Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, trasladar a la totalidad de la población carcelaria salvadoreña.
La propuesta fue planteada por Bukele a través de su cuenta en X como respuesta directa a las críticas de Petro sobre el sistema penitenciario salvadoreño, en particular sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel símbolo de la estrategia de seguridad del Gobierno.
En su mensaje, el mandatario salvadoreño afirmó: “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”.
Bukele fue más allá al ofrecer el traslado total de los reclusos: “El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de su población carcelaria, todos... Únicamente bajo una condición... deben ser todos”, subrayó, en una declaración que interpretó como una “oportunidad histórica” para su par colombiano.
Las declaraciones surgen luego de que Petro calificara las cárceles salvadoreñas como “campos de concentración de población civil” y denunciara la existencia de personas inocentes detenidas.
“Tener (...) personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad... estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias”, expresó el mandatario colombiano, quien además tildó la política de seguridad salvadoreña de “terrorismo”.
El cruce de declaraciones se da en un contexto marcado por el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, implementado como parte de la ofensiva gubernamental contra las pandillas. Esta medida ha sido respaldada por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, y es señalada por el Ejecutivo como clave en la reducción “histórica” de homicidios.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el costo de esta estrategia. La ONG Socorro Jurídico Humanitario denunció recientemente que al menos 512 personas han fallecido bajo custodia estatal desde la implementación del régimen. Asimismo, diversas organizaciones reportan hasta marzo cerca de 6,889 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias.
