Por: Revistaeyn.com
La ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entorno político y de seguridad del gobierno de Sinaloa acaba de dar un nuevo salto.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante la gestión de Rubén Rocha Moya, fue detenido en Europa y aceptó entregarse de inmediato a autoridades estadounidenses para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, según reportes de medios mexicanos y fuentes de seguridad norteamericanas.
El exfuncionario habría sido localizado en Irlanda, donde tomó conocimiento formal de la acusación que pesaba en su contra. A partir de allí, y según las versiones que circulan en medios mexicanos, acordó su entrega y fue trasladado posteriormente a Nueva York, donde enfrentará el proceso judicial abierto por el Tribunal del Distrito Sur.
El caso marca un nuevo punto de inflexión porque Díaz Vega aparece dentro del grupo de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por la Justicia estadounidense de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar operaciones de Los Chapitos desde estructuras estatales.
La acusación norteamericana sostiene que el exsecretario de Finanzas no cumplía únicamente funciones administrativas dentro del gobierno estatal. Según el expediente, habría actuado como enlace político y operativo entre el entorno de Rubén Rocha Moya y la estructura criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Uno de los puntos más delicados del expediente judicial sostiene que, antes de las elecciones estatales de 2021, Díaz Vega habría participado en reuniones con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar para entregar información sobre adversarios políticos de Rocha Moya. El objetivo, según la acusación, era intimidar a competidores electorales y asegurar condiciones favorables para la consolidación política del actual mandatario sinaloense.
El documento judicial estadounidense también afirma que Díaz Vega y otros funcionarios colocaron perfiles afines en posiciones estratégicas del gobierno estatal para proteger las operaciones del cartel y facilitar el flujo de información sensible hacia Los Chapitos.
La dimensión política del caso empieza a escalar rápidamente
La acusación de parte de la Justicia de EE.UU. ya no se limita a presuntos actos de corrupción policial o protección aislada al narcotráfico.
Lo que describen los fiscales estadounidenses es un esquema de colaboración estructural entre integrantes del gobierno estatal y una de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio.
Según la investigación, esa relación se habría extendido desde las campañas electorales hasta la operación cotidiana del aparato estatal, configurando una estructura de protección institucional para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
En paralelo, comenzaron a emerger datos sobre los movimientos financieros y patrimoniales del exfuncionario.
Reportes periodísticos en Sinaloa señalaron que Díaz Vega incrementó significativamente su patrimonio durante su paso por el gobierno estatal. Investigaciones locales documentaron la compra de propiedades y vehículos de alta gama al contado entre 2021 y 2023, mientras su empresa inmobiliaria registraba un fuerte crecimiento.
El exsecretario había dejado el cargo en febrero de 2024 argumentando motivos personales y un supuesto regreso a sus actividades empresariales. Sin embargo, con el paso de los meses, su nombre comenzó a aparecer cada vez con más frecuencia en expedientes vinculados a la investigación federal estadounidense.
En las últimas horas también trascendió que Díaz Vega intentó negociar previamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador. Según versiones difundidas por medios mexicanos, abogados del exfuncionario habrían buscado acercamientos con fiscales federales, aunque inicialmente la propuesta habría sido rechazada.
Aun así, el hecho de que finalmente aceptara entregarse mantiene abierta la posibilidad de futuras negociaciones judiciales.
Y eso es precisamente lo que empieza a generar máxima tensión política en México.
Porque cada funcionario que entra bajo custodia federal estadounidense se convierte potencialmente en una fuente de información sensible sobre el funcionamiento interno de la estructura política sinaloense y sus presuntos nexos con el narcotráfico.
La caída de Díaz Vega se produce apenas horas después de que otro integrante del círculo cercano de Rocha Moya terminara bajo control de autoridades estadounidenses.
El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó días atrás en la garita de Nogales, Arizona, y actualmente permanece detenido en Brooklyn, Nueva York. Estados Unidos lo acusa de recibir más de 100.000 dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de proteger laboratorios de drogas, evitar detenciones y filtrar información sobre operativos antidrogas.
Con dos exfuncionarios ya bajo custodia y procesados en Nueva York, la investigación estadounidense empieza a avanzar desde las sospechas hacia un terreno mucho más delicado para el poder político mexicano: el de las posibles declaraciones, acuerdos judiciales y cooperación interna de quienes hasta hace poco integraban el núcleo de poder en Sinaloa.
