Por: Revistaeyn.com
Estados Unidos comenzó a escalar públicamente su ofensiva contra el contrabando de combustibles ligado a carteles mexicanos del narcotráfico, en un movimiento que amenaza con abrir un nuevo foco de tensión bilateral con México y aumentar el escrutinio sobre las cadenas energéticas transfronterizas.
La presión política se aceleró luego de que la agencia Reuters publicara este 27 de mayo una extensa investigación basada en documentos de seguridad, registros aduaneros y fuentes oficiales que detallan un presunto esquema de “huachicol fiscal” (así denominan en México al contrabando de combustible irregular sin declaración impositiva acorde) vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas de México y designada por Washington como organización terrorista extranjera en 2025.
La investigación coloca en el centro del caso a Ikon Midstream, una empresa comercializadora de petróleo con sede en Houston que actualmente es investigada en México por presuntos vínculos con operaciones de contrabando de combustible. La compañía también fue objeto de un allanamiento realizado en abril por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que confirmó la existencia de una investigación criminal en curso.
Ikon Midstream negó reiteradamente haber cometido irregularidades y sostuvo que no proporcionó apoyo material al CJNG. La empresa afirmó además que cualquier inconsistencia detectada en documentos de exportación respondió a “errores administrativos”.
Sin embargo, la investigación de Reuters expuso una operatoria sofisticada que involucra cargamentos de diésel y nafta enviados desde Estados Unidos y Canadá hacia México, donde el combustible habría ingresado declarado como “lubricante” para evitar el pago de impuestos.
Según la documentación revisada por la agencia, parte de esos envíos fue transportada a bordo de los buques Torm Agnes y Torm Louise, y descargada posteriormente en los puertos mexicanos de Ensenada y Guaymas mediante camiones cisterna presuntamente vinculados a una red operada por el CJNG.
El mecanismo es conocido en México como “huachicol fiscal” y se convirtió en uno de los negocios ilícitos de mayor crecimiento para los carteles. A diferencia del robo tradicional de combustible desde ductos de Pemex, esta modalidad combina operaciones de comercio internacional, evasión tributaria, empresas fachada y manipulación aduanera.
La clave del esquema radica en la clasificación de los cargamentos. De acuerdo con Reuters, documentos de exportación presentados ante la aduana estadounidense identificaban como lubricantes productos que, según la propia documentación comercial y registros marítimos, eran diésel y nafta. La diferencia es crucial: los lubricantes están exentos del elevado impuesto que México aplica a la importación de combustibles.
Reuters estimó que solo uno de los cargamentos investigados habría permitido evadir alrededor de US$7 millones en impuestos.
La dimensión del caso comenzó a modificar también la discusión política en Washington. Este mismo miércoles, los senadores estadounidenses John Cornyn, republicano por Texas, y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, presentaron una iniciativa bipartidista para reforzar la ofensiva contra el robo y contrabando de combustibles por parte de organizaciones criminales mexicanas.
El proyecto, denominado “Stop Fueling Cartel Violence Act”, busca obligar al Departamento de Defensa a informar al Congreso sobre las acciones desplegadas para combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos en la frontera y el uso de herramientas de inteligencia, vigilancia y monitoreo para rastrear estas operaciones.
Los legisladores sostienen que el negocio del combustible robado se transformó en una de las principales fuentes de financiamiento para los carteles mexicanos y advirtieron que las ganancias derivadas del huachicol alimentan otras actividades criminales, incluido el narcotráfico y la trata de personas.
“El robo de combustible en México se ha convertido en la principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico para los cárteles”, afirmó Rosen al presentar la iniciativa.
El proyecto también refleja una creciente preocupación en Washington respecto de la sofisticación alcanzada por estas redes criminales. Según el texto impulsado por los senadores, las organizaciones utilizan empresas fachada, operadores logísticos, transportistas y estructuras de lavado de dinero para mover cargamentos de petróleo crudo, gasolina y diésel entre ambos lados de la frontera.
La investigación de Reuters apunta precisamente en esa dirección. La agencia identificó empresas mexicanas sin presencia física verificable, sin sitios web y sin registros públicos visibles que habrían actuado como importadoras de combustible para operaciones vinculadas a Ikon Midstream.
Entre ellas aparecen Intanza y Azteca Cone, compañías bajo investigación en México y señaladas en documentos oficiales como presuntas piezas de una red asociada al CJNG. Reuters indicó además que ambas empresas perdieron sus autorizaciones para importar productos a México tras ser suspendidas por la autoridad tributaria mexicana.
El caso adquiere una sensibilidad especial porque involucra no solo a actores criminales, sino también a operadores del comercio energético norteamericano. Reuters reportó que parte del combustible exportado hacia México provenía de cargamentos asociados a Imperial Oil —controlada mayoritariamente por Exxon Mobil—, aunque no existen acusaciones contra la petrolera.
La situación abre interrogantes crecientes sobre los riesgos regulatorios y de compliance para traders, navieras, importadores y compañías vinculadas al negocio energético regional, especialmente después de que Estados Unidos ampliara sus herramientas legales tras catalogar al CJNG y otros carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Expertos legales citados por Reuters señalaron que esa clasificación incrementa significativamente la presión sobre las empresas para verificar a sus clientes y evitar posibles vínculos con estructuras criminales sancionadas.
Mientras tanto, el gobierno mexicano enfrenta una presión creciente para contener un negocio ilícito que ya no solo representa un problema fiscal o de seguridad interna, sino también un asunto estratégico para Washington.
La preocupación en Estados Unidos ya no se limita al tráfico de drogas. El combustible ilegal comenzó a ser visto como otra fuente clave de financiamiento criminal con impacto directo sobre la seguridad fronteriza, el comercio regional y la estabilidad energética norteamericana.
