época de ‘primavera democrática’, para la mayoría, o de grandes manipulaciones y conspiraciones, según otros. Pero sin duda, para la historia el 2015 quedará grabado en el imaginario colectivo como el año vertiginoso en que la sociedad guatemalteca se enfrentó a su clase política.
Fundamentos que explican
Desde los inicios de la instauración de la democracia en los ochenta del siglo XX, la apuesta por una sociedad democrática ha tenido un valladar central en los políticos y sus malas prácticas: altos niveles de corrupción, clientelismo, caudillismo, tráfico de influencias, financiamiento ilícito y nepotismo son un dato común en múltiples estudios y diagnósticos.
Si la política se considera como la actividad social para lograr el bien común, en Guatemala es una premisa reiterativamente negada por la experiencia cotidiana.
Aunque algunas de estas conductas son observables en la clase política de otras latitudes, en Guatemala, se suma a lo anterior la alta volatilidad de los partidos políticos como rasgo institucional del sistema y la práctica habitual del transfuguismo partidista a nivel individual. Por estos motivos algunos autores han llegado al extremo de clasificar el caso guatemalteco como un ejemplo de party non system (no sistema de partidos).
En treinta años de democracia, ningún partido político ha logrado ganar la presidencia de la República en más de una ocasión y la vida promedio de un partido guatemalteco no sobrepasa los diez años. Al respecto un dato resulta impactante: casi la mitad de los partidos que han logrado llegar al gobierno ya no existen, como revela un análisis de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asies).
Pero esta lectura desde la academia, en los hechos se traduce -para el caso guatemalteco- en que los actores persistentes en el sistema no sean los partidos y sus tendencias programáticas, sino diversos grupos de políticos influyentes -en algunos casos clanes familiares- que pueden estar, o no, agrupados en torno a un líder.
Algunos han conseguido institucionalizar este grupo como un partido político durante un tiempo un poco más largo, pero la mayoría no lo han logrado. Es un fenómeno que el mismo jefe la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, ha calificado como "partidos tipo franquicia".
Los efectos más importantes y visibles para el ciudadano común: el ostentoso y desenfrenado crecimiento del patrimonio cada cuatro años de los mismos grupos políticos tradicionales y su predominio en el Estado y principalmente en el Parlamento, verdadero epicentro de los vicios del sistema.
Derrumbe de Pérez Molina
Al iniciar el cuarto año de gobierno del general Otto Pérez Molina, todo auguraba una transición ritual en el ciclo ya señalado, que terminaría con la transmisión del poder al presidenciable del partido de turno en enero de 2016, Manuel Baldizón, favorito a la presidencia de acuerdo con las primeras encuestas electorales y representante emblemático del sistema político tradicional. El mismo eslogan de su campaña anunciaba la actitud triunfalista: "Te Toca".
Pero, de repente todo cambió. El día 17 abril, la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, acompañada del abogado colombiano Iván Velásquez, titular de Cicig, anunciaba a la opinión pública la captura de varios implicados en un caso de cobro de sobornos millonarios y defraudación en las Aduanas, encabezados por las autoridades tributarias y aduanales de más alto nivel y que señalaba a Juan Carlos Monzón, entonces secretario privado -y hombre de confianza- de la vicepresidenta Roxana Baldetti, como cabecilla de la red de corrupción.
La conferencia de prensa presentaba de manera preliminar los audios de llamadas telefónicas, gráficas y cuadros sobre la composición de la estructura criminal denominada "La Línea". Un caso contundente y que según las apreciaciones más serias apuntaba a la participación directa del entonces binomio presidencial.
Una semana después, el 25 de abril, la plaza central de ciudad de Guatemala se llenó de miles de manifestantes pidiendo la renuncia de la vicepresidenta e inaugurando un ciclo de protestas ciudadanas que colmaría la plaza desde los meses de abril a septiembre. Esta primera protesta bautizada por la red social Twitter como #25A, resultaría algo inédito en varios sentidos: por su tamaño, por su composición multisectorial, por su espontaneidad, sus métodos pacíficos, pero sobre todo por su explícito carácter político contra las autoridades y la clase política en general.
A principios de mayo, Baldetti renunció a su cargo y hoy guarda prisión preventiva.
El 16 de mayo (#16M), siguió otra manifestación más masiva que la anterior, ahora pidiendo la renuncia del Presidente. El 2 de septiembre, Pérez Molina presentaría su renuncia al cargo luego de perder su inmunidad y sería puesto en prisión provisional por los tribunales guatemaltecos, apenas unos días después de la mayor protesta registrada hasta el momento y acompañada de un paro empresarial, el día 27 de agosto (#27A), que movilizó a la calle según los datos disponibles alrededor de 100.000 participantes en la capital, otros 150.000 en el resto del país y generó más de 12 millones de interacciones en las redes sociales.
Las semanas siguientes se develarían más denuncias y capturas por casos de corrupción similares en contra de autoridades del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, la Policía Nacional Civil y otra estructura conocida como "Redes" donde uno de los implicados sería Gustavo Martínez Luna, secretario presidencial y yerno del presidente Pérez.
El resultado de toda esta compleja dinámica política se tradujo en el derrumbe del gobierno, que pasó, en cuestión de semanas, de una complicada crisis política a una de legitimidad y que perfilaba a finales de agosto hacia una crisis de Estado, que finalmente no llegó a tal punto, derivado de los efectos de distensión política que generó la dimisión presidencial y el proceso judicial del mandatario, combinado con las elecciones generales de septiembre llevadas en un ambiente general de calma política y alta participación ciudadana.
En esas elecciones presidenciales en primera vuelta, celebradas en septiembre, el aspirante presidencial del partido LIDER (Libertad Democrática Renovada), Manuel Baldizón quedaría relegado del balotaje, superado por la candidata que ocupaba el tercer lugar en las encuestas, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Y contra todo pronóstico, en la segunda ronda, celebrada el 25 de octubre, el actor y comediante Jimmy Morales resultaría electo Presidente de Guatemala para los próximos cuatro años, postulado por un partido poco conocido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que participaba por primera vez en una contienda presidencial.
No obstante, aunque en términos generales el estado guatemalteco continúo con niveles de funcionamiento normales durante todos los meses de la crisis y asumió un gobierno provisional encabezado por el jurista Alejandro Maldonado, a nivel de algunos sectores (como el de la salud pública), el sistema está prácticamente colapsado y enfrenta la peor crisis de los últimos veinte años, de acuerdo con un informe elaborado por el ombudsman guatemalteco, Jorge de León Duque, con el que coinciden otros expertos.
Al respecto, un dato que suscita la indignación social y muestra los costos humanos de las mafias estatales: las infecciones en pacientes renales aumentaron en un 900 % -al momento han muerto 35-.
Esto ocurrió en el lapso en que una estructura que operaba en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) encabezada por Juan de Dios Rodríguez (expresidente de la institución, ahora preso) favoreció con contratos anómalos a la empresa mexicana Droguería Pisa, para prestar servicios de hemodiálisis a los afiliados a cambio de comisiones millonarias.
Entramado corrupto
"Hasta ahora (el expresidente) Pérez Molina en verdad está pagando los platos rotos del sistema. El Congreso le quitó la inmunidad, desviando así la atención de su propia corrupción", escribió la académica del Harverford College Anita Isaacs, en un análisis reciente sobre Guatemala publicado en The New York Times.
En el mismo sentido, el comisionado Velásquez ha dicho sobre las investigaciones de Cicig: "No es el tema de la corrupción vinculada a un gobierno o un sector, es una corrupción que está realmente muy extendida en el país", (entrevista en El Periódico, 31 de julio de 2015).
Entre los casos a cargo de la Comisión que implican a los demás poderes del Estado se encuentra el denominado "Lavado y Política", una red ilícita compuesta por diputados del partido LIDER, su ex vicepresidenciable que también ocupó el cargo de presidente del Banco de Guatemala, Edgar Barquín y un conocido operador de las redes de blanqueo de capitales, Francisco Morales, alias ‘ Chico Dólar’ .
A los parlamentarios se les sindica de lavar capitales en la campaña y al ex funcionario de la banca de utilizar su acceso a información privilegiada para beneficiar a la estructura criminal.
Otro caso es el del diputado Pedro Muadi, ex presidente del Congreso, acusado por la creación de plazas fantasma en ese organismo y el único congresista hasta el momento en prisión. Existen otros seis diputados más, implicados en casos similares señalados por el Ministerio Público y la Cicig con antejuicio en trámite.
En cuanto al Organismo Judicial, un magistrado y dos juezas enfrentan procesos por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y sobornos por participar en el denominado "Bufete de la Impunidad", una organización de abogados que conjuntamente con los operadores de justicia trabajaba para grupos criminales a través de una red ilegal que funciona en los tribunales. Algunos buscaron favorecer a miembros del caso "La Línea".
A ninguna observación atenta del proceso guatemalteco escapa el hecho de que la captura y detención del ahora ex Presidente y de algunos de los cuadros más altos de su gobierno, además de otros funcionarios judiciales, no implica necesariamente el desmantelamiento total de las estructuras criminales que han tomado el Estado guatemalteco desde la época de la guerra interna.
El estudio especializado de los efectos y las relaciones del crimen organizado con la política da cuenta de dos grandes modalidades: por una parte, el surgimiento del crimen en zonas de debilidad estatal y por otra, el surgimiento del crimen en alianza con la clase política y los agentes estatales.
Aunque la primera perspectiva apuntada es la más señalada en la mayoría de análisis, es la segunda, la que ha adquirido más importancia en la región centroamericana y muestra las complejidades de la relación entre crimen y política.
En esta temática, el caso del estado guatemalteco encaja en lo que los expertos denominan "reconfiguración cooptada del estado", de acuerdo con el estudio titulado Narcotráfico, corrupción y estados. Este estudio colectivo explica cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México, y fue publicado en 2012, coordinado por los académicos colombianos Luis Garay y Eduardo Salcedo.
Otro análisis similar concluye que, "la infiltración de personas, o de intereses criminales, al interior de las instituciones democráticas, tiene efectos de corto y de largo plazo. En el corto plazo, se favorece la dinamización de nuevas tecnologías delictivas, aumentando la cantidad y la complejidad de distintos tipos de crímenes (captura avanzada del estado).
En el largo plazo, esta infiltración genera distorsiones estructurales en aquellas instituciones formales e informales que se han interpretado como fundamentos de la noción moderna del Estado (reconfiguración cooptada del estado)". (NdR: Lavado de Activos y Narcotráfico en Guatemala: Análisis de Red Ilícita de Reconfiguración Cooptada del Estado, a cargo de los autores ya citados).
Cabe mencionar que este es un esquema de análisis originalmente pensado para estudiar el fenómeno de llamada parapolítica colombiana, tema que de paso, conoce muy de cerca el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.
Retos del nuevo gobierno
En el balance de las movilizaciones ciudadanas de abril a septiembre de 2015 y los cambios políticos que las acompañaron, es claro que impulsaron la caída del gobierno, la depuración de hecho de algunos miembros centrales de la clase política tradicional en las elecciones generales -Baldizón y Torres- y sobre todo configuraron un cambio en la cultura política de la sociedad guatemalteca, en la línea de lo que expertos como Daniel Zovatto denominan una ciudadanía vigilante, que parece haber comprendido que "la política importa".
Sin duda, hay en este nuevo escenario para la democracia guatemalteca, un capital aprovechable para el gobierno de presidente Jimmy Morales, que en gran parte es un producto también de ese nuevo espíritu ciudadano.
El reto es si Morales estará a la altura de esta nueva ciudadanía o por razones de realismo político cederá ante las presiones de los políticos tradicionales todavía atrincherados en el Congreso.
Este es el dilema central del gobierno que se estrena en enero de 2016.
El Organismo Legislativo continúa siendo el último bastión de un sistema y una clase política mafiosa en sus métodos y acostumbrada a la impunidad que es uno de los rasgos característicos del país.
Por lo pronto, un pulso importante se dará en la negociación del Presupuesto para el 2016 con los diputados, donde el Presidente electo nombró una comisión para debatir sobre el tema, con la propuesta del gobierno entrante de una reducción de alrededor de US$ 400 millones de un total de US$9.350 millones proyectados por el Ejecutivo.
Al momento, los diputados han aceptado la reducción pero por un monto menor. El Presidente electo Morales solo cuenta con una bancada de 11 diputados entre un total de 158 en el parlamento.
Para los analistas, es obvio que el de 2016 fue un presupuesto inflado de un año electoral, donde el partido derrotado en las elecciones y mayoritario en el parlamento asumía una victoria.
Con todo, las batallas por la gobernabilidad se darán en el Congreso y el rumbo que tomen dependerá de las actitudes de los diputados de las bancadas mayoritarias hacia el gobierno de FCN y la respuesta de este a sus presiones.
Alternativas para Morales
En las posibilidades, la más deseable para muchos - pero probable- es que Jimmy Morales se mantenga firme y arrincone a las mafias del Congreso.
Para este escenario cuenta con poderosos aliados: la ciudadanía en primer lugar, la CICIG y los intereses de Estados Unidos, que optará por un clima político estable para impulsar su iniciativa de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador) anunciada por el presidente Barack Obama en 2014. En la otra posibilidad, si el gobierno entrante cede ante las presiones a cambio de una gobernabilidad básica podría generar una nueva ola de movilizaciones que lo arrastre junto con el Congreso. Y el país entraría en una nueva crisis política.
Eligir entre la ciudadanía o los políticos será la gran disyuntiva trágica del gobierno del comediante Morales.
*Sociólogo y analista político
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El año que concluye será memorable para los guatemaltecos por diversas razones: las protestas masivas, los enjuiciamientos y detención de funcionarios, la renuncia y encarcelamiento de un Presidente y unas extrañas elecciones que destruyeron todos los pronósticos y sacudieron el sistema político. época de ‘primavera democrática’, para la mayoría, o de grandes manipulaciones y conspiraciones, según otros. Pero sin duda, para la historia el 2015 quedará grabado en el imaginario colectivo como el año vertiginoso en que la sociedad guatemalteca se enfrentó a su clase política.
FUNDAMENTOS QUE EXPLICAN
Desde los inicios de la instauración de la democracia en los ochenta del siglo XX, la apuesta por una sociedad democrática ha tenido un valladar central en los políticos y sus malas prácticas: altos niveles de corrupción, clientelismo, caudillismo, tráfico de influencias, financiamiento ilícito y nepotismo son un dato común en múltiples estudios y diagnósticos.
Si la política se considera como la actividad social para lograr el bien común, en Guatemala es una premisa reiterativamente negada por la experiencia cotidiana.
Aunque algunas de estas conductas son observables en la clase política de otras latitudes, en Guatemala, se suma a lo anterior la alta volatilidad de los partidos políticos como rasgo institucional del sistema y la práctica habitual del transfuguismo partidista a nivel individual. Por estos motivos algunos autores han llegado al extremo de clasificar el caso guatemalteco como un ejemplo de party non system (no sistema de partidos).
En treinta años de democracia, ningún partido político ha logrado ganar la presidencia de la República en más de una ocasión y la vida promedio de un partido guatemalteco no sobrepasa los diez años. Al respecto un dato resulta impactante: casi la mitad de los partidos que han logrado llegar al gobierno ya no existen, como revela un análisis de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asies).
Pero esta lectura desde la academia, en los hechos se traduce -para el caso guatemalteco- en que los actores persistentes en el sistema no sean los partidos y sus tendencias programáticas, sino diversos grupos de políticos influyentes -en algunos casos clanes familiares- que pueden estar, o no, agrupados en torno a un líder.
Algunos han conseguido institucionalizar este grupo como un partido político durante un tiempo un poco más largo, pero la mayoría no lo han logrado. Es un fenómeno que el mismo jefe la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, ha calificado como "partidos tipo franquicia".
Los efectos más importantes y visibles para el ciudadano común: el ostentoso y desenfrenado crecimiento del patrimonio cada cuatro años de los mismos grupos políticos tradicionales y su predominio en el Estado y principalmente en el Parlamento, verdadero epicentro de los vicios del sistema.
DERRUMBE DE PéREZ MOLINA
Al iniciar el cuarto año de gobierno del general Otto Pérez Molina, todo auguraba una transición ritual en el ciclo ya señalado, que terminaría con la transmisión del poder al presidenciable del partido de turno en enero de 2016, Manuel Baldizón, favorito a la presidencia de acuerdo con las primeras encuestas electorales y representante emblemático del sistema político tradicional. El mismo eslogan de su campaña anunciaba la actitud triunfalista: "Te Toca".
Pero, de repente todo cambió. El día 17 abril, la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, acompañada de
