Inicialmente, estaba previsto que los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral (TSE) determinaran este jueves si la elección de 2014 en la que fue reelecta la fórmula presidencial Dilma Rouseff (PT, izqquierda)-Michel Temer (PMDB, centroderecha) debía ser invalidada por abusos de poder y financiación ilegal durante la campaña.
Pero este proceso, cuyas primeras denuncias se remontan a diciembre de 2014, mucho antes de que Temer asumiera el poder de la destituida Rousseff el año pasado, no es amante de las prisas.
Y pese a que muchos brasileños lo llegaran a ver como la vía de salida más inmediata para el presidente, investigado paralelamente por corrupción en la Corte Suprema, esta posibilidad parece irse alejando.
'Moderación' es lo que pidió el presidente del TSE, Gilmar Mendes, a sus colegas en la sesión de apertura del martes, consciente de la atención y la relevancia que podría tener para el país el veredicto del juicio.
En las dos jornadas iniciales quedaron patentes las posiciones divergentes de los magistrados, que no lograron pasar de la discusión de cuestiones preliminares. Por lo que acordaron convocar sesiones extraordinarias para seguir debatiendo casi ininterrumpidamente hasta el sábado en la noche, si fuera necesario.
'El tribunal se viene posicionando de forma muy adecuada, desde nuestro punto de vista', dijo el miércoles el abogado de Temer, Gustavo Guedes.
Aunque se espera que el relator del caso, Herman Benjamin, vote para anular la elección de 2014, cada vez más analistas consideran que Temer podría llegar a salvarse en el TSE, donde recientemente nombró a dos magistrados.
Eso, si como muchos expertos pronostican, alguno de los jueces no pide 'vista' para examinar el expediente y el proceso vuelve a detenerse un tiempo más.
El fantasma de la investigación
'El mayor riesgo para Temer sería esa petición de más tiempo', considera la consultora Eurasia Group, al estimar que 'el presidente estaría más vulnerable frente a las investigaciones en curso de la fiscalía' y en manos ya del Supremo Tribunal Federal.
El fiscal general, Rodrigo Janot, vio indicios de corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia por parte del presidente, en base a las declaraciones premiadas de ejecutivos del gigante cárnico JBS.
Entre esas declaraciones estaba la grabación hecha por el dueño de JBS, Joesley Batista, en la que Temer parece dar aval al pago de un soborno.
Desde que ese audio salió a la luz hace tres semanas, la suerte de Temer pende de un hilo.
Y entre varios y prorrogados 'días D', el viernes en la tarde se vence el plazo para que el mandatario entregue por escrito al STF las respuestas a un largo y comprometedor interrogatorio sobre el caso.
Janot, de su lado, podría presentar formalmente cargos contra el mandatario en cualquier momento, pudiendo llegar a apartarlo del poder tras un proceso que debe pasar antes por la Cámara de Diputados.
Entretanto, Temer tiene otros frentes abiertos por los que preocuparse.
Su principal socio de gobierno, el PSDB (centroderecha), hace días que debate si lo abandona, con la vista puesta en las elecciones de octubre de 2018.
Esto podría suponer un golpe mortal para el presidente ya que haría imposible el avance de su mayor bandera: sus reformas promercado para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.
Los dirigentes del PSDB debían reunirse este jueves en Brasilia para tomar una decisión al respecto, pero finalmente decidieron aplazar ese encuentre hasta el lunes, cuando ya se debería tener una idea más clara del juicio en el TSE.
Por otro lado, hay un gran temor en el entorno presidencial de que su cercano exasesor y exdiputado Rodrigo Rocha Loures, detenido el sábado por corrupción, haga una delación premiada con la justicia.
Negándose categóricamente a renunciar pese a los crecientes pedidos de 'impeachmet' y a las manifestaciones en las calles, Temer hizo un ejercicio de fuerza el miércoles ante medio millar de empresarios del agronegocio.
'Conduciremos el gobierno hasta el 31 de diciembre de 2018', prometió el mandatario, apoyándose en el 'vigor' de los representantes del sector que impulsó el tímido crecimiento económico en el primer trimestre del año.
Si las proyecciones de Temer fallan y cae, el Congreso debería elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.