Por: Revistaeyn.com - Agencias
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión tras la acusación presentada por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El caso, impulsado por el Departamento de Justicia estadounidense, incluye señalamientos sobre posibles conexiones con el Cártel de Sinaloa y operaciones ilícitas de carácter transnacional. La causa se encuentra en etapa inicial y deberá avanzar en tribunales estadounidenses conforme al debido proceso.
En este contexto, la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Ronald Johnson, emitió un posicionamiento oficial en el que subrayó que "las investigaciones seguirán su curso bajo el marco legal vigente". El diplomático remarcó que el combate a la corrupción y al crimen organizado forma parte de las prioridades compartidas entre ambos países, aunque evitó pronunciarse sobre detalles específicos del expediente.
El pronunciamiento no logró contener la reacción del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “desafortunadas” las declaraciones del embajador y advirtió que ningún representante diplomático debe asumir una “actitud injerencista” en asuntos internos del país.
Sheinbaum enfatizó que México busca mantener una relación de colaboración con Estados Unidos, pero basada en el respeto mutuo y la soberanía. “México debe ser respetado por todas las naciones”, afirmó, en un endurecimiento del tono frente a Washington.
La escalada se produce luego de que el embajador difundiera en redes sociales referencias a “cargos penales” contra el gobernador y otros funcionarios, en un mensaje centrado en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Mientras tanto, autoridades mexicanas indicaron que se iniciará una revisión para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones formuladas por Estados Unidos y evaluar posibles acciones dentro del marco legal nacional.
El caso introduce un nuevo factor de fricción en una relación bilateral ya compleja, donde la cooperación en seguridad —particularmente en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas— constituye uno de los pilares centrales.
La evolución del proceso judicial en Estados Unidos y la respuesta institucional en México serán determinantes para medir el impacto de este episodio, que combina implicancias legales con una creciente sensibilidad política y diplomática entre ambos países.
