Por: Revistaeyn.com
El gas se convirtió en una nueva pieza crítica dentro de la creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia. El presidente Donald Trump promulgó un amplio paquete de sanciones destinado a recortar los ingresos energéticos con los que Moscú financia la guerra en Ucrania, una medida que multiplica la presión sobre Vladimir Putin, pero también amenaza con elevar el costo de la energía en Europa cuando se aproxima el invierno boreal.
La denominada Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026 penaliza a funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa, además de perseguir a la “flota en la sombra” utilizada para mantener en movimiento el petróleo y el gas sometidos a restricciones occidentales.
La norma también concede a Trump una herramienta de alcance global: la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100 % a países que continúen comprando petróleo o gas ruso.
Los gravámenes no se aplicarán automáticamente. El Ejecutivo estadounidense podrá decidir cuándo y contra qué países utilizarlos, una facultad que coloca especialmente bajo presión a China e India, dos de los mayores compradores de energía rusa.
El mensaje de Washington es que ya no será suficiente con sancionar al vendedor. La estrategia pretende elevar también el costo para quienes compran, transportan, aseguran, financian o facilitan la circulación de los combustibles rusos.
El talón de Aquiles de Putin
Los hidrocarburos continúan siendo una de las principales fuentes de divisas para Rusia y una pieza fundamental de su capacidad para financiar la guerra en Ucrania.
Las medidas estadounidenses alcanzan a grandes empresas energéticas, bancos y embarcaciones utilizadas para evadir restricciones. La legislación obliga además a revisar la situación de buques especializados que transportan gas natural licuado desde la península rusa de Yamal.
Este punto resulta especialmente sensible. Yamal LNG representa más del 60 % de las exportaciones rusas de gas natural licuado, de acuerdo con datos recopilados por organizaciones que vigilan el cumplimiento de las sanciones.
Sus operaciones dependen de una flota reducida de buques metaneros rompehielos, diseñados específicamente para navegar por las aguas del Ártico. Sancionar esas embarcaciones, restringir su acceso a puertos o impedir que obtengan seguros y servicios financieros podría dificultar seriamente la salida del gas ruso hacia los mercados internacionales.
Durante el primer semestre de 2026, los puertos europeos recibieron 136 de los 140 cargamentos despachados por Yamal LNG, valorados en unos 5.960 millones de euros, según datos citados por The Kyiv Independent.
Cortar esa ruta afectaría directamente los ingresos del Kremlin, pero también retiraría del mercado una cantidad relevante de gas en un momento de elevada tensión energética.
El efecto bumerán sobre Europa
Europa redujo drásticamente su dependencia de Rusia desde la invasión de Ucrania en 2022. La participación del gas ruso en la demanda de la Unión Europea cayó desde casi el 40 % en 2021 hasta aproximadamente el 10 % en 2025.
Sin embargo, la ruptura está lejos de completarse.
El gas ruso todavía representó cerca del 13 % de las importaciones de la UE en 2025, por un valor superior a los 15.000 millones de euros. Aunque las entregas por gasoductos cayeron casi un 90 % entre 2021 y 2025, las compras europeas de gas natural licuado ruso aumentaron más de un 40 % durante ese período.
La vulnerabilidad tampoco se distribuye de manera uniforme. Europa occidental ha eliminado buena parte del gas ruso transportado por tuberías, mientras que algunos países de Europa central y oriental todavía obtienen de Rusia alrededor del 20% de su demanda.
La Unión Europea acordó prohibir completamente las importaciones de GNL ruso desde el 1 de enero de 2027 y las compras por gasoducto durante el otoño de ese año. Pero las sanciones estadounidenses podrían acelerar el corte antes de que todos los países hayan asegurado suministros alternativos.
La Agencia Internacional de Energía calcula que la salida del gas ruso reducirá en unos 33.000 millones de metros cúbicos anuales el suministro disponible para la Unión Europea entre 2025 y 2028.
Una parte podrá reemplazarse con eficiencia energética, electrificación y mayores compras de GNL a Estados Unidos, África y otros proveedores. Pero persisten limitaciones en terminales, interconexiones y contratos de largo plazo, especialmente en el centro y este del continente.
Gas y electricidad bajo presión
El riesgo inmediato no es necesariamente que Europa se quede sin gas, sino que deba pagarlo mucho más caro.
El precio de referencia europeo TTF se aproxima a los 86 euros por megavatio hora, mientras que los futuros para el invierno han aumentado más de un 60 % desde agosto, según cifras de Selectra recogidas por el medio El Español.
La presión llega, además, en un escenario particularmente adverso. Las tensiones en Medio Oriente han complicado los flujos de GNL desde el golfo Pérsico y el petróleo Brent ha superado nuevamente la barrera de los US$100 por barril.
Europa dispone ahora de más proveedores e infraestructura que durante la crisis energética de 2022, pero también depende mucho más del mercado mundial de GNL. Esa diversificación reduce el poder directo de Rusia, aunque expone al continente a la competencia internacional por los cargamentos disponibles.
El gas también influye sobre el precio de la electricidad porque las centrales de ciclo combinado suelen entrar en funcionamiento cuando la energía solar, eólica o nuclear no resulta suficiente para cubrir la demanda.
Una restricción adicional del suministro ruso podría trasladarse, por tanto, desde las terminales gasíferas hacia las facturas de hogares y empresas.
Trump amplía el tablero
La nueva legislación convierte la energía rusa en un instrumento de presión no solo contra Putin, sino también frente a terceros países.
Trump podrá amenazar con aranceles a los grandes compradores de hidrocarburos rusos y utilizar posibles exenciones como herramienta de negociación con China, India y otros socios de Moscú. Legisladores demócratas advirtieron que esa facultad podría emplearse incluso contra aliados de Estados Unidos.
La maniobra presenta una lógica estratégica: reducir la demanda, dificultar el transporte y cerrar los circuitos financieros que permiten a Rusia monetizar sus recursos naturales. Pero su ejecución también puede retirar petróleo y gas del mercado, elevar los precios internacionales y aumentar los ingresos que Moscú obtiene por cada cargamento que consigue vender.
Ese es el dilema central. Si las sanciones son demasiado débiles, Putin conserva su capacidad financiera. Si son demasiado eficaces o se aplican abruptamente, Europa y la economía mundial pueden afrontar una nueva oleada inflacionaria. El gas vuelve así al centro de la guerra económica.
Con información de EFE, AP, El Español, Agencia Internacional de Energía, Consejo de la Unión Europea y The Kyiv Independent.
