La demanda interpuesta por el diputado costarricense Antonio álvarez Desanti contra el Estado panameño -a través de Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, S.A. (Decsa)- asciende a US$100 millones, en reclamo de tierras en Bocas del Toro, compradas en cuestionados procesos de prescripción adquisitiva, informa el diario panameño La Prensa.
La compra de estas fincas es hoy investigada por las autoridades.
El político compró dos fincas, en 2010, fuera de los límites del humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.
La acción de álvarez Desanti se produjo un mes después de que el Juzgado Primero de Circuito Penal de Bocas del Toro abriera causa criminal contra el exalcalde del distrito de Kusapín y otras personas por la venta supuestamente irregular de tierras protegidas.
En la demanda -interpuesta el 13 de marzo pasado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial- Decsa exige que se mantenga la ubicación de dos de cuatro fincas que posee en el humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.
Este humedal es el quinto de importancia internacional que tiene Panamá, y en él álvarez Desanti quiere construir un hotel de lujo.
Decsa adquirió las fincas luego de que varias personas las reclamaran como suyas.
álvarez Desanti aseguró que pagó varios millones de dólares a una abogada que había "prometido", a través de un contrato de compraventa, entregarle esas tierras costeras.
