Por revistaeyn.com
El Gobierno de Nicaragua envió a la Asamblea Nacional una iniciativa de “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas”, con la que pretende obligar a los bancos e instituciones financieras a eludir las restricciones financieras internacionales y abrir las cuentas y servicios para las personas sancionadas dentro del territorio nacional.
El artículo 2 de la iniciativa establece que, una vez que sea aprobada, la ley “será aplicada por todas las instituciones a nivel nacional, regional y municipal, así como por las personas naturales y jurídicas, sean estas públicas o privadas en todo el territorio nacional”.
Como parte de la justificación, dice que las sanciones internacionales “tienen como objetivo debilitar la soberanía y el derecho a la autodeterminación de otro Estado, ejerciendo presión sobre individuos, grupos entidades dentro de su territorio, con el fin de influir en sus decisiones políticas o económicas”.
De esta manera, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, Suiza o la Unión Europea a sus operadores e instituciones que han sido señalados como criminales y violadores de derechos humanos.
SANCIONADOS
Desde el 2018 a la fecha, Estados Unidos ha sancionado a alrededor de 50 operadores y funcionarios sandinistas y por lo menos una docena de empresas e instituciones, entre entidades del Estado y entidades comerciales privadas
Entre los impedimentos y bloqueos, estos personajes han sido purgados del sistema financiero, por lo que no pueden abrir cuentas bancarias ni tener tarjetas de débito o crédito. Tampoco pueden acceder a créditos de ningún tipo.
Además, los países que los han designado en estas listas de criminales internacionales han prohibido a sus ciudadanos la posibilidad de entablar vínculos comerciales o empresariales y si tenían bienes a su nombre en esos territorios, fueron congelados.
En el artículo 4 de la iniciativa dice que “En Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, Gobiernos u Organismos Extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”.
Más adelante, en el segundo párrafo del mismo artículo insiste que “Ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado”.
Las instituciones financieras y sus directivos o gerentes están ahora bajo amenaza de cárcel por “traición a la patria” o cierre temporal o definitivo de operaciones si no acatan lo que establecerá está ley, una vez que sea aprobada.
“Las instituciones públicas reguladoras podrán aplicar medidas adicionales a los infractores que lleguen a la suspensión temporal o definitiva de sus operaciones”, dice la iniciativa.
Los bancos nicaragüenses forman parte de una red financiera mundial que se conoce como el sistema Swift. Esta red la conforman más de 11.000 entidades financieras y más de 200 países y territorios. Es una red a gran escala que permite que los pagos transfronterizos sean rápidos, fáciles y seguros.
Pero así como estar en el sistema Swift les permite mover pagos y transacciones internacionales con rapidez, también las somete a reglas de control de activos, prevención de lavado de dinero y, por supuesto, bloqueo de operaciones bancarias nacionales o internacionales a personas que han sido sancionadas por algunos países.
Si Ortega los obliga, mediante esta ley a eludir esa restricción a los sancionados, entonces los bancos locales se pondrán en la mira de los sistemas de control internacional y podrían sacarlos del sistema Swift y con eso impedirles cualquier tipo de transacción internacional.
“Es que si el gobierno los obliga a eso y los bancos son expulsados del sistema Swift, los bancos en Nicaragua quiebran por sí solos. Ortega no tendría necesidad de cerrarlos, porque si a los bancos se les cierran las operaciones internacionales, se acabó. No podrán mover un solo dólar. No podrán realizar transacciones de ningún tipo, ni podrán tener vínculos con bancos corresponsales, que generalmente están en Estados Unidos”, explicó una fuente que ha estado ligado por varios años al sector empresarial del país, pero que aceptó opinar bajo condición de anonimato.
Explicó además que los banco corresponsales actúan como intermediarios para realizar operaciones que requieren acceso a mercados a los que el banco nicaragüense no tiene acceso directo y “ahí estará el problema”, insiste el informante.
Con información de Artículo 66
