Por: estrategiaynegocios.net
Luego que entre forcejeos con magistrados, el Ministerio Público (MP) de Guatemala incautó este sábado las actas de las pasadas elecciones en el allanamiento realizado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), no se han hecho esperar las fuertes críticas por parte de la comunidad internacional.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció a través de un comunicado, en el que aseguró que “este permanente asedio sin fundamentos ni motivación clara del MP constituye una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios. Un ataque de esta naturaleza no tiene precedentes en las observaciones electorales de las últimas décadas y constituye un ejemplo vergonzoso para el hemisferio”.
Asimismo, la OEA manifestó que con el Fiscal Rafael Curruchiche está violando flagrantemente la soberanía del pueblo guatemalteco ya que “mancillar los materiales electorales es un agravio de extrema gravedad que implica responsabilidades legales que deberían tener consecuencias”.
La denuncia de un posible rompimiento constitucional también fue hecha por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Se alista un golpe de estado en Guatemala. Todos los gobiernos democráticos de las Américas y del mundo deben estar listos a responder”, indicó el gobernante izquierdista en la red X.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, escribió en X que su gobierno exigirá “rendición de cuentas a quienes participen en acciones para socavar la transición democrática al presidente electo” tras rechazar el operativo de la fiscalía. “Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, agregó el funcionario estadounidense.
Asimismo, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó “con toda firmeza” el “inaceptable allanamiento” al TSE. “El asedio a la democracia no puede continuar”, expresó en X
SECTOR EMPRESARIAL SE PRONUNCIA
Las acciones emprendidas por el MP contra el TSE también provocaron la reacción de diversas cámaras y asociaciones empresariales. Una de ellas es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que mediante un comunicado de prensa destacó que la integridad del proceso electoral debe ser defendida y reiteró su posición de que los resultados electorales de la primera y segunda vuelta ya fueron oficializados por el TSE, y que los mismos “son inalterables y ninguna investigación penal puede modificarlos”.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA) también se pronunció a través de comunicado de prensa, en el que manifestó su rechazo “a los atropellos y el abuso de autoridad que viene cometiendo el Ministerio Público” y recordó que el TSE ya ha oficializado debidamente los resultados de las elecciones generales 2023, por lo que todas las autoridades electas deberán asumir en la fecha estipulada por ley. Asimismo, hizo un llamado urgente al Organismo Judicial para “detener los actos ilegales que el Ministerio Público está realizando y que se certifique lo conducente” e instó a todos los organismos e instituciones del Estado a no ser cómplices de acciones que socaven la institucionalidad democrática del país.
La Cámara de Comercio de Guatemala se unió a este llamado al recordar que el 20 de agosto quedaron legítimamente electos el binomio conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, “quienes irreversiblemente deberán tomar posesión de sus cargos el próximo 14 de enero de 2024”.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE) criticó las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el TSE, calificando éstas como un atropello contra la democracia del país, y aseguró que la Corte de Constitucionalidad “ya ha sido suficientemente permisiva con estos abusos y debe detenerlos”.
Ante la situación política del país, organizaciones como la Junta Directiva y el Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, ya están anunciando acciones de protesta. El 18 de septiembre recién pasado, ya habían entregado un memorial en el que solicitaron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Currichiche y del juez Freddy Orellana. Al no tener respuesta sobre la solicitud, anunciaron que a partir del lunes 2 de octubre se declaran en paro nacional y procederán a bloquear distintos puntos del país como una medida de presión.
