Por agencias
Ortega, el líder sandinista de 71 años que retornó al poder el 10 de enero de 2007, fue reelegido nuevamente en los comicios del 6 de noviembre y se convertirá en el primer jefe de Estado de Nicaragua con cuatro mandatos en sus espaldas, ahora con su mujer, la influyente primera dama Rosario Murillo, como su vicepresidenta.
La nueva victoria ha sido cuestionada por la ausencia del principal bloque opositor en los comicios, de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), así como por la baja afluencia de votantes.
Varios sectores consideran que el mandatario no sólo quiere instaurar un régimen de partido único en el país, sino una nueva dinastía, 37 años después de que se derrocara otra, la de la familia Somoza (1937-1979), contra la que Ortega luchó.
El gobernante volverá a contar a partir del 10 enero próximo, por otros cinco años, con el respaldo de una mayoría absoluta en el Congreso, y una alianza con el sector privado y sindicatos que le ha permitido afianzar el crecimiento económico de su país.
Nicaragua, el segundo país más empobrecido de América Latina, sólo superado por Haití, comenzará sin embargo el 2017 con una caída gradual de la cooperación venezolana, la millonaria ayuda que el Gobierno de Ortega maneja al margen del presupuesto nacional.
Además, con el reto de sortear las sanciones financieras promovidas en Estados Unidos, que buscan impedir desembolsos a Nicaragua, si no brinda espacios a la democracia.
El proyecto de ley, aprobado por unanimidad en septiembre por la Cámara de Representantes, cuyos promotores fueron reelegidos, tiene como fin hacer que la Administración estadounidense se oponga a la concesión de préstamos al Gobierno de Managua, de 250 millones de dólares a 300 millones de dólares anuales, exceptuando los destinados a satisfacer las necesidades básicas humanas.
Esa decisión provocó un acercamiento a fines de año del Gobierno de Ortega con la OEA para establecer un mecanismo de negociación que permita elevar la credibilidad de los procesos electorales a partir del próximo quinquenio, facilitando inclusive la sucesión presidencial en el 2021, y así evitar esa sanción, valoró el analista Arturo Cruz.
El 2016 también estuvo marcado por las protestas lideradas por campesinos del sur nicaragüense que se oponen a la construcción de un canal interoceánico, un proyecto de 50.000 millones de dólares y que generaría 50.000 empleos directos, según el Gobierno. De acuerdo al diseño más reciente, el proyecto consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho, e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos.
El canal estaría operativo, según los cálculos de la compañía china HKND Group, cinco años después del inicio de las obras más importantes, es decir la excavación del canal y la construcción de la esclusa oeste, cuyo comienzo está previsto para este mes.
Hay una creciente ola de protestas contra la obra por parte de campesinos que habitan sobre la ruta canalera, que no están dispuestos a ceder sus tierras; organismos de defensa de la naturaleza y políticos opositores al Gobierno.
El movimiento de campesinos ha realizado más de 80 marchas contra la construcción del canal y, de acuerdo con una de sus dirigentes, Francisca Ramírez, continuarán con las protestas 'hasta las últimas consecuencias'.
Según la concesionaria china, la ruta seleccionada para el canal asegura que no más de 6.800 familias (27.000 personas) sean reubicadas.
