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Suspenderán un millón de líneas celulares en Guatemala

Operadoras desconectarán líneas prepago no reportadas. Los usuarios tienen hasta el 8 de octubre para registrar líneas móviles.

2016-10-03

Por: prensalibre.com

Alrededor de un millón de teléfonos celulares activos que funcionan bajo el sistema prepago o tarjeteros corren el riesgo de ser suspendidos por las compañías prestadoras de servicio el sábado 8 de octubre, cuando ocurra "el apagón" por el cumplimiento de la Ley.

Los usuarios tienen hasta el viernes 7 para registrar la línea prepago con su nombre y número de documento de identificación personal (DPI), para mantener vigente el número actual.

Esa es la fecha que estableció el decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, que ordena la creación de los Registros de Comercializadores y Usuarios.

De lo contrario, el usuario que no realizó la gestión ante su respectiva compañía será desactivado del sistema y podrá recuperar su línea solo si hace la gestión de reconocimiento.

Hasta el jueves 29 de septiembre había un cómputo preliminar de entre 900.000 y un millón de abonados que no habían realizado el proceso de inscripción de su línea con los operadores, que equivale al 10% del mercado prepago.

El boletín estadístico de la Telefonía en Guatemala del 2015 indica que en el país hay 18.1 millones de líneas celulares, de los cuales 17,2 millones, el 95%, son tarjeteros.

Con la modalidad de crédito o pospago hay registradas 925. 336 líneas, y esas no necesitan efectuar la inscripción.

Interrupción

El usuario que no haga la gestión le será suspendido el servicio; es decir, no podrá hacer ni recibir llamadas de voz, mensajes y otros insumos ligados con la tenencia de la línea.

Eso sí, podrán recuperar su terminal al quedar suspendido el servicio, al hacer la gestión. El número de terminal asignado no se dará de baja -eliminará- del sistema, sino que únicamente quedará suspendido para que el cliente pueda llevar a cabo el trámite, si quiere recuperar el servicio.

El sistema es una herramienta para la prevención de fraudes, así como para el combate de delitos como extorsión, amenazas vía telefónica, secuestros y otros relacionados con la delincuencia organizada.

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