Por: EFE
La medida anunciada por el gobierno de los Estados Unidos impedirá la entrada al país de los productos fabricados por las compañías sancionadas al presumirse que están vinculadas al trabajo forzoso en la región china de Xinjiang.
Con esta ampliación, que entrará en vigor el próximo 3 de agosto, la lista pasará a incluir 187 entidades, un incremento del 30% y la mayor expansión desde la creación del mecanismo.
Según el DHS, las empresas incorporadas operan en sectores como el aluminio, la confección, el cobre, el algodón y el procesamiento de tomates, y habrían obtenido materiales de Xinjiang o participado en programas de traslado y contratación de uigures, kazajos, kirguises y otros grupos perseguidos.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Gobierno de Donald Trump impedirá que los productos de estas compañías ingresen al mercado estadounidense para evitar que los trabajadores del país compitan con bienes elaborados mediante "mano de obra esclava".
El DHS señaló además que, desde la entrada en vigor de la UFLPA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha bloqueado más de 24.300 envíos valorados en cerca de US$1.000 millones.
La decisión se enmarca en la estrategia comercial de la Administración de Donald Trump para mantener vigentes sus aranceles globales con un nuevo mecanismo legal basado en el trabajo forzado.
Una semana atrás, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) impuso aranceles adicionales del 10% a productos de 14 economías y del 12,5% a mercancías de otras 46, al considerar que esos países no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso entren en sus mercados.
La propuesta, que afecta a un total de 60 economías —entre ellas China, la Unión Europea, México, Canadá, Japón, India y Ecuador—, busca complementar la aplicación de la UFLPA y otras medidas dirigidas a excluir de las cadenas de suministro estadounidenses productos vinculados a abusos laborales.
Washington sostiene que estas prácticas perjudican tanto a los derechos humanos como a la competitividad de los trabajadores y fabricantes estadounidenses.
Ante la medida adoptada por la Casa Blanca, China acusó este sábado a Estados Unidos de "apartarse gravemente" del consenso alcanzado por ambos países para mantener estables sus relaciones económicas y comerciales.
El Ministerio de Comercio chino destacó hoy en un comunicado que la decisión estadounidense fue anunciada apenas un día después de la videoconferencia mantenida entre el vice primer ministro He Lifeng, principal negociador comercial de Pekín, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, en la que ambas partes mantuvieron un intercambio "franco, profundo y constructivo" sobre la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Según el ministerio chino, las restricciones estadounidenses "carecen totalmente de base fáctica" y constituyen un acto de "coerción económica" al amparo de la legislación estadounidense, además de perjudicar los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas y de socavar la estabilidad de las cadenas globales de suministro.
Pekín reiteró asimismo que "no existe el llamado trabajo forzoso en Xinjiang", instó a Washington a dejar de "difamar" a la región y de "reprimir injustificadamente" a las empresas chinas, y aseguró que adoptará las "medidas necesarias" para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus compañías.
