Por La Prensa
Dos hechos cruciales ocurrirán esta semana en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que podrían contribuir a definir el rumbo que tomará la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado.
Para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la reunión en el Consejo de Seguridad el 5 de septiembre donde se espera se aborde la crisis en Nicaragua y el inicio del mandato de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas son vitales para el futuro de Nicaragua.
"Hay que mantener la atención sobre estos dos hechos esta semana, la reunión en el Consejo de Seguridad -que entiendo existen los votos para que se haga- y cuál va a ser la actitud de la nueva alta funcionaria de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que arranca su mandato, que me parece es la primera prueba de fuego de muchas que tendrá en sus funciones porque esta oficina vela por la situación de derechos humanos a nivel mundial", manifestó Vivanco.
"Creo que el cálculo hecho por el gobierno de Ortega y Murillo de expulsar a los funcionarios antes de que asuma Bachelet (es) para ver si se atreve a exigir, insistir, reclamar públicamente como lo hizo el anterior alto comisionado, (sobre) la presencia de Naciones Unidas en Nicaragua y por ello esta semana va a ser vital", valoró el director de HRW.
Se espera que esta semana Bachelet se pronuncie sobre la situación de Nicaragua y la expulsión de la misión.
Vivanco considera que una de las cosas que debe dejar claro la nueva funcionaria a Ortega es que "el deber de su oficina es estar en Nicaragua protegiendo los derechos fundamentales, investigando abusos, fiscalizando la conducta de los agentes del Estado y además que le garanticen plena cooperación para que pueda entrar a las prisiones, observar juicios de presos políticos que se están llevando sin ninguna garantía".
"En fin vamos a ver, me da la impresión que la dictadura Ortega Murillo le apuesta a que Bachelet impondrá una tónica distinta, y ellos poder evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos", enfatizó Vivanco.
El informe de Acnudh es preciso al señalar que las violaciones de derechos humanos documentadas incluyen el uso desproporcionado de la fuerza policial, que en ocasiones se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión.
Ese informe, que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, desató la ira del Gobierno contra la misión, lo que deja al país en la mira de la comunidad internacional.
"El que un país como Nicaragua llegue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas te aseguro que debe tener tanto a Ortega como a la señora (Rosario) Murillo probablemente sin dormir porque estamos hablando de palabras mayores. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ocupa de cualquier caso, sino de casos extremos a nivel global que llegan a ese organismo, estamos hablando de un cuadro de violaciones de los derechos fundamentales que amenazan la paz, la seguridad ante una circunstancia extrema", dijo.
"Es muy valioso y muy importante que el próximo 5 (de septiembre) el Consejo de Seguridad trate la situación de Nicaragua, eso colocaría a Nicaragua dentro de los casos que presentan una crisis en materia de derechos humanos, social y de abuso de poder que ya no solo es un problema regional sino de carácter global", aseguró el experto.
Para el director de HRW, los malos tratos, las torturas, aberraciones como abusos sexuales y sodomizar a presos políticos, como los que comete el régimen de Ortega, ocurren en dictaduras.
"El objetivo es humillar al detenido y destruir su dignidad, es obviamente una crueldad extrema". "Las dictaduras durante los tiempos de Pinochet (en Chile), en Argentina también, no solo aplicaban electricidad en partes sensibles como la boca y los genitales, sino también recurrían a este tipo de horrores con el propósito de castigar, de inferir daño deliberado y de humillar", observó Vivanco.
HRW realiza investigaciones sobre el tipo de tratos crueles y torturas que están cometiendo los agentes del Estado de Nicaragua, como policías y funcionarios penitenciarios.
También incluye las brutalidades que realizan los paramilitares, "ampones que actúan con la protección y la coordinación de la Policía", afirmó el director de HRW.
El extenso sumario de violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por la policía del régimen, paramilitares y funcionarios de Ortega, recogidos y publicados por Acnudh en su informe, contiene dos graves casos que pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad en cualquier corte internacional de justicia: la incineración de una familia viva de seis personas, incluyendo dos niños, por negarse a permitir que policías y paramilitares instalaran francotiradores en su azotea en el barrio Carlos Marx de Managua; el otro crimen atroz es la muerte a balazos de un bebé por policías y paramilitares y el posterior intento de manipular su muerte en un acta médica que sugería "intento de suicidio".
Dos hechos cruciales ocurrirán esta semana en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que podrían contribuir a definir el rumbo que tomará la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril pasado.
Para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la reunión en el Consejo de Seguridad el 5 de septiembre donde se espera se aborde la crisis en Nicaragua y el inicio del mandato de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas son vitales para el futuro de Nicaragua.
"Hay que mantener la atención sobre estos dos hechos esta semana, la reunión en el Consejo de Seguridad -que entiendo existen los votos para que se haga- y cuál va a ser la actitud de la nueva alta funcionaria de Derechos Humanos en Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que arranca su mandato, que me parece es la primera prueba de fuego de muchas que tendrá en sus funciones porque esta oficina vela por la situación de derechos humanos a nivel mundial", manifestó Vivanco.
Expulsión de la misión
A la gravedad de la crisis en Nicaragua se suma la expulsión de la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, por órdenes del gobierno del designado presidente Daniel Ortega, luego del informe de ese organismo que revela que durante los más de cuatro meses de protestas la represión gubernamental y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos han dejado más de trescientos muertos y miles de heridos, exiliados y detenidos."Creo que el cálculo hecho por el gobierno de Ortega y Murillo de expulsar a los funcionarios antes de que asuma Bachelet (es) para ver si se atreve a exigir, insistir, reclamar públicamente como lo hizo el anterior alto comisionado, (sobre) la presencia de Naciones Unidas en Nicaragua y por ello esta semana va a ser vital", valoró el director de HRW.
Se espera que esta semana Bachelet se pronuncie sobre la situación de Nicaragua y la expulsión de la misión.
Vivanco considera que una de las cosas que debe dejar claro la nueva funcionaria a Ortega es que "el deber de su oficina es estar en Nicaragua protegiendo los derechos fundamentales, investigando abusos, fiscalizando la conducta de los agentes del Estado y además que le garanticen plena cooperación para que pueda entrar a las prisiones, observar juicios de presos políticos que se están llevando sin ninguna garantía".
"En fin vamos a ver, me da la impresión que la dictadura Ortega Murillo le apuesta a que Bachelet impondrá una tónica distinta, y ellos poder evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos", enfatizó Vivanco.
El informe de Acnudh es preciso al señalar que las violaciones de derechos humanos documentadas incluyen el uso desproporcionado de la fuerza policial, que en ocasiones se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión.
Ese informe, que será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, desató la ira del Gobierno contra la misión, lo que deja al país en la mira de la comunidad internacional.
"El que un país como Nicaragua llegue al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas te aseguro que debe tener tanto a Ortega como a la señora (Rosario) Murillo probablemente sin dormir porque estamos hablando de palabras mayores. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se ocupa de cualquier caso, sino de casos extremos a nivel global que llegan a ese organismo, estamos hablando de un cuadro de violaciones de los derechos fundamentales que amenazan la paz, la seguridad ante una circunstancia extrema", dijo.
"Es muy valioso y muy importante que el próximo 5 (de septiembre) el Consejo de Seguridad trate la situación de Nicaragua, eso colocaría a Nicaragua dentro de los casos que presentan una crisis en materia de derechos humanos, social y de abuso de poder que ya no solo es un problema regional sino de carácter global", aseguró el experto.
Para el director de HRW, los malos tratos, las torturas, aberraciones como abusos sexuales y sodomizar a presos políticos, como los que comete el régimen de Ortega, ocurren en dictaduras.
"El objetivo es humillar al detenido y destruir su dignidad, es obviamente una crueldad extrema". "Las dictaduras durante los tiempos de Pinochet (en Chile), en Argentina también, no solo aplicaban electricidad en partes sensibles como la boca y los genitales, sino también recurrían a este tipo de horrores con el propósito de castigar, de inferir daño deliberado y de humillar", observó Vivanco.
HRW realiza investigaciones sobre el tipo de tratos crueles y torturas que están cometiendo los agentes del Estado de Nicaragua, como policías y funcionarios penitenciarios.
También incluye las brutalidades que realizan los paramilitares, "ampones que actúan con la protección y la coordinación de la Policía", afirmó el director de HRW.
El extenso sumario de violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por la policía del régimen, paramilitares y funcionarios de Ortega, recogidos y publicados por Acnudh en su informe, contiene dos graves casos que pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad en cualquier corte internacional de justicia: la incineración de una familia viva de seis personas, incluyendo dos niños, por negarse a permitir que policías y paramilitares instalaran francotiradores en su azotea en el barrio Carlos Marx de Managua; el otro crimen atroz es la muerte a balazos de un bebé por policías y paramilitares y el posterior intento de manipular su muerte en un acta médica que sugería "intento de suicidio".
