Por: Revistaeyn.com
El precio de los combustibles dejó de ser una discusión limitada a las estaciones de servicio en Honduras.
Las nuevas alzas de esta semana reactivaron la presión del transporte, llevaron al Congreso Nacional a convocar una mesa de trabajo y pusieron sobre la mesa respuestas que van desde reducir impuestos hasta consumir menos.
El problema común a todas ellas es cómo aliviar a hogares y empresas sin trasladar al presupuesto público un costo que tampoco puede sostener indefinidamente.
Desde el lunes 28 de septiembre, el galón de gasolina súper cuesta L153,17 en Tegucigalpa, L4,87 más que la semana anterior. La gasolina regular subió a L135,26 y el diésel a L153,53 por galón.
En San Pedro Sula, el diésel llegó a L149,20. La importancia de este último precio va más allá del transporte: incide en el movimiento de mercancías y en los costos de producción y distribución.
El Gobierno ya interviene para amortiguar el golpe. La Secretaría de Energía elevó del 65% al 70% la proporción del aumento internacional que absorbe temporalmente para la gasolina regular y el diésel; ese porcentaje no significa que el Estado pague el 70% del precio final.
Aun con el apoyo, ambos combustibles volvieron a encarecerse esta semana.
La rebaja tributaria entra en discusión
Tras reunirse el lunes con representantes del transporte urbano e interurbano, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó que consultó a la Secretaría de Finanzas sobre la posibilidad de eliminar el impuesto aplicado a los combustibles.
El planteamiento será parte de una mesa técnica convocada para el miércoles 30 de septiembre, con participación de transportistas, importadores, distribuidores y autoridades de Finanzas, Energía y Transporte.
Hasta ahora se trata de una opción bajo análisis, no de una rebaja aprobada.
Los dirigentes del transporte buscan una reducción de sus costos de operación y han aceptado esperar el diálogo antes de suspender el servicio o convocar nuevos paros.
También plantearon al Congreso dificultades que preceden al alza actual, como el costo de los repuestos, las demoras en permisos y la inseguridad. Por separado, el Consejo Nacional de Transporte solicitó una reunión urgente al presidente Nasry Asfura.
La amplitud de las demandas muestra por qué una reducción en el precio del galón, aun si se acordara, resolvería solo una parte de la presión sobre el sector.
La dificultad fiscal es concreta. El tributo que se propone revisar, conocido como Aporte al Patrimonio Vial, recaudó L13.431,5 millones en 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas recogidas por La Prensa. Reducirlo daría alivio al comprador, pero disminuiría una fuente relevante de ingresos públicos.
El alcance y la duración de cualquier rebaja, así como la forma de compensar esa recaudación, tendrían que definirse antes de convertir la propuesta en política.
El margen para ampliar los subsidios también está bajo presión. En junio, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó que la ejecución del apoyo a combustibles ya había superado la asignación inicial de L680 millones para 2026 y que serían necesarias modificaciones presupuestarias.
En agosto, la viceministra Liliam Rivera situó el gasto acumulado por encima de L1.100 millones. Son antecedentes del costo fiscal de la medida, no una estimación actualizada de lo que supondrá elevar el apoyo al 70 %.
Ahorrar combustible, la respuesta que no requiere otro subsidio
Desde el sector empresarial también se pide reducir el consumo. Alberto Bográn, directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvo que los bloqueos de carreteras interrumpen la actividad económica y llamó a buscar propuestas y ahorrar combustible.
En ese mismo sentido, el empresario Juan Carlos Sikaffi, llamó a los hondureños a autorregular el consumo. “En lo que debemos enfocarnos es en el ahorro. No producimos petróleo y no creo que nunca lo vamos a producir; lo que hay que hacer es ahorrar combustible”, manifestó.
El argumento del ahorro empieza a traducirse en medidas de gestión: la Alcaldía del Distrito Central anunció horarios escalonados, teletrabajo para áreas administrativas y controles sobre el uso de vehículos oficiales hasta finales de año.
Reducir desplazamientos puede contener parte de la demanda y del gasto operativo, aunque su efecto no es igual para todos: un empleado administrativo puede trabajar a distancia; un transportista, un productor o un distribuidor necesita combustible para prestar su servicio.
Por eso, el debate que se abre en Honduras exige distinguir entre ahorro posible, alivio para las actividades más expuestas y recursos públicos disponibles.
La mesa del miércoles pondrá a prueba esa combinación. El país no controla el precio internacional de los derivados que importa, pero sí puede decidir cómo reparte su impacto. La pregunta es cuánto alivio puede financiar, durante cuánto tiempo y para quiénes, sin comprometer otras obligaciones del presupuesto.
