Por Redacción E&N
La ruptura de facto de Nicaragua con la Organización de los Estados Americanos (OEA) ejecutada ayer (24.04.2022) coronó seis años de desencuentros entre el país centroamericano y el organismo multilateral, que inició en 2016, cuando el presidente Daniel Ortega incumplió los primeros acuerdos bilaterales para unas elecciones democráticas.
Tras múltiples denuncias emanadas desde Nicaragua sobre la celebración de unas elecciones sin garantías en noviembre de 2016, el organismo logró establecer negociaciones con el presidente Ortega para la preparación de condiciones para unos comicios creíbles.
Aunque las partes firmaron en octubre de ese año un acuerdo denominado “Diálogo constructivo entre el Gobiernos de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA”, no había tiempo para que fueran aplicadas en las elecciones de noviembre, en las que Ortega fue reelecto para un tercer mandato consecutivo, con su esposa, Rosario Murillo, como su vicepresidenta.
Pese al acuerdo, la OEA no obtuvo permiso de participar como observador en dichas elecciones.
En 2017 el organismo intentó poner en marcha el acuerdo formado en 2016, pero no tuvo éxito. Mientras, el descontento en Nicaragua hacia el Gobierno de Ortega crecía.
En abril de 2018 la ruptura se remarcó. En este año los participantes de una protesta por el mal manejo en el incendio de un bosque, otra por reformas a la seguridad social, se convirtieron en manifestaciones masivas que fueron controladas en operativos que dejaron 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Informe de la CIDH, elevó presión
Tras conocer el primer informe de la CIDH, titulado “Graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, la OEA elevó su “enérgica condena y su grave preocupación por todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos”.
La OEA también condenó “los ataques contra el clero”, que en 2014 había advertido a Ortega de una explosión social si no relajaba su estilo de gobierno, y al que posteriormente acusó de dirigir un “golpe de Estado fallido”, como le llama al levantamiento antigubernamental de 2018.
El Gobierno de Nicaragua, mientras tanto, continuó desoyendo a la OEA y la siguió acusando de injerencista. Asimismo señaló que se trataba de “agresiones” contra un pueblo que lucha por la “paz”.
En 2019, tras analizar la crisis de Nicaragua, que incluyó un “diálogo nacional” entre la oposición y Ortega que terminó en fracaso, la OEA, con el voto mayoritario de su Consejo Permanente, inició el proceso aplicación de la Carta Democrática Interamericana, con miras a suspender al país del organismo, lo que no fue bien recibido por el gobierno nicaragüense, cuyas autoridades reclamaron “injerencia” en sus asuntos internos.
Más tarde ese mismo año, la OEA, junto con la Nunciatura Apostólica, participó como “acompañante” de unas segundas negociaciones internas en Nicaragua, que también fracasó, pero en las que se logró la excarcelación de más de 600 “presos políticos”, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos y líderes disidentes, según la oposición.
Denuncia de exembajador McFields
La OEA continuó aprobando los informes de la CIDH sobre violaciones “sistemáticas” a los derechos humanos en Nicaragua, mientras las autoridades estatales insistía en rechazar los señalamientos, hasta una vez concluidas las elecciones de noviembre de 2021, cuando el organismo rechazó los comicios y señaló al Gobierno de Ortega de socavar “seriamente” las instituciones democráticas del país.
En respuesta, la Cancillería nicaragüense anunció la decisión de Ortega de retirar a Nicaragua de la OEA, en un proceso que se hará efectivo en noviembre de 2023.
En marzo pasado, en una decisión inesperada, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, denunció que en Nicaragua hay una “dictadura”, tras lo cual fue despedido de su cargo, y de inmediato el secretario general del organismo, Luis Almagro, le ofreció protección.
OEA: Habrá consecuencias
Aunque las relaciones entre Managua y la OEA se mantenían agitadas, “cohabitaban”.
Sin embargo, ayer (24.04.2022) Nicaragua anunció de forma repentina que retiraba las credenciales de sus representantes ante la OEA y el cierre de las oficinas del organismo en el país centroamericano, mismas que fueron rodeadas por la Policía Nacional.
El Gobierno de Nicaragua dijo tomar la decisión “ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos mecanismos de este engendro, llámense consejo permanente, llámense comisiones, llámense reuniones, llámense Cumbre de las Américas”.
La OEA se pronunció y le recordó a Nicaragua que su retiro del organismo se hará efectivo “a fines de 2023”.
La entidad afirmó que las “autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente” sus oficinas, en “violación de las más elementales normas internacionales”, exigió al país centroamericano “el respeto de sus obligaciones”.
Además señaló que sus “oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”.
Nicaragua se convirtió así en el segundo país de América que no cuenta con oficinas de la OEA, después de Cuba (1962).
Las reacciones
El exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFileds, indicó que la “salida de la dictadura de la OEA es una victoria moral para el pueblo de Nicaragua”.
Y en otro mensaje añadió: La “dictadura en desesperación viola Artículo 143 de la Carta de la OEA: Transcurridos 2 años... la Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante y éste quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”.
El economista y analista político Enrique Sáenz señaló que uno de los escenarios que pudo empujar a Ortega y Murillo a expulsar a la OEA de Nicaragua es que no hayan recibido invitación para participar en la Cumbre de las Américas prevista a realizarse en junio de este año, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde el organismo hemisférico funciona como secretaría técnica del proceso de Cumbres y por eso ahora le “da el medio vuelto”, dijo.
“Ortega está fuera de la Ley internacional y resolvió que se siente a sus anchas actuando como delincuente internacional al fin y al cabo está volviendo a sus origines de asaltabancos”, indicó Sáenz.
La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, por su parte expresó en Twitter su malestar por la decisión del presidente Ortega de expulsar a la OEA de Nicaragua.
“¡Qué vergüenza y coraje que el Consejo Permanente de la OEA no haya tan siquiera decido convocar, en su momento, la aplicación de la Carta Democrática”, subrayó Chinchilla.
La oposición nicaragüense, en tanto, destacó que es un “precedente nefasto” para la región, que cierra todos los espacios de diálogo con los organismos internacionales.
