POR EFE
Representantes de más de un centenar de víctimas de un millonario desfalco de una cooperativa de ahorro en El Salvador pidieron este lunes una audiencia con delegados del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para incluir su caso como "indicador de cumplimiento" para desembolso de préstamo.
"Hemos venido al BID a pedir una audiencia, ojalá nos la puedan dar, y plantearle al Banco que pueda incluir el caso como un indicador de cumplimiento para el desembolso de 500 millones de dólares que ya fueron aprobados", dijo a periodistas José Ortiz, vocero de las personas afectadas.
Se trata de un fondo de por 500 millones de dólares para El Salvador como apoyo presupuestario mientras impulsa medidas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según informó el BID en un comunicado la entidad multisectorial.
Ortiz señaló que también buscarán presentar su caso ante embajadas e instituciones financieras internacionales "en virtud de que prácticamente el Estado salvadoreño nos ha cerrado las puertas".
Añadió que en junio próximo enviarán una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar exponer su caso y la forma en que el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas (NI), "está involucrado en este lamentable caso".
A inicios de mayo de 2024, la Fiscalía General de El Salvador informó sobre el inicio de una investigación contra empleados y directivos de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (Cosavi) por el desfalco de aproximadamente 35 millones de dólares de sus usuarios.
De acuerdo con un informe de la organización Acción Ciudadana, el partido Nuevas Ideas de Bukele habría recibido al menos una donación por 60.000 dólares en 2020 por parte de Cosavi para financiamiento político.
Además, el 3 de septiembre del año pasado, la Asamblea Legislativa de ese país, con amplia mayoría de NI, se negó a conocer una propuesta para la creación de un fideicomiso para apoyar a las víctimas del millonario desfalco.
El exgerente de la cooperativa, Manuel Coto, quien era investigado por el supuesto desfalco de 35 millones de dólares, murió el 8 de septiembre de 2024 junto con otras ocho personas tras estrellarse el helicóptero donde era trasladado de Honduras a El Salvador para que enfrentara a la Justicia.
