Por revistaeyn.com
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció el cierre temporal de sus oficinas y la suspensión de proyectos financiados desde el exterior, en una decisión que la gremial atribuye a la entrada en vigencia de la llamada Ley de Agentes Extranjeros.
En un comunicado publicado desde su cuenta oficial en X, la organización informó que en los últimos 90 días ha “suspendido, liquidado y cerrado” iniciativas financiadas con recursos internacionales y que, ante el nuevo marco legal, han optado por cesar la ejecución de esos programas.
La APES explicó que, por precaución y por los efectos directos de la normativa, han cerrado sus instalaciones “hasta nuevo aviso”. Pese a ello, la asociación subrayó que mantendrá activas algunas funciones esenciales: continuará prestando “servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa” y seguirá defendiendo los derechos a la libertad de expresión y de prensa de los y las colegas salvadoreñas.
El comunicado busca dejar claro que, aunque las actividades programáticas y el trabajo con fondos externos se ven interrumpidos, la vocación de defensa gremial y de acompañamiento a periodistas agredidos se mantiene.
En el texto difundido, la APES también señala dificultades administrativas: afirma que lleva un año intentando obtener las credenciales de la junta directiva en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación, un trámite que, según la organización, no ha prosperado.
Frente a lo que califica como un “cierre deliberado del espacio cívico”, la gremial reafirma su derecho a la organización y anuncia que continuará insistiendo en los mecanismos legales y administrativos para mantener su personería y funcionamiento.
La decisión de la APES se enmarca en un contexto legislativo y político marcado por críticas de organizaciones locales e internacionales a la Ley de Agentes Extranjeros, que obliga a entidades que reciban financiamiento externo a inscribirse y cumplir nuevas obligaciones fiscales y administrativas.
Para periodistas y asociaciones del país, la nueva regulación representa un cambio estructural que, en la práctica, ha forzado la reconfiguración de proyectos, la devolución o cierre de convenios y, en casos como el de la APES, el cierre temporal de oficinas.
