Por revistaeyn.com
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU pidió a la comunidad internacional que exija responsabilidades al Gobierno de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales al presentar por primera vez sus conclusiones ante la Asamblea General.
“Durante décadas, Nicaragua ha promovido la situación de Centroamérica en la Asamblea General de la ONU, como una región de paz, democracia y desarrollo”, señaló Jan-Michael Simon, Presidente del Grupo.
Las últimas conclusiones del Grupo, basadas en más de 1.900 entrevistas y 9.300 documentos, revelan una política deliberada del Estado para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho.
Los expertos han documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018 de manera generalizada y sistemática, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.
El creciente número de desapariciones forzadas es profundamente inquietante, como denunció recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas.
“El aumento del uso de la desaparición forzada por parte del Gobierno refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre”, afirmó Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
PERSECUSIÓN DE OPOSITORES
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo también ha ampliado su represión más allá de sus fronteras, contra personas opositoras reales o percibidas en el exterior. Miles han sido víctimas: despojadas de su nacionalidad, su identidad jurídica, sus bienes y sus medios de vida; vigiladas, hostigadas y amenazadas.
“La privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir”, dijo Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos. “Destruye vidas de manera práctica y devastadora: separa familias, bloquea el acceso a la educación o al trabajo y corta el vínculo de las personas con su país”.
En junio de 2025, el mayor retirado Roberto Samcam, conocido crítico del Gobierno, fue asesinado en Costa Rica. Fue, al menos, el cuarto ataque contra una persona exiliada en ese país.
“Las personas exiliadas que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo viven en constante miedo”, señaló Brody. “El Gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero, negándoles documentos vitales y el reingreso al país, intimidando a sus familiares en Nicaragua y manipulando los mecanismos internacionales de aplicación de la ley”.
Los expertos también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad.
“El aislamiento del Gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad”, afirmó Simon. “La consideración de Nicaragua en este foro es una señal de alerta de que la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”.
“La comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas —acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas— para exigir responsabilidades al Gobierno y a los perpetradores individuales”, dijo Peralta. “El valor de las víctimas y la persistencia de quienes documentan su sufrimiento demuestran que el cambio sigue siendo posible”.
El Grupo instó a los Estados Miembros a adoptar medidas decisivas, entre ellas fortalecer los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüenses en el exilio y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.
