Por: Revistaeyn.com
La Justicia del estado de Florida, en Estados Unidos, emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996 y que dejó cuatro muertos.
La medida fue anunciada este lunes 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien informó que las autoridades estatales obtuvieron una orden de captura por el delito de conspiración para cometer asesinato en primer grado.
La decisión representa un nuevo capítulo judicial de un caso que ha marcado durante tres décadas las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y que se reactiva en un momento de creciente confrontación entre ambos gobiernos.
Castro, quien presidió Cuba entre 2006 y 2018, ya había sido acusado formalmente en mayo de 2026 por la justicia federal estadounidense, también por su presunta participación en el ataque contra las aeronaves.
La nueva orden estatal se suma a ese procedimiento y amplía las acciones judiciales emprendidas en Estados Unidos por los acontecimientos del 24 de febrero de 1996.
¿De qué acusan a Raúl Castro?
La investigación se refiere al derribo de dos avionetas Cessna pertenecientes a Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami dedicada a localizar y asistir a ciudadanos cubanos que intentaban abandonar la isla por vía marítima.
Las aeronaves, que habían despegado del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, fueron interceptadas y destruidas por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana mediante misiles aire-aire.
El ataque dejó cuatro fallecidos: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Según las autoridades estadounidenses, las avionetas estaban desarmadas y se encontraban fuera de las aguas territoriales cubanas cuando fueron derribadas.
En aquel momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y era uno de los principales dirigentes del Gobierno encabezado por su hermano, Fidel Castro. La Fiscalía de Florida sostiene que el exmandatario participó en la cadena de mando que autorizó la operación militar.
De acuerdo con la declaración jurada presentada ante el tribunal, Castro habría sido uno de los responsables de adoptar la decisión final que permitió ejecutar el ataque.
Los investigadores también atribuyen al entonces dirigente militar instrucciones dirigidas a altos mandos cubanos para derribar las aeronaves.
La Fiscalía denuncia una operación de inteligencia cubana
El fiscal general James Uthmeier sostuvo que el derribo de las avionetas fue precedido por operaciones de inteligencia desarrolladas por agentes vinculados al Gobierno cubano en territorio estadounidense.
Según la investigación, integrantes de esas redes recopilaron información sobre las actividades de la organización humanitaria y la transmitieron a las autoridades de La Habana.
La Fiscalía considera que esos datos facilitaron la localización de las aeronaves posteriormente atacadas por los cazas cubanos.
Uthmeier afirmó que Florida mantendrá sus esfuerzos para determinar las responsabilidades penales por las cuatro muertes.
El caso también había avanzado en la jurisdicción federal en mayo pasado, cuando se formalizaron nuevas acusaciones contra el exmandatario. La existencia de procedimientos estatales y federales introduce dos vías judiciales distintas contra Castro.
Su eventual ejecución enfrenta importantes obstáculos prácticos y diplomáticos, especialmente porque el exmandatario permanece en Cuba, país con el que Estados Unidos mantiene relaciones profundamente deterioradas.
Cuba rechaza la ofensiva judicial estadounidense
La medida provocó el rechazo del Gobierno cubano. El presidente Miguel Díaz-Canel cuestionó la iniciativa judicial de Florida y la vinculó con la política de presión que mantiene Washington sobre la isla.
El mandatario consideró que el procedimiento responde a motivaciones políticas y rechazó los fundamentos de las acusaciones contra Castro.
La respuesta se produce mientras la Administración estadounidense del presidente Donald Trump intensifica las medidas contra el Gobierno cubano y mantiene una política de sanciones económicas que agrava las tensiones bilaterales.
La Habana denuncia que estas acciones forman parte de una estrategia destinada a debilitar al Gobierno y aumentar la presión sobre la economía del país.
La disputa llega a Naciones Unidas
La nueva ofensiva judicial coincide con otro frente de confrontación diplomática entre Washington y La Habana.
Este lunes, Cuba acusó a Estados Unidos de intentar instrumentalizar a Naciones Unidas mediante la organización de un acto dedicado a denunciar violaciones de derechos humanos en la isla. La actividad, convocada por el representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, reunió a disidentes cubanos y antiguos presos políticos.
El encuentro se celebró bajo el título "Cuba Libre: La opresión que La Habana oculta" y contó con la participación de representantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
El embajador cubano ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, criticó la iniciativa y sostuvo que Washington pretende utilizar la sede del organismo internacional para promover su política contra Cuba.
Con información de EFE y Associated Press.
