Por El Nuevo Diario
Antonia Urrejola, la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), no descartó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cite la próxima semana a una sesión extraordinaria para activar el inicio del proceso de la aplicación de la Carta Democrática al estado nicaragüense.
"La presidenta del Consejo (Permanente) tiene que ver si hay quórum, etcétera, y allí se empieza a discutir (…) tienen que citar y debe haber quórum, seguramente la otra semana", dijo Urrejola al ser consultada por El Nuevo Diario.
La carta enviada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a la Embajadora Monserrat Solano Carboni, solicitando la activación de este mecanismo, está circulando desde este fin de semana entre los representantes de los estados miembros de la OEA, a fin de obtener el quórum necesario para la convocatoria de la reunión.
La comisionada Urrejola explicó que la convocatoria es apenas un primer paso para aplicar la Carta Democrática Internacional, instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en América Latina.
La carta enviada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a la Embajadora Monserrat Solano Carboni, solicitando la activación de este mecanismo, está circulando desde este fin de semana entre los representantes de los estados miembros de la OEA, a fin de obtener el quórum necesario para la convocatoria de la reunión.
La comisionada Urrejola explicó que la convocatoria es apenas un primer paso para aplicar la Carta Democrática Internacional, instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en América Latina.
Las gestiones de la diplomática están encaminadas a iniciar los pasos para la activación de la Carta Democrática Interamericana, conforme a lo que establece el artículo 20 de este instrumento jurídico.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del pasado 27 de diciembre, el Secretario General, Luis Almagro, anunció el inicio de este proceso para aplicar el instrumento jurídico a Nicaragua, contando con el apoyo de Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.
Según Almagro, el gobierno de Nicaragua se ha negado a buscar una salida a la crisis sociopolítica que empezó el pasado 18 de abril, a través de una propuesta de diálogo. El retiro de la CIDH del territorio nicaragüense agrava la situación y 'sólo queda la vía prevista en el artículo 20 de la Carta Democrática", advirtió Almagro.
Por su parte, Costa Rica, en esa sesión, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para sumar esfuerzos multilaterales en función de garantizar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
Luego, el Consejo Permanente de la OEA tendría que declarar por mayoría simple, con al menos 18 votos, que en Nicaragua hay una alteración al orden constitucional y democrático.
Esto abriría una puerta para ciertas gestiones diplomáticas a fin de buscar una salida a la crisis y asegurar el orden democrático en Nicaragua.
El artículo 20 también señala que durante el proceso se realizarán las "gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad democrática".
"La primera medida es establecer una mediación, por decirlo así, con el Gobierno, habla de gestiones diplomáticas (…) hay todo un procedimiento en la Carta antes de que (el país) sea suspendido de la OEA", agregó la relatora Urrejola.
De no encontrar una salida por la vía diplomática, la aplicación del artículo 20 sería la antesala de que la OEA apruebe el artículo 21, que suspendería por completo a Nicaragua de su participación en este organismo.
El Consejo debe contar con 24 votos para suspender a Nicaragua de este foro internacional, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.
"No es automático, en caso de suspensión de la OEA, se necesitan condiciones", manifestó Urrejola.
Andrés González, exembajador de Colombia ante la OEA, explicó a medios internacionales que todos los requisitos están dados para la apertura del proceso a la aplicación de la Carta Democrática.
"La Carta Democrática lo que pretende es que en nuestro continente se preserven los valores fundamentales de la democracia, la separación de los poderes, pero en especial la garantía y el respeto de los derechos humanos", dijo el exdiplomático.
Por su parte, el exembajador costarricense ante la OEA, Edgar Udalge, afirmó a medios costarricenses que las implicaciones de la activación de este mecanismo son medidas drásticas, que conllevan a la suspensión de créditos por parte de organismos internacionales.
A partir del primero de enero de 2019, el Estado de El Salvador asumirá la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, en sustitución de Costa Rica.
Antonia Urrejola, la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), no descartó que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cite la próxima semana a una sesión extraordinaria para activar el inicio del proceso de la aplicación de la Carta Democrática al estado nicaragüense.
"La presidenta del Consejo (Permanente) tiene que ver si hay quórum, etcétera, y allí se empieza a discutir (…) tienen que citar y debe haber quórum, seguramente la otra semana", dijo Urrejola al ser consultada por El Nuevo Diario.
La carta enviada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a la Embajadora Monserrat Solano Carboni, solicitando la activación de este mecanismo, está circulando desde este fin de semana entre los representantes de los estados miembros de la OEA, a fin de obtener el quórum necesario para la convocatoria de la reunión.
La comisionada Urrejola explicó que la convocatoria es apenas un primer paso para aplicar la Carta Democrática Internacional, instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en América Latina.
La carta enviada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a la Embajadora Monserrat Solano Carboni, solicitando la activación de este mecanismo, está circulando desde este fin de semana entre los representantes de los estados miembros de la OEA, a fin de obtener el quórum necesario para la convocatoria de la reunión.
La comisionada Urrejola explicó que la convocatoria es apenas un primer paso para aplicar la Carta Democrática Internacional, instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en América Latina.
Las gestiones de la diplomática están encaminadas a iniciar los pasos para la activación de la Carta Democrática Interamericana, conforme a lo que establece el artículo 20 de este instrumento jurídico.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA del pasado 27 de diciembre, el Secretario General, Luis Almagro, anunció el inicio de este proceso para aplicar el instrumento jurídico a Nicaragua, contando con el apoyo de Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.
Según Almagro, el gobierno de Nicaragua se ha negado a buscar una salida a la crisis sociopolítica que empezó el pasado 18 de abril, a través de una propuesta de diálogo. El retiro de la CIDH del territorio nicaragüense agrava la situación y 'sólo queda la vía prevista en el artículo 20 de la Carta Democrática", advirtió Almagro.
Por su parte, Costa Rica, en esa sesión, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para sumar esfuerzos multilaterales en función de garantizar el respeto de los derechos humanos en Nicaragua.
EL PROCESO
El artículo 20 faculta a cualquier Estado Miembro o al Secretario General de la OEA a convocar de forma inmediata al Consejo Permanente cuando se produzca "una alteración de orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático".Luego, el Consejo Permanente de la OEA tendría que declarar por mayoría simple, con al menos 18 votos, que en Nicaragua hay una alteración al orden constitucional y democrático.
Esto abriría una puerta para ciertas gestiones diplomáticas a fin de buscar una salida a la crisis y asegurar el orden democrático en Nicaragua.
El artículo 20 también señala que durante el proceso se realizarán las "gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad democrática".
"La primera medida es establecer una mediación, por decirlo así, con el Gobierno, habla de gestiones diplomáticas (…) hay todo un procedimiento en la Carta antes de que (el país) sea suspendido de la OEA", agregó la relatora Urrejola.
De no encontrar una salida por la vía diplomática, la aplicación del artículo 20 sería la antesala de que la OEA apruebe el artículo 21, que suspendería por completo a Nicaragua de su participación en este organismo.
El Consejo debe contar con 24 votos para suspender a Nicaragua de este foro internacional, con lo que dejaría de participar en los programas y actividades de la OEA.
"No es automático, en caso de suspensión de la OEA, se necesitan condiciones", manifestó Urrejola.
Andrés González, exembajador de Colombia ante la OEA, explicó a medios internacionales que todos los requisitos están dados para la apertura del proceso a la aplicación de la Carta Democrática.
"La Carta Democrática lo que pretende es que en nuestro continente se preserven los valores fundamentales de la democracia, la separación de los poderes, pero en especial la garantía y el respeto de los derechos humanos", dijo el exdiplomático.
Por su parte, el exembajador costarricense ante la OEA, Edgar Udalge, afirmó a medios costarricenses que las implicaciones de la activación de este mecanismo son medidas drásticas, que conllevan a la suspensión de créditos por parte de organismos internacionales.
A partir del primero de enero de 2019, el Estado de El Salvador asumirá la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, en sustitución de Costa Rica.
El gobierno de Nicaragua rechazó durante una sesiòn de la OEA, el jueves, que el Estado haya cometido crìmenes de lesa humanidad, como lo indica un informe del GIEI; también expresó se negativa a la conformación de un Grupo de Trabajo y acusó a varios países de cometer actos de injerencismo.
Almagro, en tanto, declaró que aplicar la Carta Democrática no representa ninguna injerencia, pues todos los Estados miembros de la OEA la firmaron en 2001 y respaldaron su aplicación en 2009 en Honduras, cuando se dio un golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
