Por La Prensa (Panamá)
La constructora española Sacyr inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, de conformidad con las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), versión de 1976, confirmó a este diario la ministra encargada de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
La Cnudmi es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el derecho mercantil internacional y entre sus funciones está la resolución de controversias.
Sacyr considera que el Gobierno de Panamá ha violado el acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones suscrito entre el istmo y España.
A través de Grupo Unidos por el Canal, la constructora mantiene una enconada disputa con la Autoridad del Canal de Panamá por supuestos sobrecostos en la ampliación de la vía acuática. Esta nueva acción legal, que por el momento no tiene cuantía determinada, encuentra su origen en las diferencias por la obra, pero se dirige contra el Estado.
Panamá contrata firma para arbitraje iniciado por Sacyr
El Gobierno de Panamá contrató a la firma forense estadounidense Foley Hoag para que represente a la República en el arbitraje iniciado por la constructora española Sacyr en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
El pasado 3 de agosto, la compañía notificó a las autoridades panameñas del inicio del proceso.
La ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, confirmó a este diario que el Gobierno contestó dentro del término.
Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, la Cnudmi tiene el mandato de modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional y es el principal órgano jurídico de Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional.
La constructora española reclama en esta instancia el supuesto incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Panamá y el Reino de España, que es Ley de la República.
La empresa no pide por el momento una cuantía específica, "se ha limitado a expresar que la misma surgirá en el desarrollo del proceso", apuntó la titular del Economía y Finanzas.
Sacyr abre así otro frente en la disputa legal por el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal, integrado por Sacyr, la italiana Salini - Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, ejecutó la emblemática obra tras ganar en 2009 el contrato con una propuesta económica de $3,118 millones.
No obstante, el consorcio presentó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reclamaciones por una suma adicional que supera los $5,500 millones.
Todos ellos están en las instancias de arbitraje establecidas en el contrato firmado entre Grupo Unidos por el Canal y la ACP.
Durante la ejecución de la obra, el consorcio quiso llegar a un acuerdo para que se le reconocieran parte de los sobrecostos, pero la ACP se negó a salir de la ruta establecida en el contrato.
La tensión llegó a tal nivel, que las constructoras detuvieron temporalmente los trabajos a comienzos de 2014.
El inicio de operaciones del tercer juego de esclusas en junio de 2016 no disipó las diferencias entre el consorcio y la ACP, en un conflicto que ahora se extiende al Estado panameño.
La constructora española Sacyr inició un proceso de arbitraje contra la República de Panamá, de conformidad con las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), versión de 1976, confirmó a este diario la ministra encargada de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla.
La Cnudmi es el principal órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el derecho mercantil internacional y entre sus funciones está la resolución de controversias.
Sacyr considera que el Gobierno de Panamá ha violado el acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones suscrito entre el istmo y España.
A través de Grupo Unidos por el Canal, la constructora mantiene una enconada disputa con la Autoridad del Canal de Panamá por supuestos sobrecostos en la ampliación de la vía acuática. Esta nueva acción legal, que por el momento no tiene cuantía determinada, encuentra su origen en las diferencias por la obra, pero se dirige contra el Estado.
Panamá contrata firma para arbitraje iniciado por Sacyr
El Gobierno de Panamá contrató a la firma forense estadounidense Foley Hoag para que represente a la República en el arbitraje iniciado por la constructora española Sacyr en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).
El pasado 3 de agosto, la compañía notificó a las autoridades panameñas del inicio del proceso.
La ministra de Economía y Finanzas encargada, Eyda Varela de Chinchilla, confirmó a este diario que el Gobierno contestó dentro del término.
Establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, la Cnudmi tiene el mandato de modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional y es el principal órgano jurídico de Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional.
La constructora española reclama en esta instancia el supuesto incumplimiento del Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República de Panamá y el Reino de España, que es Ley de la República.
La empresa no pide por el momento una cuantía específica, "se ha limitado a expresar que la misma surgirá en el desarrollo del proceso", apuntó la titular del Economía y Finanzas.
Sacyr abre así otro frente en la disputa legal por el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
El consorcio Grupo Unidos por el Canal, integrado por Sacyr, la italiana Salini - Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana, ejecutó la emblemática obra tras ganar en 2009 el contrato con una propuesta económica de $3,118 millones.
No obstante, el consorcio presentó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) reclamaciones por una suma adicional que supera los $5,500 millones.
Todos ellos están en las instancias de arbitraje establecidas en el contrato firmado entre Grupo Unidos por el Canal y la ACP.
Durante la ejecución de la obra, el consorcio quiso llegar a un acuerdo para que se le reconocieran parte de los sobrecostos, pero la ACP se negó a salir de la ruta establecida en el contrato.
La tensión llegó a tal nivel, que las constructoras detuvieron temporalmente los trabajos a comienzos de 2014.
El inicio de operaciones del tercer juego de esclusas en junio de 2016 no disipó las diferencias entre el consorcio y la ACP, en un conflicto que ahora se extiende al Estado panameño.
