Por Diario El Mundo
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) decidió por unanimidad ordenar juicio civil, por indicios de enriquecimiento ilícito, contra élmer Charláix Urquilla, quien fue secretario privado del expresidente Antonio Saca durante el periodo presidencial 2004-2009.
La orden fue enviada a la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, la misma instancia que procesa el caso de supuesto enriquecimiento ilícito contra el expresidente Saca.
El caso de Charlaix se suma a otras investigaciones sobre entriquecimiento ilícito que incluye a los expresidentes Saca, Francisco Flores (ambos mandatarios bajo el partido ARENA) y Mauricio Funes (FMLN), a los que se suman casos adicionales contra diputados y presidentes de autónomas.
De acuerdo al informe evaluado por la CSJ, de la Sección de Probidad, el exsecretario no logró justificar el origen de US$18.767.445 que ingresaron a sus cuentas personales. Inicialmente, Probidad le cuestionó al exfuncionario el origen de $19.109,60 movilizados en sus cuentas bancarias pero, según Probidad, el exsecretario logró justificar el origen de US$356,018.48, luego de nueva documentación presentada.
Un total de US$15.56.249, según el informe, son depósitos que el exfuncionario hizo con cheques a nombre de Elías Antonio Saca González, que según la información de la CSJ proceden de una cuenta denominada "Institucional subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia de la República". Las siguientes cantidades movilizadas son menores, pero tampoco tienen un origen justificado de acuerdo al informe evaluado.
El exsecretario privado, de acuerdo a la CSJ, alegó que manejaba gastos reservados y secretos de la Presidencia y que se encuentra impedido para revelar destinos o uso.
El informe indica que, si se restan los gastos de sus ingresos, el resultado es negativo de US$246,076.37, durante el ejercicio de sus funciones públicas. Sin embargo, Probidad indica que, al verificar los reportes bancarios al cese de funciones Charláix "tenía ahorrado en cuentas bancarias y depósitos a plazo fijo una cantidad total de $145,851.10". También menciona un resultado negativo de US$61,843.95 y un ahorro de US$60,471.29 en las cuentas de su cónyuge.
También, se señala que un préstamo adquirido el 30 de junio de 1998 por US$220.185,50 fue cancelado el 30 de noviembre de 2006 y no fue reportado en la declaración de toma de posesión, del 1 de junio de 2004, que a esa fecha tenía un saldo de US$120.719,16. La CSJ indica que el exfuncionario hizo pagos por $100,000 de los cuales se desconoce su origen. Menciona también compra de vehículos por $92.000 sin registro de retiros.
En un inicio, el informe señalaba un aumento patrimonial de US$271.388 pero se señala que el 13 de julio de 2009, el declarante presentó información para subsanar observaciones y se dio "cumplimiento total". El 8 de enero de 2016, Probidad de la CSJ pidió información, de enero de 2004 a enero de 2016, a bancos, registros e instituciones.
De acuerdo al exsecretario élmer Charláix, además de ser nombrado secretario privado de la Presidencia de la República en el periodo 2004-2009, también fue "designado colaborador del presidente para el manejo de los gastos reservados y secretos". Alegó, según información de la CSJ, que se encontraba imposibilitado por mandato constitucional y legal para "dar detalles específicos o revelar información relativa al destino o uso que se le dieron a esos fondos".
Según el informe, aseguró que esta designación implicaba "actividades relativas a la inteligencia del Estado". Para probarlo, según el informe, anexó copia del acuerdo de Designado y Reglamento Interno de funcionamiento para manejo, control y fiscalización de los fondos públicos, gastos reservados y secretos de la Presidencia. Según la información se destinaba a "actividades de inteligencia, clasificación, manejo y protección de la información y deber de guardar secretos de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos".
Sin embargo, algunos de los destinos señalados por Probidad, de información bancaria, fueron el partido político ARENA, empresas de publicidad y personas naturales.
