Pérez, quien envió por escrito sus alegatos de defensa a una comisión legislativa que lo investiga, dijo a periodistas que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) validó el proceso de antejuicio sin evaluar las pruebas presentadas por el diputado opositor Amílcar Pop, del izquierdista partido Winaq.
El congresista planteó pruebas que 'supone o escuchó, nada que le pueda constar. Eso lo convierte en una situación puramente política, o espuria o ilegítima', aseguró el gobernante guatemalteco.
Pop acusa a Pérez de haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio al responsabilizarlo por fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno.
En el documento enviado al Congreso, Pérez indicó que el Poder Judicial no cumplió con el procedimiento constitucional de estudiar las pruebas y solo trasladó el expediente al Parlamento, que conformó la comisión pesquisidora integrada por cinco diputados de oposición.
'Estamos diciendo fundamentalmente que la Corte Suprema de Justicia no es un tramitador de antejuicios. Debe de estudiar los antejuicios y debe buscar los argumentos y buscar los hechos' previo a dar trámite, expresó.
Guatemala vive un revuelo político desde que en abril pasado la Fiscalía y la comisión de la ONU revelaron la existencia de una red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos, un caso que provocó la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Entre tanto, el pasado 20 de mayo fueron arrestados los presidentes del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.
