Por Roberto Fonseca-estrategiaynegocios.net
El régimen de Daniel Ortega, apoyándose en los aparatos represivos y coercitivos del estado nicaragüense logró su propósito político: aplastar una movilización nacional campesina, que saldría de la profundidad de las montañas del país y que concluiría en la capital, demandando la derogación de la Ley 840. Esta ley otorgó una concesión al empresario chino Wang Jing para construir el proyecto de Canal Interoceánico.
Tras una jornada de represión policial y militar, que se extendió los días 29 y 30, y que dejó un saldo de más de 18 civiles heridos -entre ellos Pedro Guzmán, un herido grave por bala- 18 desparecidos, y decenas de pobladores campesinos intoxicados gases lacrimógenos -incluyendo mujeres embarazadas y niños- la dirigencia del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, decidió poner fin a su intento de marchar hacia Managua.
Freddy Navas, miembro del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía, organización integrada por campesinos afectados por la ruta canalera prevista a desarrollarse, aseguró a E&N que la represión de la Policía Nacional se trasladó esta vez a las propias comunidades del Caribe Sur y de la zona Central del país, desde donde saldría la caravana campesina.
"El año pasado, que venimos a Managua nos pusieron tranques en varios lugares de la ruta, pero logramos romper el cerco y llegar a Managua, pero esta vez fue difícil, el gobierno ocupó al Ejército y a la Policía y ya no sobre la carretera, sino desde las comunidades, para impedir la salida de la caravana", dijo Navas.
Según sus reportes extraoficiales, tras más de 24 horas de represión policial de parte de contingentes de antimotines, se contabilizaban entre 18 a 25 heridos civiles por balas de goma y por proyectiles de armas de fuego.
El civil que resultó más afectado corresponde a Pedro Guzmán, un campesino de la comunidad de La Fonseca, ubicada a más de 300 kilómetros de la capital. El resultó herido por un proyectil alojado en el abdomen y fue evacuado hasta el día de hoy, 30 de noviembre, gracias a la intervención del sacerdote de la localidad y de Monseñor Silvio Báez, Arzobispo Auxiliar de Managua.
Policía reprime a #campesinos que protestan contra canal en #Nicaragua https://t.co/Ranizy8whc pic.twitter.com/TSNWygsJnS
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"Hicimos posible que el padre Rolando, de Nueva Guinea, sacara al hermano campesino que estaba herido, a pesar de que tres veces la Policía se lo impidió, lo logró sacar, fue una gestión que hicimos desde acá, Monseñor Pablo Schmidt y este servidor", dijo Monseñor Báez a la emisora Radio Corporación. "En estos momentos, personalmente, como Obispo, en nombre del Señor, en nombre de Dios, le pido al gobierno y al Ejército y a la Policía de Nicaragua, que detengan toda represión y que respeten la Constitución Política, para que estos campesinos puedan ejercer su derecho a movilizarse y expresar sus sentimientos y sus palabras de defensa de la tierra, del lago y de la soberanía nacional. Podemos encontrar salidas de diálogo, sin derramar sangre de hermanos", agregó Monseñor Báez, Obispo Auxiliar de Managua.
Sin embargo, la marcha campesina no logró avanzar ni unos pocos kilómetros, ya que además a los dueños de camiones y de buses, contratados para transportar a las delegaciones rurales, las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura los amenazaron con retirarles las licencias de operación si salían con los manifestantes.
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Por otro lado, se informó que incluso que varios puntos de la ruta, entre ellos el puente El Zapote, en Nueva Guinea; y el puente Las Pavas, de Santo Domingo, fueron dañados con maquinaria pesada para impedir que circularan camiones o buses, dejando incomunicadas a comunidades enteras.
Gobierno habla de 'grupos vandálicos'
Por su parte, la Policía Nacional, a través de un comunicado de prensa leído por el Comisionado General, Francisco Diaz, calificó de "grupos vandálicos" a los manifestantes campesinos, y aseguró que estos habían atacado con piedras y morteros a las fuerzas del orden y habían resultado heridos seis policías. "En cumplimiento de su misión constitucional (la Policía Nacional) está garantizando el orden público, la seguridad ciudadana, el normal desarrollo de las actividades económicas, comerciales, productivas, financieras así como la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional", afirmó Díaz.No obstante, Haydeé Castillo, dirigente del movimiento de mujeres de Nueva Segovia, denunció que el gobierno estableció un virtual Estado de Sitio en todo el país, ya que desplegó numerosas fuerzas policiales y militares por distintos puntos de Nicaragua, estableció retenes e impidió la libre circulación en prácticamente todo el territorio nacional.
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Por qué marchan
Un estudio reciente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), dado a conocer recientemente en el país, indica que la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua provocaría el desplazamiento de entre 30.000 y 120.000 campesinos, indígenas y afrodescendientes, ya que se verían obligados a ceder sus tierras para la realización de esta megaobra.En el informe titulado "Concesión del Canal Interoceánico en Nicaragua: grave impacto en los derechos humanos", la FIDH y su organismo miembro en Nicaragua, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), detallan las violaciones a los derechos humanos que podrían derivar de la implementación de la vía interoceánica y de otros 10 megaproyectos.
"Nuestras 81 marchas de protesta han sido pacíficas, nos han reprimido y hemos puesto la otra mejilla. Nosotros queremos justicia, pero justicia no tardía, ni parcializada. Solicitamos la derogación de la ley 840 y que nos permitan trabajar nuestras tierras en paz", agregó Navas, dirigente del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía.
Una de las principales violaciones a los derechos humanos es el régimen de expropiación impuesto en marco legal, señalan la FIDH y el Cenidh en el informe.
En ese sentido, agregan que las expropiaciones "pueden afectar a cualquier tipo de propiedad que se encuentren en cualquiera de las áreas requeridas para cualquiera de los proyectos, lo cual parece poner a disposición todo el territorio nacional, pues es el inversionista es quien dispone de las áreas requeridas".
El pago estipulado por la venta de las tierras es calificado como irrisorio, debido a que se hará con base en el valor catastral y no del mercado. En el informe se indica que esta situación es contraria a los estándares establecidos por el derecho internacional de derechos humanos, "pues de ninguna forma se puede considerar como una indemnización justa la prevista en la ley 840, que además deroga al derecho común nicaragüense".
En este momento: Plantón en Managua, frente a la Universidad Centroamericana. ¡El pueblo unido jamás será vencido! #CaravanaCampesina pic.twitter.com/17n1xG2Z4K
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"Además, se desconoce un plan de reasentamiento de la población afectada por parte de la empresa y del gobierno pese a que un proyecto de esta envergadura, cuya afectación se extendería a decenas de miles de personas, debería contar forzosamente con tal plan".
Paralelamente, el marco legal establece que las propiedades públicas que sean requeridas, serán entregadas gratuitamente al inversionista, sin pago adicional a favor del Estado nicaragüense.
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La concesión fue otorgada al empresario chino Wang Jing, propietario de la firma HKND, y se estima que el costo de la obra sobrepasaría los US$50.000 millones. Oficialmente las obras del proyectado canal interoceánico iniciaron a finales del año pasado, sin embargo a la fecha no han comenzado las obras de ampliación del puerto de Britto, la primera obra de infraestructura planificada.
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"Nosotros vamos a defender nuestras tierras cueste lo que cueste. Nicaragua no pertenece a una familia", concluyó el dirigente Navas.
