hasta el 2019, se están agotando más rápido de lo esperado. Las protestas y la violencia sobre los cambios del INSS también subrayan los riesgos políticos de un proceso de formulación de políticas cada vez más centralizado reflejado en los indicadores de gobernabilidad débiles de Nicaragua", señala.
A criterio de la agencia, las medidas anunciadas por el Gobierno el 16 de abril y que luego derogó el 22 de abril, buscan mejorar los flujos de efectivo a corto plazo del INSS, pero no aseguraba su estabilidad a largo plazo.
Asimismo recuerda que los indicadores de Gobierno se ubican por debajo de la mediana B en la encuesta de Gobernanza del Banco Mundial en 2017.
"La economía ha crecido constantemente en este contexto y Fitch espera que esto continúe. Sin embargo, la inestabilidad política recurrente podría socavar el clima de inversión y el crecimiento económico. Se está planificando un diálogo sobre las cuestiones planteadas por los recientes disturbios, incluida la participación de la Iglesia, el Gobierno, las empresas y la sociedad civil", indica.
Con información de La Prensa de Nicaragua.
Las reformas a la Seguridad Social que había aprobado el Gobierno "no abordaron fundamentalmente los desequilibrios estructurales" del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), concluyó el viernes una publicación la agencia calificadora de riesgo Fitch.
"Las recientes protestas por las reformas del INSS también resaltan las debilidades de las instituciones políticas de Nicaragua", cuyo descontento político se fundamenta a la "creciente centralización del poder por parte del gobierno de (Daniel) Ortega como resultado de las elecciones nacionales en 2017 y la consolidación de la influencia del partido FSLN en la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral", dice un informe de la agencia que además advierte que si no se intenta nuevamente un ajuste, se aproximan crecientes niveles de endeudamiento del sector público.
Las elecciones presidenciales fueron en noviembre de 2016 y Ortega inició su tercer período consecutivo de cinco años en 2017.
Para Fitch, una de las tres calificadoras de riesgo que el Gobierno contrató en año pasados para que evaluara los indicadores de deuda soberana con la finalidad de buscar financiamiento a nivel internacional, la medida del Gobierno de aumentar la contribución de los empleadores "habría elevado los costos laborales formales, lo que podría conducir a la expansión del gran mercado laboral informal".
En la ahora derogada reforma al INSS, el Gobierno había impuesto aumentar gradualmente de 19 a 22.5 por ciento el aporte del sector empleador formal, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de la empresa privada, que advirtió de reducir los niveles de contratación actuales y futuros.
Fitch también cuestiona que dicha reforma no abordó un aspecto clave para el INSS: el manejo de las inversiones con fondos de cotizantes. "Tampoco habría abordado otros desafíos estructurales del INSS derivados de la falta de liquidez de las concentraciones de la cartera de inversión del fondo en el sector inmobiliario y las crecientes presiones de gasto del INSS para expandir el gasto social, incluida la cobertura de salud", indicó.
Otra de las polémicas medidas que el Gobierno había aplicado es la imposición de una retención del cinco por ciento en las pensiones, lo que ocasionó que miles de nicaragüenses salieran a las calles a protestar, los que fueron víctimas de represión gubernamental, dejando como saldo más de 60 muertos en cinco días de violentas manifestaciones.
"Las reservas de Tesorería del INSS, proyectadas previamente hasta el 2019, se están agotando más rápido de lo esperado. Las protestas y la violencia sobre los cambios del INSS también subrayan los riesgos políticos de un proceso de formulación de políticas cada vez más centralizado reflejado en los indicadores de gobernabilidad débiles de Nicaragua", señala.
A criterio de la agencia, las medidas anunciadas por el Gobierno el 16 de abril y que luego derogó el 22 de abril, buscan mejorar los flujos de efectivo a corto plazo del INSS, pero no aseguraba su estabilidad a largo plazo.
La agencia cree que si no se intentan nuevas reformas, el Gobierno deberá asignar recursos adicionales en el Presupuesto General de la República para cubrir el déficit del INSS. Indica que las reservas líquidas del instituto se agotarán este año, es decir, antes de lo previsto.
Presión sobre clima de inversión
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings considera que "las recientes protestas por las reformas del INSS también resaltan las debilidades de las instituciones políticas de Nicaragua".Asimismo recuerda que los indicadores de Gobierno se ubican por debajo de la mediana B en la encuesta de Gobernanza del Banco Mundial en 2017.
"La economía ha crecido constantemente en este contexto y Fitch espera que esto continúe. Sin embargo, la inestabilidad política recurrente podría socavar el clima de inversión y el crecimiento económico. Se está planificando un diálogo sobre las cuestiones planteadas por los recientes disturbios, incluida la participación de la Iglesia, el Gobierno, las empresas y la sociedad civil", indica.
Con información de La Prensa de Nicaragua.
