Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
Mientras los tomadores de decisión siguen de cerca los movimientos milimétricos que Washington y Teherán deciden sobre Ormuz y cómo ellos van impactando sobre la economía global, en Latinoamérica se están registrando jugadas de alto impacto, originadas en la Casa Blanca.
Esta semana, el hito fue el lanzamiento de la nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que la Administración Trump desplegó en detalle, con mensajes implícitos para México, en momentos en los que acaba de reclamar la extradición del gobernador de estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico, entre otros crímenes.
En esencia, lo que presentó Washington no es solo una nueva estrategia antidrogas. Es, fundamentalmente, un cambio de lenguaje. Y en política —sobre todo en política de seguridad— cambiar el lenguaje es cambiar las reglas.
Al clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y al equiparar el fentanilo con una amenaza propia de armas de destrucción masiva, la administración de Donald Trump desplaza el problema fuera del terreno tradicional de combate al crimen organizado y lo instala en el núcleo de la seguridad nacional.
Ese movimiento es decisivo. Cuando algo entra en la lógica de seguridad nacional en Estados Unidos, también cambia el tipo de herramientas de combate disponibles, el nivel de tolerancia al riesgo y la disposición a actuar más allá de sus fronteras.
Al final, el mensaje al gobierno mexicano no es tan sutil: el fentanilo deja de ser un flujo ilegal que se intenta "contener" (como ocurre desde hace décadas con la cocaína) y pasa a ser un enemigo que se busca "desarticular".
De perseguir delitos a desmantelar sistemas
Durante años, la estrategia antidrogas estadounidense se movió en una lógica reactiva: interceptar cargamentos, capturar líderes, infiltrarse en las organizaciones criminales, reforzar la frontera. Sobran las series de ficción que reflejan estas dinámicas.
El nuevo plan rompe con ese esquema. La clave está en el enfoque: ya no se trata de frenar el producto final, sino de desarmar —en origen— toda la arquitectura que lo hace posible.
Eso incluye a los laboratorios donde se produce el fentanilo, las rutas logísticas que lo transportan, las redes financieras que lo sostienen. Y, de forma cada vez más explícita, las empresas que —voluntaria o involuntariamente— forman parte de esa cadena.
Pero, hay algo más que es determinante: también incluye a los padrinos políticos y las cadenas institucionales (alcaldes, diputados, fuerzas de seguridad) que se involucraron en el negocio para favorecer su desarrollo sin ser combatido, beneficiándose de sus ingresos para sostener campañas políticas y engrosar patrimonios personales de figuras públicas.
El salto conceptual es exponencial: el narcotráfico deja de ser visto como una suma de delitos y pasa a ser entendido como un sistema económico-político transnacional. Y los sistemas no se combaten solo con policía. Se intervienen.
México: socio incómodo, nodo inevitable
En ese rediseño, México aparece en una posición tan central como incómoda. No es una novedad que Washington identifique al país como eje de producción y tránsito del fentanilo. Lo que sí cambia es el tono y, sobre todo, el tipo de exigencia.
El nuevo marco introduce el capítulo de "los resultados medibles": decomisos, extradiciones, desmantelamiento de laboratorios, persecución de redes. Ya no basta con la cooperación declarativa; lo que se espera son evidencias concretas de control territorial y acción estatal.
Ahí es donde la presión escala y comienza a tocar a las puertas del sistema político. Porque el plan, como se dijo antes, no solo apunta a los cárteles. Deja entrever que, en su hipótesis, parte del problema no es solo la capacidad del Estado mexicano, sino su disposición —o sus límites— para enfrentarlo.
Sin disimulos, Washington instala una pregunta que empieza a erosionar la relación bilateral:¿México puede —o quiere— hacer lo suficiente? Por lo pronto, Trump ya anticipó la respuesta en las últimas horas: "Si ellos no hacen el trabajo, lo haremos nosotros", advirtió.
Empresas bajo la lupa
Donde el plan adquiere un filo particularmente disruptivo es en su extensión hacia el sector privado.
La estrategia rompe una frontera que durante años se mantuvo relativamente clara: la que separaba el combate al crimen de la operación empresarial. A partir de ahora, esa línea se vuelve difusa.
Estados Unidos advierte que cualquier actor que facilite la cadena del fentanilo —desde una empresa logística hasta un intermediario financiero— puede ser objeto de sanciones severas. No solo por complicidad directa, sino también por fallas en control, trazabilidad o supervisión.
Esto reconfigura el riesgo. Para las empresas que operan en México o interactúan con su cadena productiva, el desafío deja de ser únicamente regulatorio y pasa a ser estratégico. No se trata solo de cumplir normas locales, sino de anticipar estándares de seguridad definidos en Washington. En ese nuevo contexto, el compliance ya no es un requisito técnico. Es una condición de supervivencia en el sistema financiero global.
A diferencia de otros países bajo presión estadounidense, México está profundamente integrado a la economía de su vecino del norte. Las cadenas de suministro, el comercio bilateral y la dinámica fronteriza hacen que cualquier movimiento brusco tenga costos en ambos lados. Por eso, con estas decisiones de EE.UU. comienza a emerger una relación atravesada por incertidumbre y presión creciente.
Más que una estrategia antidrogas
Lo que se conoció esta semana de parte de la Casa Blanca no es solo una nueva estrategia con la que Estados Unidos busca combatir el ingreso de fentanilo.
Lo expuesto por Trump se asocia más a una redefinición de las capacidades que se adjudican para que el país pueda intervenir —legal, financiera y políticamente— sobre redes que operan más allá de sus fronteras.
Venezuela fue una suerte de laboratorio. México podría ser el primer escenario donde ese nuevo marco se ponga a prueba efectivamente.
Pero el alcance es mayor. Porque cuando una economía, una cadena logística o un sistema financiero entran en la órbita de la seguridad nacional estadounidense, dejan de ser únicamente espacios de negocio. Pasan a ser, también, espacios de control. Y ese es, en el fondo, el verdadero y controvertido giro.
