Por: Revistaeyn.com
Panamá rechazó este miércoles 11 de noviembre que Estados Unidos comparta el control del Canal y reafirmó que su administración corresponde exclusivamente al país, a través de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
La respuesta llegó después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentara la relación bilateral como un esquema de control conjunto sobre la vía interoceánica.
El intercambio reabre una controversia que ha acompañado la relación entre ambos gobiernos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: hasta dónde llega la cooperación estadounidense en seguridad y cómo se distingue de la soberanía y la administración panameñas.
“No hay control de ningún país, salvo el nuestro, en la administración del Canal de Panamá”, afirmó el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, según recogió TVN Noticias. El funcionario explicó que la colaboración con Washington busca proteger la infraestructura crítica, fortalecer la seguridad marítima y enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.
Qué dijo Hegseth y por qué reaccionó Panamá
La controversia comenzó el martes 10 de noviembre durante una conferencia de prensa en el Pentágono. Hegseth vinculó el supuesto control compartido con el desplazamiento de la influencia china en Panamá.
“Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal”, manifestó. El funcionario no precisó qué acciones sustentaban esa afirmación ni a cuáles esfuerzos de Pekín se refería.
La respuesta panameña buscó fijar una posición firme sin escalar la confrontación. Martínez-Acha sostuvo que el Gobierno de José Raúl Mulino no desea involucrarse en rivalidades entre grandes potencias y recordó que la cooperación en seguridad también incluye a Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Colombia y España.
El canciller indicó que Panamá no emitiría una comunicación oficial adicional y sostuvo que su posición está respaldada por la Constitución, el derecho internacional y los tratados.
El antecedente: Hegseth había reconocido la soberanía panameña
La declaración conjunta del 8 de abril de 2025, publicada por la Presidencia de Panamá tras el encuentro entre Mulino y Hegseth, ofrece un antecedente relevante: el propio funcionario estadounidense reconoció entonces la “soberanía irrenunciable de Panamá sobre el Canal de Panamá y sus áreas adyacentes”.
El documento planteó ampliar los entrenamientos y las actividades bilaterales, fortalecer las capacidades de los estamentos de seguridad panameños y revitalizar el diálogo de alto nivel para la protección del Canal. Esos compromisos quedaron expresamente enmarcados en el Tratado de Neutralidad y la Constitución panameña.
Ese antecedente permite identificar el núcleo de la discrepancia: Panamá acepta una cooperación reforzada para proteger la vía, pero rechaza que esa colaboración se presente como una administración compartida.
Quién administra el Canal
El marco institucional atribuye esa responsabilidad a la ACP, una entidad autónoma de derecho público. Según sus fundamentos legales, le corresponden de manera privativa la administración, el funcionamiento, la conservación, el mantenimiento y la modernización de la vía interoceánica y sus actividades conexas.
La Constitución, además, define el Canal como patrimonio inalienable de la nación panameña y establece que debe permanecer abierto al tránsito pacífico e ininterrumpido de las naves de todas las naciones, sujeto a las condiciones de su régimen jurídico.
Panamá asumió el control pleno de la vía el 31 de diciembre de 1999, después de más de ocho décadas de administración estadounidense. Por ella transita entre el 3% y el 5% del comercio mundial.
China y los puertos, el trasfondo de la disputa
La tensión también se alimenta de la competencia entre Washington y Pekín por influencia comercial y estratégica. Desde antes de iniciar su segundo mandato, Trump cuestionó la presencia china alrededor del Canal y planteó recuperar el control estadounidense de la vía, una pretensión rechazada por el Gobierno panameño.
Uno de los focos han sido los puertos de Balboa y Cristóbal. Tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato de Panamá Ports Company, filial de la hongkonesa CK Hutchison, el Gobierno asumió ambas terminales en febrero de 2026 y dispuso una administración transitoria mediante operadores vinculados a Maersk y MSC.
La distinción es central: la operación de terminales portuarias cercanas y la administración del Canal corresponden a ámbitos institucionales diferentes. Los cambios en las concesiones de esos puertos no modifican por sí mismos las competencias constitucionales de la ACP.
Panamá enfrenta el desafío diplomático de sostener la cooperación con su principal socio estratégico sin permitir que se interprete como una cesión de autoridad. El nuevo intercambio muestra que, aun después de los acuerdos de seguridad, ambos gobiernos siguen utilizando términos distintos para describir su relación alrededor del Canal.
Con información de EFE, La Prensa, TVN Noticias, la Presidencia de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá.
