Por: Revistaeyn.com
Nicaragua pondrá en funcionamiento este sábado 22 de agosto una infraestructura tecnológica capaz de observar en tiempo real desde los movimientos bajo la superficie terrestre hasta lo que ocurre en las calles de Managua.
El Centro de Monitoreo y Alerta Temprana Momotombo fue presentado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como el nuevo cerebro del sistema nacional de prevención y respuesta ante terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, incendios y accidentes.
La instalación, construida en el sector de Bolonia, en Managua, reunirá datos procedentes de cientos de sensores, cámaras, estaciones de vigilancia, drones, robots y redes de comunicación distribuidos en distintos puntos del territorio.
Sobre el papel, se trata de una inversión necesaria en uno de los países más expuestos de Centroamérica a amenazas naturales. Nicaragua se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y volcánica, tiene una extensa costa caribeña expuesta a huracanes y enfrenta inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.
El problema no está solamente en lo que la tecnología puede hacer para proteger vidas. Está en todo lo demás que también puede hacer y en quién tendrá el control de la información.
Momotombo comenzará a operar en un país sin contrapesos institucionales independientes, donde el Gobierno mantiene bajo persecución a opositores, periodistas, religiosos, empresarios y organizaciones civiles, y donde las autoridades ya utilizan la vigilancia territorial y digital como herramientas de control político.
No existe evidencia pública que permita afirmar que el nuevo centro utilizará reconocimiento facial o que haya sido diseñado específicamente para espiar a opositores. Tampoco se conocen, sin embargo, reglas que prohíban esos usos o que limiten la incorporación futura de nuevas capacidades.
Esa ausencia de garantías convierte una infraestructura legítima de gestión de riesgos en una tecnología de uso dual: puede encontrar a una persona atrapada después de un terremoto, pero también puede seguir movimientos urbanos, registrar concentraciones de ciudadanos e identificar patrones de actividad considerados sensibles por el poder político.
¿Qué es exactamente el centro Momotombo?
La instalación formará parte del Sistema Nacional de Respuesta a Emergencias y será administrada por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).
De acuerdo con la explicación oficial del director de Sinapred, Guillermo González, el proyecto integrará dos centros de mando interconectados. El principal funcionará en Momotombo y un segundo centro, instalado a distancia, operará como respaldo.
Ambos recibirán y procesarán información simultáneamente. Si el centro principal queda inhabilitado durante una emergencia, el alterno podrá asumir sus funciones.
El diseño es coherente con los estándares modernos de continuidad operativa para infraestructura crítica: un sistema de emergencia no puede depender de un único edificio que podría resultar afectado por el mismo terremoto, huracán o incendio que debe monitorear.
La plataforma estará conectada con los 153 municipios nicaragüenses y podrá recibir datos, fotografías y videos desde los territorios. También permitirá compartir la información con instituciones de primera respuesta y coordinar operaciones desde un solo centro.
Según los datos divulgados por las autoridades, el sistema comprende 258 “sitios inteligentes” y la compra de 405 equipos de diferentes categorías.
La tecnología detrás de la red
Uno de sus componentes centrales será la ampliación de la red sísmica. El proyecto incorporará 97 equipos para detectar y medir movimientos terrestres, que se sumarán a la infraestructura existente del Ineter.
La automatización permitirá localizar con mayor rapidez el epicentro de un sismo, determinar su magnitud y transmitir esa información al centro de mando sin depender de procesos manuales.
Otros 25 puntos estarán destinados a la vigilancia volcánica. Las estaciones no solamente utilizarán cámaras web para observar los volcanes durante las 24 horas: también medirán emisiones de gases, temperatura y actividad sísmica, indicadores que pueden advertir cambios en su comportamiento.
La red incluye, además, 20 estaciones para controlar ríos considerados de alto riesgo. Los sensores buscarán detectar aumentos repentinos del caudal y posibles inundaciones, especialmente durante huracanes o lluvias intensas.
En Managua se instalaron 172 sistemas inteligentes de altavoces en hospitales, escuelas, instituciones públicas y otros lugares considerados estratégicos. Su función será transmitir alertas e instrucciones ante acontecimientos súbitos.
También se habilitaron tres grandes repetidoras, dos de ellas en los volcanes Casita y Mombacho, conectadas a una red de 50 terminales. A estas capacidades se agregarán comunicaciones satelitales, redes inalámbricas y vehículos de comando, según la información oficial.
La incorporación de comunicación satelital es especialmente relevante en una emergencia, porque permite mantener enlaces cuando las redes terrestres o la telefonía convencional quedan interrumpidas.
Drones y “perros robot”
Los elementos que más atención han generado son los drones y los robots de cuatro patas, presentados popularmente como “perros robot”.
En una operación de rescate, los drones pueden sobrevolar territorios a los que resulta difícil llegar por tierra y enviar imágenes de carreteras, puentes, comunidades inundadas o edificios dañados. También permiten calcular la extensión de una inundación o localizar posibles rutas de acceso.
Los robots cuadrúpedos pueden desplazarse entre escombros o entrar en lugares inestables y peligrosos para los rescatistas. Equipados con cámaras, sensores térmicos y detectores de vida, podrían ayudar a localizar personas atrapadas sin exponer inicialmente a los equipos humanos.
Se trata de aplicaciones habituales y legítimas de este tipo de tecnología. El riesgo comienza cuando los mismos drones, cámaras de alta definición, sensores térmicos y robots conectados son utilizados fuera de una emergencia.
Un dron capaz de identificar daños en una protesta también puede registrar a quienes participan en ella. Una cámara instalada para detectar accidentes puede observar desplazamientos cotidianos. Un sistema diseñado para transmitir imágenes desde los municipios puede centralizar información sobre reuniones, actividades comunitarias o movilizaciones.
La tecnología no distingue por sí misma entre protección civil y vigilancia política. Esa separación depende de la ley, los protocolos de operación, los controles institucionales y la posibilidad de exigir cuentas a quienes administran los datos.
Las cámaras que observarán Managua
El componente que presenta mayores implicaciones para la privacidad es el sistema de videocámaras urbanas.
González afirmó que permitirá ver accidentes de gran magnitud, incendios y otras situaciones que puedan afectar a la población. En una presentación anterior también se mencionaron visualizaciones de la circulación vehicular y del comportamiento cotidiano en la ciudad.
Las autoridades no han informado públicamente cuántas cámaras integran la red, dónde están ubicadas, qué resolución tienen, si incorporan análisis automatizado de imágenes o durante cuánto tiempo conservarán las grabaciones.
Tampoco se ha aclarado quién podrá acceder a ellas, si la Policía podrá consultar las imágenes directamente, bajo qué condiciones podrían ser compartidas con otras instituciones o si se requerirá una orden judicial para utilizarlas con fines distintos de la respuesta a emergencias.
No hay confirmación pública de que el sistema incorpore reconocimiento facial, identificación biométrica, lectura automatizada de placas vehiculares o seguimiento algorítmico de personas. Por rigor, esas funciones no pueden presentarse como hechos.
Pero tampoco se ha divulgado una arquitectura técnica que permita descartarlas.
Las cámaras, los enlaces de datos, el centro de procesamiento y las bases de almacenamiento constituyen la infraestructura sobre la cual esas capacidades pueden agregarse posteriormente mediante software. Esa posibilidad vuelve indispensables unos controles que, hasta ahora, no han sido explicados.
Un crédito chino con diferencias en su costo
La obra fue financiada mediante un acuerdo con la compañía estatal China CAMC Engineering Co. Ltd. —conocida como CAMCE—, firmado el 27 de junio de 2024 y aprobado por la Asamblea Nacional en agosto de ese año.
El contrato original ascendía a 242,39 millones de yuanes, equivalentes entonces a unos US$34 millones. Las autoridades nicaragüenses hablan ahora de una inversión superior a US$42 millones, sin que se haya publicado una explicación completa sobre la diferencia entre ambos montos.
Según los términos divulgados del acuerdo, Nicaragua pagará el financiamiento en diez años, con dos años de gracia y una tasa anual de 4,45%. También contempla una comisión inicial de 1,3%, otra de apertura de 0,5%, una comisión de agencia de 1,2% y un cargo de compromiso de 0,7% sobre los recursos no desembolsados.
Por lo tanto, no se trata de una donación china. Es una compra tecnológica financiada que generará obligaciones para el Estado nicaragüense.
La operación reproduce una modalidad frecuente en los nuevos acuerdos entre Managua y Pekín: empresas chinas financian proyectos que ellas mismas construyen, equipan o abastecen. Esto reduce la competencia entre proveedores y dificulta conocer cuánto corresponde al costo de la infraestructura, cuánto al equipamiento y cuánto a servicios, capacitación y financiamiento.
Dos grupos de funcionarios nicaragüenses viajaron a China para recibir formación en el manejo de los sistemas. Esta transferencia técnica puede contribuir a la preparación del personal, pero también plantea preguntas sobre mantenimiento, actualizaciones, dependencia del proveedor y acceso remoto a la infraestructura.
No se ha informado quién tendrá las llaves digitales del sistema, quién administrará sus actualizaciones, dónde se alojarán los datos ni qué participación conservará la empresa china una vez que la plataforma entre en operación.
El riesgo no nace en China, sino en la falta de controles
Que la tecnología provenga de China no demuestra por sí solo que será utilizada para espionaje político. Cámaras, sensores, drones y centros de mando de origen chino operan en sistemas de emergencia y seguridad de numerosos países.
El factor crítico es el entorno institucional que recibe esa tecnología.
En Nicaragua, la concentración del poder ha eliminado las posibilidades reales de supervisión independiente. La Asamblea Nacional responde al oficialismo, el sistema judicial carece de autonomía y el espacio de operación de la prensa y las organizaciones civiles fue prácticamente clausurado.
En abril de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la concentración total del poder en la familia Ortega-Murillo mantiene una de las crisis de derechos humanos más graves del continente. Documentó arrestos arbitrarios, persecución política y religiosa, restricciones a las libertades fundamentales y vigilancia constante por agentes estatales y paraestatales.
La CIDH también señaló que la persecución física y digital alcanza a periodistas, defensores de derechos humanos y cualquier persona considerada crítica del régimen, incluso fuera de Nicaragua.
En ese contexto, las garantías sobre Momotombo no pueden descansar únicamente en la promesa del mismo Gobierno que controlará las cámaras, los equipos y las bases de datos.
De la “vigilancia revolucionaria” a la vigilancia automatizada
El nuevo centro tampoco comienza desde cero.
El sistema político nicaragüense ya utiliza estructuras territoriales partidarias para recopilar información sobre comunidades, familias y personas consideradas opositoras. En 2025, Ortega volvió a llamar a reforzar la denominada “vigilancia revolucionaria” en barrios y localidades.
Hasta ahora, buena parte de ese control ha dependido de redes humanas: militantes, estructuras vecinales, Policía y operadores del oficialismo. Momotombo introduce la posibilidad de agregar una nueva red: vigilancia automatizada, centralizada y permanente.
La diferencia es de escala. Un informante puede observar una calle o un barrio; una red digital puede recibir simultáneamente imágenes y datos desde cientos de puntos, conservarlos y cruzarlos con otras fuentes de información.
El peligro no requiere que exista una persona observando cada cámara en todo momento. Los sistemas actuales pueden clasificar movimientos, buscar determinados objetos o revisar grabaciones retrospectivamente para reconstruir recorridos y encuentros.
No está probado que Momotombo tenga todas esas capacidades desde su inauguración. El riesgo reside en que ya ofrece la infraestructura básica para incorporarlas y no existe un organismo independiente que pueda auditar qué funciones son activadas.
Una red de estas características debería operar bajo normas públicas que respondan, al menos, estas preguntas: ¿Qué datos e imágenes se recopilarán y con qué finalidad?¿Cuánto tiempo se conservará la información?¿Qué instituciones y funcionarios podrán consultarla?¿Podrá la Policía acceder a las cámaras urbanas?¿Se utilizarán algoritmos de reconocimiento facial o análisis biométrico?¿Los datos podrán combinarse con registros de telecomunicaciones, migración o identidad?¿Qué empresa mantendrá el software y tendrá acceso técnico al sistema?¿Qué mecanismos de ciberseguridad impedirán filtraciones o accesos no autorizados?¿Quién investigará un uso político o ilegal de las imágenes?
Hasta ahora, el régimen no ha presentado públicamente respuestas verificables. Tampoco se conoce una evaluación de impacto sobre privacidad y derechos humanos, una política de retención de datos o una auditoría independiente de la arquitectura tecnológica.
Sin esas salvaguardas, la población queda obligada a confiar en quienes operan el sistema, sin posibilidad efectiva de saber si fue observada, por qué motivo o cómo se utilizó su información.
Momotombo no debe describirse solamente como un “centro de espionaje”, porque buena parte de su equipamiento tiene funciones verificables y valiosas para gestionar emergencias. Pero tampoco puede analizarse como una inversión tecnológica neutral.
En una democracia, la eficacia de una red de monitoreo se evalúa junto con sus garantías. En una dictadura, la pregunta decisiva es qué impide que la infraestructura cambie de misión por una orden política.
