La situación vivida hace un año vuelve a repetirse. El Gobierno advirtió ayer que depende de una emisión de US$260 millones en bonos para pagar el servicio de la deuda de pensiones que vence en octubre, y los subsidios a la energía eléctrica y el gas propano.
"No, no los tengo y esa es la urgencia", dijo ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en una entrevista televisiva Frente a frente, sobre los US$91 millones en Certificados de Inversión Previsional (CIP) que deben pagarse a partir del próximo 4 de octubre, es decir, dentro de 13 días.
El funcionario recordó que el Ejecutivo presentó, a inicios de este mes, una solicitud a la Asamblea Legislativa para que le permitiera emitir US$260 millones en bonos.
De ese monto, explicó, se obtendrían los US$91 millones para el servicio de deuda previsional, y se podrían honrar los pagos atrasados del subsidio eléctrico a las empresas distribuidoras de energía, entre otras obligaciones. Una vez solventados estos compromisos, afirmó, también resolverían el atraso en el pago del subsidio al gas licuado de petróleo.
"Los partidos políticos deben ser generosos y deben ser responsables con la población, deben ponerse de acuerdo", señaló Cáceres.
¿Otro impago?
En octubre del año pasado, el Gobierno vivió una situación similar. En ese momento también dependía de una emisión de deuda para pagar los CIP y seis meses de subsidio a la energía, y la urgencia de esa emisión coincidió con un fuerte entrampamiento político en la Asamblea, situación que perdura hasta hoy.
El principal partido de oposición, ARENA, ha decidido no ceder sus votos para aprobar contratación de deuda pública, incluso aquella destinada a proyectos de inversión. Pide que primero se ordenen las finanzas públicas y este lunes, aunque ofreció diálogo al Gobierno, reiteró esta postura.
La bancada legislativa de ARENA es clave para contratar deuda, pues la ley exige que se apruebe con 56 votos a favor.
En octubre de 2016 el impago de los CIP se evitó con una reforma a la ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP, emisor de estos certificados), que la Sala de lo Constitucional permitió utilizar solo en esa ocasión para luego suspenderla.
Pero los problemas para honrar el servicio de deuda previsional no se disiparon. Con los votos de FMLN, GANA, PDC y PCN, el 18 de enero pasado se aprobó el Presupuesto General de la Nación de 2017, pero no se incluyeron los recursos para pagar los CIP.
La partida quedó abierta solo con US$1,000 bajo el compromiso de buscar luego los fondos para cumplir esta obligación. Abril llegó y la Asamblea falló en lograr un acuerdo, por lo que el Estado dejó de pagar US$56.6 millones.
El perfil crediticio del país se deterioró a un punto en el que ahora es muy difícil para El Salvador encontrar compradores para su deuda, a pesar de que los pagos de abril y los de julio se solventaron con recortes presupuestarios.
Cáceres dijo esperar que el impago no se repita, e insistió en que los partidos deben lograr un acuerdo, pues tampoco puede aplicar otro recorte presupuestario.
"El presupuesto está agotado, ya solamente están los salarios, el pago de la deuda, del Fodes y el pago de obligaciones generales del Estado. Todo lo demás está comprometido", sentenció.
Los CIP es deuda pública que las AFP están obligadas a comprar con los ahorros de sus cotizantes. Sirven para pagar las pensiones públicas y otros beneficios previsionales a cargo del Estado.
