Las últimas acciones contra la institucionalidad democrática, ejecutadas por el gobierno de Daniel Ortega en complicidad con los poderes judicial, electoral y legislativo, han deteriorado la percepción de los empresarios locales sobre el clima de negocios y de inversión en Nicaragua, confirma el último informe sobre la coyuntura económica presentado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Confianza del Empresariado, que Funides hace circular entre un centenar de empresas multinacionales y nacionales que operan en el país, la percepción favorable sobre el clima de inversiones se redujo de 74% a 48% entre abril y julio del presente año.
Asimismo, la percepción desfavorable alrededor del clima de inversiones y de negocios en Nicaragua aumentó en el mismo periodo del -3% al -18%.
Juan Sebastián Chamorro, Director Ejecutivo de Funides, explicó que al profundizar en el deterioro de la percepción empresarial, confirmaron que éste está relacionado con el entorno político, ya que entre abril y julio del presente año, la valoración negativa sobre el mismo aumentó del 26% al 39%.
Mientras la valoración positiva sobre el entorno político, disminuyó del 35% al 29%, en el periodo antes señalado.
"Esta encuesta se realizó en julio, ya había pasado la entrega del PLI (Partido Liberal Independiente) a Pedro Reyes, pero no se había dado todavía la destitución de los 28 diputados (elegidos bajo la casilla del PLI y que fueron sustituidos por gente de Reyes), quiere decir que solo agarró parte… por lo que en la próxima encuesta dicha percepción podría seguir cayendo", señaló el Director Ejecutivo de Funides.
Chamorro agregó que al preguntarle a los empresarios encuestados, si están dispuestos a invertir en un futuro cercano, el 78% aseguró que no lo haría, mientras sólo 22% está dispuesto a correr riesgo.
Asimismo, al preguntarles sobre si la situación económica actual es mejor o peor que el año pasado, la percepción positiva cayó del 31% al 5% entre abril y julio del presente año.
Voces contra la arbitrariedad
A inicios de junio del presente año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, controlada en su totalidad por Daniel Ortega, resucitó una querella partidaria que tenía alrededor de seis años de permanecer archivada, y resolvió finalmente quitarle la representación jurídica del Partido Liberal Independiente (PLI), al líder opositor Eduardo Montealegre y dársela a la facción de Pedro Reyes, a quien se le acusa de ser "colaboracionista" del gobierno.Con esta decisión arbitraria, ratificada posteriormente por el propio Poder Judicial y ejecutada por el Poder Electoral, se eliminó de la contienda electoral a todos los candidatos de la Coalición Nacional por la Democracia, que lideraba el PLI de Montealegre y que agrupaba a otras organizaciones de izquierda, de centro y de derecha. De esta forma se eliminó de la contienda electoral de noviembre próximo, a la oposición verdadera a Ortega.
El Grupo de los 27, integrado por destacados intelectuales nicaragüenses, entre ellos los poetas Ernesto Cardenal y Gioconda Belli, rechazó y protestó contra la decisión del Poder Judicial, así como otras acciones que se han adoptado en contra de un proceso electoral justo y transparente, entre éstas la prohibición de la observación electoral y el control absoluto oficial de todo el andamiaje electoral.
"Lo más grave es que por primera vez en más de 25 años, se pretende realizar elecciones excluyendo, mediante artimañas, a las principales fuerzas políticas de oposición", señalaron, por tanto exhortaron a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional a "repudiar la farsa electoral que pretende imponer el grupo gobernante. De concretarse la farsa, sus resultados deberán considerarse nulos".
También se alzó la voz de la propia junta directiva de Funides, en un comunicado hecho público el pasado 28 de junio. "FUNIDES ha venido observando con preocupación eventos que no abonan al fortalecimiento de la institucionalidad ni al clima de confianza. La negativa a la observación electoral creíble, los recientes fallos excluyentes de la Corte Suprema de Justicia, la expulsión de extranjeros y la falta de un diálogo abierto son algunos ejemplos que afectan la imagen del país", indicó.
"Es muy importante, a la luz de una mayor incertidumbre económica a nivel mundial, que Nicaragua se presente como una nación basada en los principios de la estabilidad democrática, la unidad, la paz y el fomento a la inversión privada nacional y extranjera", agregó el centro de pensamiento nicaragüense.
Una tras otra
Posteriormente, a finales de julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE), también bajo el control total de Ortega, resolvió destituir a todos los diputados de la bancada opositora del PLI, que no aceptaron a Pedro Reyes como líder del Partido Liberal Independiente (PLI).
Posteriormente, dos días después, la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, también controlada por Ortega, acató la Resolución del CSE de destituir a los 16 diputados titulares y 12 diputados suplentes que pertenecían al PLI, en razón de no reconocer la sentencia 299 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le quitó la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre y se la otorgó a Pedro Reyes.
Estas acciones contra la institucionalidad del país, provocaron un pronunciamiento de protesta del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el máximo organismo gremial del empresariado nicaragüense, ya que 'debilitan la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes'.
En ese sentido, expresaron que 'resulta imperioso y urgente (...) establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país'.
También fueron rechazadas por el gobierno de los Estados Unidos, a través del Secretario Adjunto y portavoz, John Kirby, quien afirmó que se encuentran "profundamente preocupados por las acciones del gobierno de Nicaragua", ya que se han "cerrado los espacios democráticos, previo a la realización de las elecciones presidenciales y legislativas el próximo 6 de noviembre".
"Urgimos de manera categórica al Gobierno de Nicaragua a crear un entorno más propicio para la realización de elecciones libres y justas que permitan al pueblo de Nicaragua decidir el futuro de su país", manifestó Kirby, desde la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Estado.
Asimismo, el pasado 8 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la destitución de los diputados de oposición en Nicaragua, y urgió al Estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos en el país.
"…si la decisión de destitución tiene como resultado que autoridades electas por el mandato del voto no pueden terminar de ejercer el cargo en el período para el cual fueron electas, dicha decisión podría constituir una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos", señaló la CIDH.
"En ese sentido, la Comisión exhorta al Estado a generar las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Asimismo, la CIDH recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos que han sido electos e investidos por el mandato popular", concluyó el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
