Iván Velásquez presentó el martes el décimo informe de actividades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Recibió, antes de pronunciar palabra, un prolongado aplauso de los asistentes. Conmovido, el exfiscal colombiano, dijo a la audiencia "realmente este y en las condiciones actuales resulta ser un acto tan profundamente emocionante que pueden tener la certeza que siempre perdurara en mi mente y en mi corazón".
El jefe de la Cicig ha sido sediado en las últimas semanas por intentos de expulsión y protestas de grupos que adversan su gestión, despojado unas horas antes de su visa para permanecer en Guatemala.
Acusado por el gobierno guatemalteco y otros sectores de haber traspasado los límites de su mandato, Velásquez aprovechó el acto de aniversario para recordar que: "El mandato conferido a Cicig es mucho más amplio que la mera coadyuvancia y colaboración en la investigación y persecución penal relacionada con estructuras criminales vinculadas con entidades o agentes del Estado y otros sectores, también se le asignaron competencias para identificar estas estructuras, modus operandi, fuentes de financiamiento y la posibilidad de recomendar políticas públicas para erradicar a los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y prevenir su desaparición incluyendo reformas jurídicas e institucionales necesarias".
Estas redes político-económico ilícitas que han cooptado al Estado no están muertas, aseguró Iván Velásquez, por el contrario "avanzan en el camino de reconfiguración de su poder".
En cuanto a las dos primeras competencias, relacionadas con la investigación, afirmó que se ha generado un amplio consenso, "aun en sectores recalcitrantes que hasta hace poco se oponían a la presencia de la comisión" y ahora la reclaman, reconociendo que Cicig no implica lesión de soberanía, no ha sustituido a autoridades nacionales, ni es un poder supranacional que se le hubiera impuesto al país.
"Su fuerza, su credibilidad se derivan de la independencia con que actúa, de la capacidad técnica e investigativa que posee y de que cotidianamente transfiere a los fiscales con los que realiza su labor", sentenció Velásquez.
Lo que no ha sido comprendido por algunos sectores y ha llevado a malos entendidos sobre el mandato y labor de la Comisión es el tercer componente de su competencia, consideró Velásquez.
La Cicig ha dedicado gran parte de sus esfuerzos para promover una revisión del andamiaje normativo, penal y procesal-penal para actualizar el entramado legal que necesitaba de una modernización seria, sin la cual el cumplimiento pleno del mandato se veía limitado, apuntó.Dentro del mandato de la CICIG, está la posibilidad de recomendar políticas públicas, incluyendo reformas jurídicas e institucionales. pic.twitter.com/zj8kQlcQDF
- CICIG Guatemala ⚖️ (@CICIGgt) 11 de octubre de 2017
"Rompiendo fuertes resistencias, se aprobaron reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, incluyendo la instalación de métodos especiales de investigación, la Ley Contra el Lavado de Activos, la Ley de Extinción de Dominio y figuras como la de colaborador eficaz y protección de testigos", recordó el comisionado.
También se crearon en el Ministerio Público la Unidad de Métodos Especiales de Investigación y la Dirección de Análisis Criminal que constituyen hoy el centro neurálgico de procesamiento de información, fortalecimiento de expedientes y generación de insumos para la toma de decisiones estratégicas. Todo ello facilitó al MP y Cicig "desarrollar investigaciones de gran calado que permitieron revelar estructuras criminales de alta sofisticación y gran tamaño que infiltraron profundamente al Estado de Guatemala", sostuvo Velásquez.
"Todas esas antiguas reformas dirigidas a generar un marco normativo más robusto para realizar profundas investigaciones que permitieran identificar, desarticular y perseguir cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, ahora que empezamos a comprender el grado de captura al que han sometido al Estado, deben ascender a niveles superiores que permitan combatir esas estructuras criminales e impedir que reaparezcan", sentenció el comisionado.
Nuevas reformas para consolidar la lucha contra la impunidad
Velásquez sostuvo que la erradicación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad no podrá lograrse efectivamente " si los procesos de selección de Magistrados de altas cortes, salas de apelaciones y otros funcionarios como el Fiscal de la República o el Contralor General de Cuentas son susceptibles de verse determinados por estas redes político-económico ilícitas que han cooptado al estado y avanzan en el camino de reconfiguración de su poder".Frente a este panorama, Cicig presentará en los próximos meses "un informe que incluya políticas públicas que deberían generarse y desarrollarse, y reformas jurídicas e institucionales necesarias para erradicar los CIACS y prevenir su reaparición, detallando cómo cada uno de los temas incide en la captura y cooptación del Estado", anunció su titular.
Este informe, puntualizó, "abordará temas como la reforma del sistema de justicia y de los órganos de control como la Contraloría General de Cuentas, la Ley de Amparo y Exhibición Personal, la Ley de Antejuicio, del Sistema Penitenciario, la revisión del control, supervisión y contenidos en la formación de los abogados y el funcionamiento de las Facultades de Derecho, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, la Ley Electoral de Partidos Políticos, y un completo y estricto régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de interés de los servidores públicos que incluya la inhabilitación permanente cuando cometen delitos contra el patrimonio del Estado".
Velásquez dio un dato: en Guatemala la impunidad total disminuyo apenas del 96.40% en 2008 a 90.87% en 2017, es decir una reducción promedio anual de 0.7%. "El Estado tiene una deuda pendiente con la justicia que debe saldar con urgencia si de verdad quiere luchar en serio contra la impunidad", aseveró.
Pero esta lucha, destacó, reclama además la acción conjunta de todos los poderes públicos y de la ciudadanía, "si no hay una efectiva capacidad de respuesta del Estado frente a la delincuencia, una cultura de consecuencias en la que todo acto ilícito debe dar lugar a una sanción, difícilmente puede establecerse en el país una cultura de legalidad que transforme las relaciones de los ciudadanos entre sí y con el Estado. Además "Una prensa y sociedad vigilantes y activas son la garantía de que la erradicación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad sea una realidad y no se permita su reaparición", concluyó.
