Por: EFE
Dos altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, incluido su director general, David Custodio Boteo, fueron destituidos este martes en medio de la crisis de seguridad que vive el país tras el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, el 17 de octubre.
La decisión de remover a la cúpula, que incluye también al subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, se adoptó por el Ministerio de Gobernación en rueda de prensa (Interior).
El titular de la cartera, Marco Antonio Villeda, había anunciado previamente que tras finalizar una investigación interna sobre el proceder de los agentes en el caso de Solórzano Foppa tomaría decisiones y que iban a "rodar cabezas".
El mismo día del crimen de Solórzano Foppa, la Policía capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz como supuestos responsables del asesinato del exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en unos campos deportivos de la capital.
La detención de los hermanos se dio después del ataque, pero posteriormente quedaron en libertad por una resolución de falta de mérito dictada por un juez, tras denunciar que los agentes les habían "plantado" un fusil que no correspondía con el utilizado en los hechos.
Debido a este procedimiento irregular, siete agentes de la institución, entre ellos un comisario y un inspector, se encuentran detenidos a la espera de su primera declaración ante el juez.
Según el Ministerio Público (Fiscalía), a los siete policías se les investiga por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
La defensa de los hermanos pide una indemnización
El caso del asesinato del exfiscal, quien había denunciado hechos de alto impacto en materia de seguridad, como la fuga de 20 reos líderes del Barrio 18 registrada el 12 de octubre, se encuentra bajo reserva judicial.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió públicamente el 19 de octubre a aclarar el "crimen horrible" y a castigar a los responsables, sin que hasta el momento se haya detenido a los autores materiales ni intelectuales.
Por su parte, el abogado de los hermanos Choc Toz, Karlos de León, ha exigido al mandatario una disculpa pública y una indemnización económica por los daños psicológicos causados por la detención irregular.
