Por revistaeyn.com
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que Nicaragua ha dejado de ser una democracia debido al progresivo desmantelamiento de sus instituciones, la concentración del poder en el Ejecutivo y el partido gobernante, y la eliminación de espacios para la participación política y cívica independiente.
Durante la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk advirtió que la situación en el país es “completamente indefendible” y afirmó que “no queda casi nada por cerrar”, al referirse al alcance de las medidas adoptadas por las autoridades nicaragüenses.
Al informe de Volker Türk, este martes se sumó la presentación del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en la cual se asegura que el Gobierno encabezado por Daniel Ortega, es responsable de la muerte bajo custodia estatal desde 2018 de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la de su hermano Humberto Ortega y la del líder indígena Brooklyn Rivera.
"El Gobierno de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud, y por último la vida", afirmó el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien señaló que las explicaciones dadas por el régimen sobre el fallecimiento del líder indígena están plagadas de inconsistencias.
Respecto al caso de Humberto Ortega, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024, el grupo de expertos subrayó que no pudo verificar las circunstancias de esta muerte pero señaló que hay «serias preocupaciones» en torno a si recibió atención sanitaria oportuna y adecuada.
También recordó que el exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado mayor nicaragüense, que en sus últimos años fue crítico con el Gobierno de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, algo que puede ser considerado trato cruel, inhumano o tortura.
Desmantelamiento progresivo de las instituciones
El documento dado a conocer por el alto comisionado Volker Türk, en la primera jornada de las reuniones que viene desarrollando la ONU en Nueva York, analiza el período comprendido entre el 15 de junio de 2025 y el 15 de junio de 2026. Allí se señala un “desmantelamiento progresivo” de las instituciones democráticas y del Estado de derecho. Según el informe, durante los últimos ocho años fueron disueltas arbitrariamente 5.539 organizaciones y al menos 56 medios de comunicación fueron clausurados.
A este escenario se suma la situación electoral. Las reformas constitucionales aprobadas en primera lectura por el Parlamento el 1 de septiembre excluirían a fuerzas opositoras organizadas de futuras contiendas y pospondrían nuevamente las elecciones hasta 2028. La reforma también contempla extender hasta siete años el mandato de varias autoridades electas, incluida la Presidencia.
El informe sostiene que el partido gobernante controla actualmente el Poder Legislativo, los 153 municipios y los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe. Además, la Ley Orgánica número 1259, adoptada el año pasado, colocó los principales órganos de supervisión bajo autoridad presidencial, reduciendo los contrapesos institucionales y el pluralismo político.
La ONU también documentó el uso de detenciones arbitrarias como mecanismo de represión. Al cierre del período analizado, organizaciones de la sociedad civil reportaban al menos 46 personas detenidas. La Oficina de Derechos Humanos identificó, además, ocho casos de desaparición forzada en curso y cuatro muertes bajo custodia estatal.
Türk advirtió que estas cifras podrían ser superiores debido a la falta de acceso al país, la ausencia de cooperación de las autoridades y el temor de víctimas y testigos a posibles represalias.
La presión también alcanza a nicaragüenses en el exilio. Periodistas, defensores de derechos humanos, críticos y personas consideradas opositoras enfrentan represalias económicas, entre ellas confiscaciones de propiedades, pérdida de pensiones o empleos y restricciones para acceder a servicios sociales.
El informe señala que las confiscaciones judiciales han sido utilizadas sistemáticamente para incautar activos, negocios y propiedades de opositores, empresarios, organizaciones independientes, instituciones religiosas y determinadas entidades privadas.
Ante este panorama, el Alto Comisionado de la ONU instó al Gobierno de Nicaragua a cambiar de rumbo, liberar a las personas detenidas arbitrariamente y restablecer la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
