'De antemano yo creería que es un informe escrito lo que voy a mandar' a los diputados, dijo Pérez a periodistas, al señalar que el martes fue notificado de la citación hecha por la comisión legislativa que determinará si el presidente debe ser juzgado penalmente.
El mandatario fue llamado a declarar el miércoles ante la comisión legislativa, integrada por cinco diputados de oposición, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) diera trámite a una solicitud de antejuicio planteada por el diputado Amílcar Pop, del opositor partido Winaq.
Según la denuncia, Pérez incurrió en delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio al estar involucrado en fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su gobierno.
En varias ocasiones Pérez ha manifestado que respetará el proceso de antejuicio y que no renunciará a su cargo, a pesar de las presiones de manifestantes y varios sectores sociales que han protagonizado protestas masivas para exigir su dimisión.
El pasado 16 de abril, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial guatemalteco, revelaron la existencia de una red de sobornos en las aduanas para evadir el pago de impuestos.
El escándalo provocó la renuncia, el pasado 8 de mayo, de la vicepresidenta Roxana Baldetti, cuyo ex secretario privado, Juan Carlos Monzón -actualmente prófugo-, es señalado como cabeza de la red criminal.
Entre tanto, el pasado 20 de mayo fueron arrestados los presidentes del Banco de Guatemala (Central), Julio Suárez, y del Seguro Social (IGSS), el militar Juan de Dios Rodríguez, muy allegado al mandatario, acusados de participar en la adjudicación irregular de un millonario contrato de medicamentos.
