Por: Revistaeyn.com
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE.
Lo hizo ante el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, y en presencia del primer ministro canadiense, Mark Carney. No fue una declaración casual ni una cortesía diplomática. Fue un movimiento político cuidadosamente escenificado.
“Debemos reimaginar con urgencia nuestras asociaciones”, afirmó Von der Leyen antes de dirigirse directamente a Carney. Europa, añadió, quiere llevar su relación con Canadá “al nivel más alto posible”.
La propuesta todavía no equivale a una incorporación formal. La figura de miembro asociado ni siquiera existe actualmente dentro de la estructura jurídica de la Unión.
Tampoco se han definido sus derechos, obligaciones o mecanismos de participación. Pero precisamente por eso el anuncio resulta tan significativo: Bruselas está dispuesta a inventar una categoría para acercar a Canadá. Y detrás de ese movimiento aparece, inevitablemente, Donald Trump.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha sometido a Canadá a una combinación de presión comercial, incertidumbre política y provocaciones contra su soberanía.
A los aranceles y las disputas económicas se sumaron sus repetidas alusiones a convertir al vecino del norte en el estado número 51 de Estados Unidos. Lejos de doblegar a Ottawa, esa estrategia ha acelerado una revisión profunda de su política exterior.
Canadá sigue estando inexorablemente unido a Estados Unidos por la geografía, las cadenas productivas, la energía y el comercio. Cerca del 70% de sus exportaciones se dirige todavía al mercado estadounidense. Ninguna alianza con Europa puede reemplazar esa relación de un día para otro. Pero, Washington ha conseguido que esa dependencia, durante décadas asumida como una ventaja, sea percibida ahora como una vulnerabilidad estratégica.
Carney ha respondido impulsando una diversificación económica y diplomática. Su objetivo no es romper con Estados Unidos, algo prácticamente imposible y probablemente indeseable, sino ampliar el margen de maniobra de Canadá para que su prosperidad no dependa de las decisiones de un solo gobierno. La UE encaja perfectamente en esa estrategia.
Canadá y Europa comparten instituciones democráticas, posiciones próximas sobre Ucrania y el orden multilateral, además de intereses en tecnología, defensa, energía y cambio climático.
También cuentan desde 2017 con el CETA, su acuerdo económico y comercial, que ha contribuido a incrementar en un 75% el intercambio de bienes en menos de una década.
Ahora Bruselas quiere ir mucho más lejos
Von der Leyen planteó transformar el CETA en una “Alianza para el Futuro” y construir un espacio común de prosperidad y seguridad económica.
La agenda anunciada incluye manufactura avanzada, energía, minerales críticos, baterías, inteligencia artificial, computación cuántica, ciberseguridad e integración de las industrias de defensa. El Ártico, una región cada vez más disputada por su valor geopolítico y sus recursos, sería uno de sus proyectos conjuntos emblemáticos.
No se trata únicamente de que Europa esté ofreciendo refugio a un aliado maltratado por Trump. La UE también busca resolver algunas de sus propias debilidades.
Canadá posee abundantes recursos energéticos y minerales esenciales para la transición tecnológica y militar europea. Tiene presencia territorial en el Ártico, una industria avanzada y una estabilidad institucional especialmente valiosa en un escenario internacional cada vez más imprevisible.
Europa, por su parte, ofrece a Canadá un mercado de unos 450 millones de consumidores y una oportunidad para diversificar inversiones, exportaciones y alianzas estratégicas.
Es una relación nacida de la afinidad política, pero también de una necesidad recíproca muy concreta. Ambas partes intentan protegerse frente a una misma realidad: el debilitamiento del sistema internacional basado en reglas y el creciente uso del comercio, la tecnología y los recursos naturales como instrumentos de coerción.
Von der Leyen aseguró que la iniciativa “no va contra nadie más”. Diplomáticamente, tenía que decirlo. Geopolíticamente, cuesta separar la propuesta del deterioro simultáneo de las relaciones de Canadá y Europa con Washington. La ironía es evidente.
Trump pretendía reafirmar el dominio estadounidense sobre su entorno inmediato, pero su agresividad está incentivando que uno de sus socios más próximos busque contrapesos al otro lado del Atlántico.
La presión concebida para generar obediencia comienza a producir autonomía.
Sin embargo, conviene no confundir el alcance simbólico del anuncio con una integración ya consumada. La pertenencia plena a la Unión Europea está reservada por sus tratados a Estados europeos. Crear una asociación especial para Canadá requerirá negociaciones complejas y el respaldo de los países miembros.
Además, diez Estados de la UE todavía no han ratificado plenamente el propio CETA, casi una década después de su firma. Esa paradoja permite medir la distancia que puede existir entre una gran declaración política y su aplicación efectiva.
Lo más probable es que el eventual estatus canadiense no reproduzca una adhesión tradicional. Podría consistir en una integración sectorial: participación en programas europeos de defensa, coordinación tecnológica, cadenas de suministro compartidas, acuerdos sobre materias primas y mecanismos comunes de seguridad económica. Sería menos que formar parte de la UE, pero bastante más que un tratado comercial.
El verdadero alcance de la propuesta está precisamente ahí. Europa comienza a imaginar una estructura más flexible, capaz de vincular estrechamente a democracias que comparten sus intereses aunque no pertenezcan geográficamente al continente. Canadá podría convertirse en el primer ensayo de ese nuevo modelo.
Trump quiso acercar a Canadá por la fuerza. Puede terminar siendo el presidente que lo empujó hacia Europa.
