POR EFE
La decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá de aprobar un fondo para jubilarse con el 100 % del salario ha sido calificada como inconstitucional por expertos panameños, en medio de duras críticas y una creciente indignación en un país que atraviesa problemas fiscales debido al elevado gasto público.
La resolución aprobada por el Supremo "ha causado exacerbación en el pueblo panameño. Es abiertamente inconstitucional. Yo sé que los magistrados de la Corte Suprema están claros en eso", afirmó este lunes a la prensa el experto constitucionalista y diputado de la bancada opositora, Ernesto Cedeño.
El llamado "Fondo Complementario para retiro de magistrados y jueces, es una jubilación especial, tanto es así, que uno de los considerando (...) te dice que otrora existía la jubilación especial para el Poder Judicial, que estaba en el código judicial, que fue superado por una ley" aprobada en 1997 sobre pensiones en el sector público, explicó.
Los expertos hablan de inconstitucionalidad por varias razones, una de ellas, citada por Cedeño, es que solo a través de una ley aprobada por el Parlamento se pueden establecer las pensiones, por lo que la resolución de los magistrados carece de sustento jurídico.
Para Cedeño, agrava la situación el hecho de que esta resolución es aprobada cuando Panamá padece una crisis de empleo y muchos "no tienen ni cable para comer", y mientras el Ejecutivo del presidente José Raúl Mulino argumenta que ha debido presentar un presupuesto para 2026 históricamente alto, de más casi 35.000 millones de dólares, debido a los compromisos de pago de la deuda pública y de las jubilaciones especiales.
La medida de los magistrados trae "un efecto cascada", como ya lo tuvo el aumento a 14.000 dólares mensuales (de 10.000 dólares) que también se aprobaron meses atrás y que al ya se han equiparado los magistrados del Tribunal Electoral. Todo eso se paga con fondos públicos, lo que es "aberrante" en palabras de Cedeño.
La directora del capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), Olga de Obaldía, criticó en su cuenta de X que los políticos en Panamá creen "castas que viven del Estado", y alertó que la resolución sobre las jubilaciones de los magistrados "pone en riesgo la democracia, fomenta polarización (...) crea inestabilidad social y abre la puerta al autoritarismo".
Una medida producto de la cuestionada reforma a las pensiones
Según la información difundida por los medios locales, el acuerdo que establece la jubilación con el 100 % del salario para magistrados y jueces de la CSJ fue aprobado por el pleno de nueve magistrados el 18 de julio de 2024 y publicado en la gaceta oficial el pasado 8 de agosto.
"Estos magistrados tenían este acuerdo hace un año. Ellos estaban esperando a ver qué pasaba" con la reforma de la Ley del Seguro Social, aprobada meses atrás en medio de una gran controversia y un paro que afectó gravemente a la educación pública, dijo a EFE el economista y catedrático panameño, Felipe Argote.
Argumentó que, erróneamente, en la cuestionada reforma de las pensiones "no se tocó las jubilaciones especiales" que tienen varios gremios, como la Policía, los bomberos o los maestros del sector público, lo que abrió espacios para decisiones como la de los magistrados del Supremo.
Estos jueces han calculado "que les va a tocar" una jubilación igual "al 30 % del salario, no importa lo que diga el director de la Caja del Seguro Social", y actuaron para "salvarse" sacando la resolución que les garantiza una con el 100 %, dijo Argote.
"Luego serán los diputados (los que se aprueben jubilaciones del 100 %), tenlo por seguro, y luego serán los ministros y los sindicatos", agregó.
El que la gran mayoría de las pensiones serán de "miseria" e iguales a solo 30 % del salario es uno de los argumentos de quienes se oponen a la reforma de la Ley de la CSS, una afirmación que es rechazada por su director, Dino Mon, que habla de niveles del 60 % o más.
