Por Agencia EFE
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que planea que el Estado conforme una asociación con los nuevos operadores de dos puertos situados a la entrada del Canal, que son gestionados por una filial de la hongkonesa CK Hutchison -que intenta venderlos- mediante un contrato ley que ha sido demandado ante el Supremo panameño por inconstitucional.
Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) son operados desde hace más de 25 años por Panama Ports Company (PPC), y el conglomerado hongkonés intenta ceder la concesión, como parte de la venta global de más de 40 puertos por cerca de US$23.000 millones, a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que ha sido frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos.
"No veo en este momento ni la subsistencia de ese contrato de Panama Ports, enmendado o no, ni la creación de un nuevo contrato-ley", declaró Mulino, tras señalar que la "idea" de su Administración es que se conforme una "asociación con el Estado, en función de un esquema que ya se verá, por la sencilla razón de que es mejor así".
El Estado panameño "tiene facultad en este tipo de temas de establecer asociaciones y es lo que procuraremos hacer en la medida de lo posible, y así se lo hemos transmitido a muchos de los jugadores importantes que tienen mucho interés en esto, y es natural, son dos puertos en el Canal de Panamá que no es poca cosa", agregó el jefe de Estado durante su conferencia de prensa semanal.
En medio del accidentado traspaso de la concesión de PPC al consorcio conformado por BlackRock, Terminal Investment Limited (TiL), el brazo portuario de la gigante Mediterranean Shipping Company (MSC) y Global Infrastructure Partners, han aparecido otros interesados en participar en la transacción global, como la gigante naviera china Cosco, o la francesa CMA CGM, según reportes de la prensa especializada.
Mulino señaló que un tema es el proceso de cesión de los puertos por parte de CK Hutchison, "que está paralizado por lo que sabemos", y otro son las demandas contra el contrato ley de la concesión: "no tiene nada que ver una cosa con la otra", aseveró.
PPC maneja Balboa y Cristóbal, dos de los cinco puertos entorno al Canal, desde 1997, cuando se le otorgó una concesión por 25 años que se prorrogó en 2021 por igual período en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones consideradas desfavorables para el Estado panameño, que posee el 10 % de las acciones en la empresa.
La Contraloría General demandó ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional el contrato-ley con PPC y también pidió la nulidad de la prórroga del mismo porque no se siguieron los trámites de rigor, como anunció el contralor general, Anel Flores.
En enero pasado, la Contraloría inició una "auditoría financiera y de cumplimiento" a Panama Ports Company, que le ha dado "muy poco rédito" a la República de Panamá a lo largo de su operación de los puertos, como dijo entonces Flores, que acababa de asumir el cargo.
"La demanda del contralor, que yo apoyo plenamente, tiene mucha justificación. Todos hemos visto lo qué no hemos ganado con eso (...) Ese contrato, cuando fue renovado por 25 años más, no lo refrendó el contralor. Y arrancó. Eso es lo que se está demandando en la Corte, la nulidad del mismo porque no fue refrendado", dijo Mulino.
El contralor ha denunciado que el de PPC es un "contrato leonino, donde malos panameños permitieron que más de US$1.300 millones no entraran a las arcas nacionales" mediante cambios aprobados al convenio.
La Corte Suprema "tiene ahora la decisión en sus manos respecto de lo que ha planteado el señor contralor con mucho fundamento en su demanda, esperaremos ese veredicto", afirmó Mulino.
