Por: Norma Lezcano – Revistaeyn.com
Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia en diciembre de 2018, prometió una ruptura simbólica y estratégica con la política de confrontación directa contra los cárteles que caracterizó a sus antecesores.
Su lema —“abrazos, no balazos”— sintetizaba una visión: atacar las causas sociales del delito antes que profundizar la militarización.
El enfoque, respaldado por el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018–2024, planteaba inversión social, programas de empleo juvenil y una reorientación del uso de la fuerza.
Sin embargo, análisis como el del Center for Strategic and International Studies (CSIS) advirtieron desde temprano que el lema no estuvo acompañado de una arquitectura institucional alternativa robusta en materia de inteligencia civil, fortalecimiento policial local y procuración de justicia.
La retórica era clara. La estrategia operativa, menos.
A seis años del inicio del sexenio, el saldo en materia de violencia siguió siendo elevado. De acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México registró más de 33.000 homicidios en 2024, con una tasa superior a la del año previo. Aunque hubo fluctuaciones y descensos puntuales en ciertos periodos, el país no experimentó una reducción estructural sostenida.
Más aún, el fenómeno criminal se transformó. Analistas y organismos internacionales observaron que, junto al homicidio, crecieron otras dinámicas: desapariciones, extorsión, dominio regional de economías locales y captura institucional de gobiernos estatales y municipales.
La política no eliminó la violencia; la contuvo parcialmente en ciertos espacios, pero permitió que evolucionara hacia formas más complejas y menos visibles.
CJNG y la reconfiguración del equilibrio criminal
Durante el sexenio de López Obrador, el CJNG consolidó su expansión territorial y su diversificación operativa. Lejos de desaparecer, el Cártel de Sinaloa —aun con Joaquín “El Chapo” Guzmán capturado— siguió activo, mientras que el CJNG emergió como el actor más dinámico en términos de implantación regional y penetración de estructuras locales.
La expansión del CJNG no puede atribuirse de manera concluyente a una connivencia con el poder político. Hasta el momento, el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa desmintiendo que EE.UU. haya solicitado investigar o extraditar a algún funcionario o exfuncionario mexicano por vínculos con el narcotráfico.
Sin embargo, la ausencia de una ofensiva sistemática por parte de la administración AMLO contra su estructura financiera y territorial facilitó su crecimiento.
Según datos de la DEA consignados por el sitio especializado Insight Crime, la fortuna de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, ascendería al menos a US$500 millones y podría superar los US$1.000 millones. Ese poder económico refleja el diagnóstico de la DEA: el CJNG es probablemente la organización criminal más grande de México, al equiparar la capacidad de distribución de narcóticos —especialmente fentanilo— del Cártel de Sinaloa en territorio estadounidense.
Este fortalecimiento financiero y territorial alimenta una segunda hipótesis para explicar la lógica de los “abrazos”: el cálculo político y el temor a repetir episodios como el “Culiacanazo” de 2019, cuando la captura de Ovidio Guzmán (hijo del Chapo) derivó en una jornada de violencia que terminó con su liberación bajo el argumento oficial de “salvar vidas”.
Según algunos analistas, esa experiencia generó en el gobierno de AMLO una aversión al riesgo operativo que benefició indirectamente a organizaciones con alta capacidad de respuesta violenta. Existen también señalamientos políticos —no probados judicialmente— que sugieren que esa “supuesta aversión al riesgo” (o disimulo intencional por parte del gobierno) permitió al partido oficial de MORENA pasar de tener dos a 21 gobernaturas, beneficiadas con financiamiento irregular.
El factor externo: fentanilo y la presión de Washington
El punto de inflexión geopolítico fue el fentanilo. Bajo el liderazgo del CJNG —y también de otras estructuras— México se convirtió en el principal punto de producción y tránsito del opioide sintético que ha generado una crisis sanitaria en Estados Unidos.
En 2025, Washington elevó el umbral político al designar a varios cárteles mexicanos, incluido el CJNG, como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y como entidades terroristas globales especialmente designadas (SDGT). Esto amplió las herramientas de persecución financiera y endureció la narrativa bilateral.
Para la Casa Blanca, el problema dejó de ser exclusivamente de seguridad pública y pasó a enmarcarse en la seguridad nacional.
En ese contexto, México enfrenta no solo una crisis interna, sino también un desafío de soberanía. Cuanto mayor sea la presión estadounidense, mayor será la tensión entre cooperación bilateral y percepción de intervención.
Sheinbaum y el viraje inevitable
Claudia Sheinbaum heredó un escenario complejo: violencia persistente, estructuras criminales territorialmente arraigadas y una relación con Washington marcada por el fentanilo.
Sus primeras señales indican un distanciamiento retórico del lema “abrazos, no balazos”, aunque sin abandonar por completo la narrativa social. La diferencia clave es el énfasis en inteligencia, coordinación federal y operativos focalizados.
La muerte del líder del CJNG marca un punto de quiebre simbólico. No significa el fin del grupo, pero sí demuestra una disposición a asumir mayores costos operativos.
El dilema, sin embargo, permanece: ¿puede México restaurar control territorial sin escalar hacia una confrontación abierta de alto impacto político? Y, en el extremo, ¿cómo evitar que sectores en EE.UU. presionen por acciones unilaterales bajo el paraguas de la lucha antiterrorista?
Impacto sobre Centroamérica
Para Centroamérica, esto no es un debate académico. México es el principal corredor logístico y comercial hacia Estados Unidos. Cualquier escalada de violencia, desequilibro financiero o tensión diplomática impacta comercio, cadenas de suministro, inversión y estabilidad regional.
Si México entra en una fase de confrontación intensiva bajo presión estadounidense, Centroamérica sentirá el efecto en rutas, flujos migratorios, remesas, turismo y cooperación en seguridad.
A esta altura, el intento de “abrazos, no balazos” ya pertenece al pasado. La cuestión ahora es si el nuevo —y aún incierto— enfoque de Sheinbaum podrá reconstruir capacidad institucional en todo el territorio nacional sin desencadenar una espiral geopolítica mayor.
Y esa respuesta no se jugará solo en México, sino en la relación estratégica entre Ciudad de México y Washington —con toda la región observando de cerca.
