Por revistaeyn.com
Una nueva actualización por parte de Fitch Ratings para El Salvador.
Este 30 de abril, la entidad afirmó la calificación de incumplimiento emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera de El Salvador en 'B-' con una perspectiva de calificación estable.
"La calificación 'B-' de El Salvador está respaldada por una reducción en las necesidades de financiamiento y el alivio de las restricciones de financiamiento y las anclas de política en el marco de un programa del FMI", apunta Fitch, en su publicación.
La calificación también está respaldada por una inflación más baja y un PIB per cápita más alto que sus pares, "pero se ve limitada por un crecimiento moderado, altos niveles de deuda y cargas de interés, y el canje de deuda relacionado con las pensiones en 2023", agrega.
Fitch señaló que el déficit fiscal del sector público no financiero se redujo a 4.4% del PIB en 2024 y prevé una disminución continua hasta 2.1% en 2026. La consolidación fiscal será impulsada por recortes en el gasto y mejoras en la recaudación tributaria, medidas que se enmarcan en el presupuesto 2025 y en los compromisos con el FMI.
Advierte que la deuda del sector público no financiero alcanzó el 87.2% del PIB en 2024 y se proyecta que se mantenga elevada, llegando al 87.8% en 2025. Aunque se espera una disminución gradual impulsada por superávits primarios, el nivel sigue siendo significativamente más alto que la mediana de países con calificación similar (‘B’), que es del 52.1%.
Fitch también expresó preocupación por la elevada carga de intereses, que representó un 17.2% de los ingresos del gobierno en 2024, uno de los factores que limita una mejora en la calificación.
Entre los factores que podrían llevar a una rebaja de la calificación están un deterioro fiscal que incremente las necesidades de financiamiento o una caída significativa en la liquidez externa y reiteró sus preocupaciones respecto a la gobernanza en El Salvador, manteniendo puntuaciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) de 5 en indicadores clave como estabilidad política, calidad institucional y control de la corrupción.
