Por: Revistaeyn.com
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, dispuso cambios al frente de tres instituciones públicas en una decisión que el Ejecutivo atribuye a sus evaluaciones de gestión.
Los relevos, anunciados el viernes 30 de octubre, afectan a la Secretaría de Educación, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).
La explicación gubernamental sitúa el cumplimiento de metas, los tiempos de ejecución y los resultados como criterios para determinar la continuidad de los funcionarios.
Sin embargo, las autoridades no detallaron los incumplimientos específicos ni las calificaciones individuales que sustentaron cada salida. Esa diferencia entre el criterio general y las razones particulares concentra parte de las demandas de transparencia expresadas tras el anuncio.
Quiénes salen y qué explicó el Gobierno
El secretario de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, informó en una conferencia de prensa en Casa Presidencial la remoción de Arely Argueta, titular de Educación; Emilio Maldonado, responsable del IHTT, y Allan Castillo, al frente del IHMA.
La televisión estatal confirmó que las decisiones forman parte de las evaluaciones periódicas por resultados de la administración.
Por su parte, el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, explicó que Asfura aceptó las renuncias de los tres funcionarios. Según sus declaraciones, todos los integrantes del Gobierno están sometidos a una revisión permanente de su desempeño. Al momento de ese anuncio no se habían comunicado los nombres de los sustitutos.
Castro también señaló que las decisiones buscan adecuar los equipos a las prioridades institucionales. De acuerdo con La Prensa, aclaró que ninguno de los tres funcionarios había sido señalado por actos de corrupción y estimó que los reemplazos podrían anunciarse entre el lunes 2 y el martes 3 de noviembre, sujetos a la decisión presidencial.
Un semáforo de desempeño y la posibilidad de más ajustes
La narrativa oficial vincula los cambios con un sistema de gestión por resultados. Castro explicó que el Ejecutivo utiliza un semáforo: verde para las metas cumplidas, amarillo para los objetivos en proceso y rojo para los incumplimientos o rezagos.
Consultado sobre la calificación de los funcionarios separados, mencionó la posibilidad de desempeños que hubieran pasado de amarillo a rojo, sin precisar la evaluación individual de cada uno. También advirtió que los movimientos podrían continuar: “No quiere decir que no puedan seguir otros movimientos dentro del gabinete”. El cierre del período fiscal será otro momento de revisión de los compromisos gubernamentales.
Los relevos tienen antecedentes. El 12 de agosto, Asfura separó a José Augusto Argueta de la Secretaría de Comunicaciones y Estrategia. Entonces, Castro explicó que se buscaba reforzar la comunicación gubernamental con un perfil de mayor experiencia en esa función. Esa salida corresponde a una decisión anterior a los tres cambios anunciados ahora.
Empresarios: respaldo a los relevos y demanda de continuidad
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el directivo Daniel Fortín respaldó la facultad del presidente de sustituir a quienes considere que no están ofreciendo los resultados esperados. También planteó que las decisiones deben servir para acelerar el trabajo del resto de los responsables institucionales.
Fortín amplió el reclamo hacia la profesionalización del servicio público: pidió una carrera basada en la meritocracia y cuestionó que la rotación de personal en cada período presidencial impida consolidar procesos. Asimismo, abogó por un plan de país que trascienda los gobiernos y por una comunicación más clara sobre las acciones y objetivos de la administración.
Analistas piden metas públicas y razones específicas
El analista Kenneth Madrid coincidió en que evaluar y sustituir funcionarios es una atribución presidencial, pero sostuvo que los relevos deben traducirse en mejores servicios.
Propuso que Asfura presente durante noviembre metas de corto, mediano y largo plazo para que la ciudadanía pueda medir los avances, y reclamó nombramientos sustentados en capacidad, méritos y ausencia de conflictos de interés.
Las reacciones recogidas sitúan así dos exigencias junto a la decisión presidencial: conocer qué resultados se esperan de cada institución y contar con información para evaluar su cumplimiento. Los próximos nombramientos y la revisión prevista al cierre fiscal serán las siguientes referencias para contrastar el propósito de mejora anunciado por el Ejecutivo con los avances de la gestión.
Con información de La Prensa, Proceso Digital y Agencias.
